En la última milla de su Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado al Congreso un ambicioso paquete de reformas para dotar al sector público de mayores facilidades en la construcción de proyectos y limitar las prerrogativas de los privados.
De aprobarse la iniciativa, la Administración federal podrá iniciar la construcción de obras sin la necesidad de contar con todos los permisos hasta hoy requeridos, se facilitará la terminación de contratos con privados de manera anticipada, se reducirá el pago de indemnizaciones y se permitirá la revocación de permisos y concesiones de particulares en aras del bien púbico. La aprobación de la reforma, que modifica 23 leyes secundarias, requiere de la mayoría simple de los legisladores, una condición que Morena y sus aliados cumplen sin problema en el Congreso federal.
La propuesta del Ejecutivo ya ha generado una intensa polémica puertas afuera: la mayoría de las voces empresariales advierte de que los cambios supondrán una mayor discrecionalidad del Gobierno en el otorgamiento de permisos y concesiones y afectarán los derechos de proveedores y grandes empresas. Por su parte, analistas afirman que las reformas son positivas porque el Estado recuperará su papel central como constructor y proveedor de servicios públicos, al tiempo que se combatirán a los monopolios privados.
La iniciativa de reforma fue firmada el 23 de marzo por el presidente López Obrador y enviada a la Cámara de Diputados un día después. El documento refiere que durante “el periodo neoliberal” se dio preeminencia a las empresas privadas sobre el Estado en la provisión de los servicios públicos y la construcción de obra. Esa política, agrega el documento, terminó por debilitar al Estado y beneficiar intereses privados en detrimento del bien público. La corrupción, que la había, dejó de estar solo en el ámbito público y forjó una íntima relación con empresarios, cita. El Ejecutivo defiende que esta reforma de gran calado busca tres grandes metas: revertir actos de corrupción, prevenir actos lesivos al interés público y fortalecer a la administración pública federal.
