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La FGR ha contratado en los dos últimos años programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles (elpais.com)

El material, con un coste de 5,6 millones de dólares, sirve para la geolocalización de celulares y el análisis de datos a gran escala. Los contratos se han hecho bajo la partida secreta de seguridad nacional y permanecen opacos. La empresa vendedora se vio envuelta en el escándalo del ciberespionaje de la era Peña Nieto.

La actual Fiscalía General de la República (FGR) ha comprado programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos. En 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5,6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta firma ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team, señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ha dado seguimiento a este tipo de contrataciones, considera que la operación de estos sistemas puede llegar a ser violatoria de derechos humanos porque en algunos casos constituye una vigilancia masiva que violenta los requisitos de necesidad, proporcionalidad y autorización judicial.

Neolinx es una firma mexicana creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje. En 2015, se dio a conocer que había servido como intermediaria de la italiana Hacking Team en México después de que se filtraran cientos de correos electrónicos y documentos internos con detalles de sus operaciones. La información dada a conocer reveló que el consorcio italiano había comercializado sus productos a 35 países, muchos de ellos señalados por violaciones a los derechos humanos. México había sido hasta entonces su principal cliente.

La Red para la Defensa de los Derechos Digitales R3D hizo un análisis de los datos divulgados tras la filtración y denunció que al menos 12 estados del país tuvieron relaciones comerciales con Hacking Team, a través de sus diversas intermediarias. Según el análisis hecho por la R3D en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos al Gobierno de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias. En abril de 2018 habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración. Ahora se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.

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