En un video subido a sus redes sociales, Flores aparece con un hueso en su mano y afirma que ha localizado los restos en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, la capital del Estado. “No está completo el cuerpo de mi hijo, faltan muchísimos restos que encontrar, pero solamente quiero saber que sea alguna prueba de ADN que me dé una confronta de que sí es mi hijo, que me dé una evidencia y trabajar este lugar lo más que se pueda. Me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer puede ser Marco Antonio”, dijo.

Flores, que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la lucha de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México, busca a sus dos hijos desde 2015. Ese año desapareció el primero de ellos, Alejandro Guadalupe, de entonces 21 años; iba hacia su trabajo en Los Mochis, Sinaloa, y fue interceptado por una camioneta que se lo llevó junto con varias personas más. Cuatro años después, a su hijo Marco Antonio se lo llevó también un comando armado, en Sonora.

En declaraciones a medios de comunicación, Flores ha dicho que gracias a una investigación que llevaba la Fiscalía General de la República (FGR), y a que ha reconocido las prendas que llevaba puestas su hijo Marco Antonio el día en que desapareció, es que tiene la certeza de que se trata de él.

En junio de 2024, la propia Flores fue reportada como desaparecida, tras presentar su libro Madre Buscadora. Crónica de la desesperación en el sur de Ciudad de México. La FGR reportó su hallazgo en Querétaro, a salvo, en un refugio al que había llegado tras sufrir un desmayo a causa de un ayuno prolongado. Un año antes, en abril de 2023, se activó también una ficha de búsqueda para encontrarla, después de que se descompusiera el vehículo en el que viajaba en el desierto de Sonora. En esa ocasión estuvo 19 horas incomunicada y fue localizada con vida.

Las alertas se han encendido ante la violencia con la que muchos grupos delincuenciales han arremetido en contra de los colectivos de búsqueda de desaparecidos en México. Flores ha señalado en varias ocasiones que el crimen organizado, a quienes acusa de ser responsables de la desaparición de sus dos hijos, “le ha puesto precio a su cabeza” por el activismo que ha llevado a cabo desde 2015.

Además, ha dicho que las amenazas por grupos delincuenciales se han extendido a otras madres. “Es lo que estamos sufriendo ahora, por luchar, por buscar a mis hijos, por buscar a mis desaparecidos ahora no solamente yo estoy sufriendo las amenazas, sino también parte de mi colectivo. Dicen que quien ande conmigo va a sufrir lo mismo que me pase a mí”, dijo en noviembre de 2022.

En 2023, Ceci Flores y el colectivo de madres buscadoras al que pertenece, así como la madre buscadora Delia Quiroa, del colectivo de Madres Buscadoras de Tamaulipas, pidieron directamente a varios carteles que les permitieran continuar con sus búsquedas. “Le pido a los jefes de los carteles que nos den permiso para encontrar a nuestros desaparecidos. No queremos justicia, lo único que queremos es encontrarlos y darles sepultura”, se escucha decir a Flores en un video que difundieron en redes sociales.

La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) informó que en la audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juez Oral Penal del Distrito 1 de Hermosillo resolvió conceder al imputado el resguardo en su propio domicilio.

A José Víctor “N” se le imputan los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, relacionados con su presunta participación en la desviación de recursos del presupuesto estatal durante los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020 y 2021, los cuales habrían sido destinados a la contratación de un esquema de beneficios múltiples con una empresa privada.

Durante la audiencia —realizada a solicitud de la defensa por quinta ocasión— el juez valoró dos dictámenes en materia de psicología y criminología y destacó que el plazo de la investigación complementaria ya había concluido, por lo que consideró que no subsiste el riesgo de que el imputado obstaculice el proceso.

Con base en ello, el juez determinó modificar la medida cautelar y otorgar el resguardo domiciliario, conforme a lo establecido en el Artículo 155, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No obstante, la Fiscalía precisó que el imputado continuará su proceso penal, ya que el cambio de medida cautelar no lo exime de la responsabilidad que se le atribuye. Asimismo, informó que interpondrá un recurso de apelación contra la decisión judicial que permitió la modificación de la medida cautelar.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia. En el mismo caso, su esposa, Andrea Fernanda, permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito, además de un procedimiento previo por peculado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que en septiembre obtuvo prisión preventiva justificada contra Andrea Fernanda, al acreditar su presunta participación en el manejo y ocultamiento de recursos desviados durante la gestión de su cónyuge en el CECOP.

Según la investigación, entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 se realizaron transferencias bancarias por más de 106 millones de pesos desde cuentas de Juan Alan hacia cuentas de su esposa, recursos que habrían sido utilizados para la compra de inmuebles y gastos personales. Las autoridades aseguraron cuentas bancarias y bienes relacionados con el caso.

De manera paralela, la Secretaría Anticorrupción mantiene abierta una investigación contra ocho funcionarios del CECOP por su presunta participación en un desvío adicional de 67 millones de pesos, detectado mediante transferencias irregulares a cuentas personales, informó la titular de la dependencia, María Dolores del Río Sánchez.

El expediente administrativo fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras la FGJES continúa con la investigación penal. Como medidas cautelares, cuatro funcionarios fueron suspendidos temporalmente, se les redujo el salario y se ordenó el embargo precautorio de un inmueble vinculado a uno de los investigados.

De acuerdo con la información difundida, ambos permanecen en el hospital no por recibir atención médica, sino porque no tienen un lugar a dónde acudir. Carecen de vivienda, pertenencias y de una red familiar que se haga responsable de su situación.

El caso fue dado a conocer por la ciudadana Ximena León, quien compartió la historia a través de redes sociales tras encontrarse con la pareja en las inmediaciones del nosocomio, donde pasan la mayor parte del día y las noches.

En su publicación, la internauta denunció que los adultos mayores fueron dejados a su suerte por su familia, calificando el hecho como una injusticia y haciendo un llamado a la empatía y responsabilidad hacia las personas de la tercera edad.

“Escribo esto con mi corazón en la mano desde las afueras del Hospital General de Guaymas donde están dos señores de la tercera edad abandonados por su propia familia. Me parece una injusticia y ojalá quien tuvo ese corazón diera la cara y nos explique por qué”, escribió.

Según la información compartida, la pareja vivía anteriormente con un hermano, quien presuntamente los desalojó de la vivienda sin permitirles llevar consigo sus pertenencias personales.

Actualmente, los adultos mayores duermen en la sala de espera del hospital Semeson (Servicios Médicos de Sonora), enfrentando condiciones adversas, principalmente durante las noches, debido a la falta de un espacio adecuado.

La pareja ha sido descrita como tranquila y respetuosa. Él presenta dificultades auditivas y ella permanece a su lado en todo momento. Ambos acuden a la iglesia cuando les es posible y permanecen en el hospital por motivos de seguridad.

Tras hacerse pública la situación, habitantes de Guaymas han comenzado a acercarse para ofrecer ayuda, preguntar por sus necesidades y difundir el caso con el objetivo de encontrar una solución.

Asimismo, se lanzó un llamado a la comunidad para brindar apoyo con artículos básicos, cobijas o incluso un espacio temporal donde puedan resguardarse, mientras se busca una alternativa digna que garantice su bienestar y protección.

Durante 2024 se contabilizaron 949 personas desaparecidas, mientras que en 2025 la cifra descendió a 790 casos, según el registro oficial.

Esta reducción, señalaron autoridades, coincide con una baja del 20.8% en los homicidios dolosos en la entidad, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Marco Antonio Paz Pellat, explicó que el fenómeno de las desapariciones forzadas en Sonora está relacionado con factores regionales, como el conflicto entre grupos criminales en Sinaloa y el hecho de que Sonora es una ruta estratégica para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el dirigente, en algunos casos las desapariciones podrían estar vinculadas al homicidio doloso, como parte de un cambio en el modus operandi de las bandas criminales.

“Creemos que va cambiando el modus operandi de estas bandas delictivas y es probable que, cuando cometen asesinatos, oculten los cuerpos para evitar que se reflejen en las cifras oficiales y se genere mayor presión institucional. Es una hipótesis, pero es un fenómeno relativamente nuevo que se ha observado desde hace aproximadamente un año y medio”, señaló.

Pese a la disminución reportada entre 2024 y 2025, el problema continúa siendo grave. Hasta el 16 de enero de 2026, en Sonora se tiene un registro de 6 mil 17 personas en calidad de desaparecidas.

Desde la perspectiva de los colectivos de búsqueda, la situación es distinta. La líder del colectivo Buscadoras por la Paz, Cecilia Delgado Grijalva, afirmó que las desapariciones no se han reducido, sino que, por el contrario, han aumentado.

Indicó que el colectivo recibe diariamente entre uno y tres reportes de nuevas desapariciones en la entidad, lo que refleja una realidad que, aseguró, no puede ocultarse.

“Es algo que se ve diario, y más nosotros que estamos en campo buscando. Sabemos que han aumentado las desapariciones y también los homicidios; no puedo decir que han bajado, están aumentando considerablemente”, expresó.

El contraste entre las cifras oficiales y la percepción de los colectivos vuelve a colocar el tema de las desapariciones en Sonora en el centro del debate público, así como la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, búsqueda y atención a las víctimas.

De acuerdo con información de la Policía Municipal, el menor fue ingresado a un hospital a las 03:30 horas, luego de ser localizado por un guardia de seguridad del campo agrícola, quien escuchó el llanto del bebé durante su recorrido de vigilancia nocturna. Al acercarse, el trabajador descubrió que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa negra de plástico, por lo que solicitó apoyo urgente para su traslado inmediato y atención médica.

Atención médica de urgencia

Posteriormente, alrededor de las 04:20 horas, elementos de la Policía Municipal acudieron al Hospital del Seguro Social, ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 Norte, en la colonia Centro, donde confirmaron que el bebé ya estaba siendo atendido por personal médico especializado.

El recién nacido, con 32 semanas de gestación, se reporta en estado delicado de salud, al presentar dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia, complicaciones que obligaron a mantenerlo bajo vigilancia médica permanente. Las autoridades sanitarias señalaron que su evolución será clave durante las próximas horas.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya iniciaron las investigaciones legales para determinar la identidad de la persona o personas responsables del abandono del menor, así como las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las corporaciones de seguridad reiteraron que se dará seguimiento puntual al caso, tanto en el ámbito penal como en el de protección a la infancia, con el objetivo de garantizar el interés superior del menor.

Consecuencias legales del abandono infantil

De acuerdo con el Artículo 272 del Código Penal del Estado, el abandono o maltrato de menores de edad y de personas que no pueden valerse por sí mismas constituye un delito grave, sancionado con penas que van desde un mes hasta 12 años de prisión.

La legislación contempla castigos por omisiones o agresiones, ya sean físicas, emocionales o psicológicas, cuando estas conductas son cometidas por quienes tienen la patria potestad o el deber legal de protección sobre niñas, niños o personas vulnerables.

Cuando el abandono se acompaña de violencia física, humillaciones, daño emocional o cualquier tipo de sufrimiento, el delito puede ser tipificado como maltrato infantil, con penas que alcanzan hasta los 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

El hallazgo del recién nacido en la Costa de Hermosillo vuelve a poner en el centro del debate la protección de la niñez, la responsabilidad legal de los cuidadores y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

En Sonora se mantiene bajo vigilancia epidemiológica el sarampión, luego de que la Secretaría de Salud estatal confirmara un acumulado de 113 casos registrados entre 2025 y 2026.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Sonora, Universo Ortiz Arballo explicó que, al último corte, se tienen 113 padecimientos, de los cuales 102 corresponden a contagios ya concluidos.

“Aunque la mayoría de los contagios ya no se consideran activos, el llamado a la población para atender las medidas preventivas, principalmente la vacunación, es con el fin de evitar mayores complicaciones”, externó.

Ante esa situación, el epidemiólogo manifestó que dichos brotes se presentaron principalmente en jornaleros agrícolas provenientes del estado de Chihuahua, con mayor impacto en municipios como Cajeme, Caborca y Altar, donde se concentran los campos agrícolas.

El funcionario detalló que los casos más recientes suman nueve y comenzaron a detectarse a partir de la semana epidemiológica 51 del año anterior, por lo que todos ellos se localizaron en el municipio de Caborca y corresponden al ingreso de jornaleros agrícolas provenientes del estado de Chiapas, lo que evidencia que la movilidad laboral continúa siendo un factor de riesgo para la reintroducción del virus.

Ortiz Arballo subrayó que esta situación no es exclusiva de Sonora, ya que ocurre en otros estados del país que reciben población jornalera migrante.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud reforzó las campañas de vacunación contra el sarampión, particularmente en comunidades vulnerables y zonas agrícolas, por lo que las brigadas médicas mantienen acciones intensivas de detección de casos, seguimiento de contactos y aplicación de tratamientos profilácticos.

Abundó que el llamado es a las madres y padres de familia ante la importancia de cumplir con el esquema universal de vacunación a los 12 meses de edad, los menores deben recibir la primera dosis de la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y a los 18 meses corresponde el refuerzo, el cual resulta clave para garantizar la inmunidad.

El director de Epidemiología insistió en que las familias revisen la cartilla de vacunación y acudan puntualmente a las unidades de salud, donde el personal indica las fechas de refuerzo.

Recordó que durante el año pasado se registró una defunción asociada al sarampión, ocurrida en una menor no vacunada y con desnutrición, lo que derivó en complicaciones graves como neumonía.

Durante la audiencia inicial, las autoridades confirmaron que entre los implicados se encuentran servidores públicos. Tras una audiencia que se extendió por 17 horas con 50 minutos, se formularon un total de nueve imputaciones por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además de uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

La diligencia, que había sido pospuesta desde el 24 de diciembre de 2025, se llevó a cabo desde las 9:30 horas del martes 13 de enero hasta las 03:20 horas del miércoles 14 de enero. En ella, el Ministerio Público presentó imputaciones diferenciadas contra ocho personas físicas y una persona moral, informó la Fgjes.

Tras el análisis del caso, el juez determinó imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada para la mayoría de los imputados, al considerar que cuentan con arraigo, acudieron voluntariamente a la audiencia, no representan un riesgo para las víctimas u ofendidos y no existe la posibilidad de que obstaculicen la investigación.

ÚLTIMA HORA

FGJES informa el resultado de la audiencia de imputación, con relación al siniestro ocurrido en establecimiento comercial de Hermosillo

Hermosillo, Sonora, 14 de enero de 2026.- Con relación a la audiencia donde comparecieron ocho individuos, así como la persona… pic.twitter.com/vCf2AB4PPS— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 14, 2026

Entre las medidas cautelares dictadas se encuentran la presentación periódica ante el juez o la autoridad que éste designe, la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir, sin autorización, del ámbito territorial que determine el órgano jurisdiccional.

No obstante, en el caso de José Luis N, representante legal de la persona moral, el juez ordenó la prisión preventiva justificada. Al imputado se le señala por presuntamente realizar trámites ante autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, así como por otras conductas omisivas que, en su calidad de representante legal, debió observar para evitar el resultado ocurrido.

Sin embargo, dicha medida no pudo ejecutarse debido a que el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente. Ante ello, la Fgjes informó que combatirá este recurso legal para que el señalado enfrente su proceso en prisión.

Posteriormente, la defensa de los imputados solicitó la ampliación del término constitucional por 144 horas, plazo en el que deberá resolverse su vinculación formal a proceso.

La Fiscalía también dio a conocer que existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ya ejecutadas, quienes deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero. Además, 12 personas ya judicializadas cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y se encuentran a la espera de ser citadas para la formulación de imputación, a las que se suman dos individuos que actualmente se encuentran evadidos de la justicia.

Ante este panorama, la Fgjes señaló que continuará realizando las acciones legales necesarias para llevar ante los tribunales tanto a quienes cuentan con amparo como a quienes se encuentran prófugos, con el objetivo de que respondan ante las víctimas.

Asimismo, se informó que desde el 24 de diciembre de 2025 se remitió un desglose del caso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue los posibles delitos de carácter federal que pudieran derivarse de estos hechos.

La próxima audiencia fue programada para el 19 de enero, fecha en la que el juez resolverá la vinculación a proceso de las personas ya imputadas.

Por su parte, Ricardo Ballesteros López, abogado representante de cuatro de las víctimas, indicó que no puede revelar los nombres de las personas involucradas; sin embargo, confirmó que entre los imputados se encuentran funcionarios públicos, personal de Protección Civil y personas directamente relacionadas con la empresa Waldo’s.

Finalmente, la Fgjes reiteró que continuará informando a través de sus canales oficiales conforme los tiempos procesales lo permitan.

El cuarto Festival del Globo de Hermosillo está por comenzar y, del 16 al 18 de enero, el Ayuntamiento de Hermosillo ofrecerá traslados gratuitos para que las familias puedan disfrutar de este evento, informó la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE).

Fernanda Cisneros Rodríguez, directora de Desarrollo Turístico de la dependencia municipal, invitó a la ciudadanía interesada en hacer uso de este servicio a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Hermosillo y de Turismo HMO.

Será a través de estas plataformas donde se darán a conocer las dinámicas para participar y obtener los boletos de traslado.

La funcionaria detalló que los recorridos se realizarán a bordo del Trolebús Turístico de Hermosillo, con salida desde la Plaza Zaragoza a partir de las 17:00 horas y destino a la Unión Ganadera Regional de Sonora; el regreso se efectuará desde el mismo punto a las 21:00 horas.

“Este esquema de traslados estará disponible del viernes 16 al domingo 18 de enero y contará con cupo limitado, por lo que es importante que las personas interesadas se mantengan pendientes de las redes sociales institucionales”, señaló.

Cisneros Rodríguez destacó que, por instrucción del presidente municipal Antonio Astiazarán, el cuarto Festival del Globo de Hermosillo fue planeado como una experiencia de esparcimiento familiar, con orden y seguridad, para el disfrute tanto de residentes como de visitantes.

El Congreso Local de Sonora determinó no aprobar la aplicación de las llamadas fotomultas por el Ayuntamiento de Hermosillo dentro de su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, tras considerar que se trata de un cobro excesivo que vulnera los derechos humanos de los automovilistas.

La diputada presidenta del Poder Legislativo, María Eduwiges Espinoza Tapia explicó que como parte de sus facultades constitucionales, el Congreso revisa y puede modificar las leyes de ingresos municipales cuando se detectan cobros indebidos, inconstitucionales o que exceden las atribuciones de los ayuntamientos, como ocurrió con el esquema de sanciones automatizadas planteado por el municipio.

Señaló que las autoridades municipales no cuentan con la autorización legal para realizar el cobro de fotomultas, ya que dicha medida no fue avalada por el Congreso del Estado.

“Todo cobro que un municipio proponga tiene que ser aprobado por el Congreso, y en este caso las fotomultas no sólo resultan excesivas, sino que también violentan derechos humanos, por lo que se tomó la decisión de eliminar ese apartado de la Ley de Ingresos”, puntualizó.

En ese sentido, agregó que, al no estar aprobadas, las fotomultas no pueden cobrar legalmente en Hermosillo, y que cualquier notificación basada únicamente en una imagen o registro fotográfico no procede y puede ser impugnada por los ciudadanos, por lo que sólo puede seguir aplicando el período de pruebas como lo viene haciendo.

Espinoza Tapia agregó que los impuestos y derechos son herramientas legítimas para que los municipios obtengan recursos destinados al bienestar social, sin embargo, estos deben ser razonables, legales y no vulnerar derechos como el de la movilidad.

Advirtió que la falta de un inventario claro sobre la ubicación de las cámaras y su colocación en accesos y salidas de la ciudad representa un riesgo para la seguridad vial, al obligar a los conductores a frenar bruscamente, por lo que reiteró que la única opción del municipio es acatar la resolución del Congreso.

Cabe mencionar que las correspondencias recibidas en la sesión fueron de carácter hacendario y municipal, entre ellos, los presupuestos de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026, así como solicitudes de revisión y corrección a leyes de ingresos municipales.

Tal fue el caso de la reestructuración de un crédito de 500 millones de pesos del ayuntamiento de Hermosillo que solicitó en el 2020, el cual fue enviado a comisiones de Fiscalización y de Presupuestos y Asuntos Municipales, donde se busca tener mejores condiciones de pago.

Dicho instrumento tiene la intención de reestructurar el contrato, con el fin de disminuir la tasa de interés y porcentaje de participaciones federales afectadas para el pago del crédito, y de eliminar la obligación del municipio de contratar instrumentos derivados para que sea potestativo y no obligatorio.