En septiembre de 2018, Vanessa Dib Velázquez, de entonces 27 años, acudió a la clínica familiar número 9, en el Estado de Querétaro, por un dolor abdominal provocado por la posición en la que tenía colocado un dispositivo intrauterino (DIU). Recibió un diagnóstico erróneo y terminó con su salud deteriorándose día tras día, hasta que fueron necesarios varios procedimientos como la reanimación o la extracción de algunos de sus órganos para salvarle la vida. Ese mismo año, Dib Velázquez y Víctor Herrera, su abogado, interpusieron una queja por la violación a sus derechos humanos y negligencia ante la CNDH, y otra dentro del órgano administrativo del IMSS. Ha sido hasta el pasado 5 de julio cuando finalmente la Comisión publicó un llamado a la principal institución de salud pública en el país para que enmiende de la mejor forma a la víctima.

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https://elpais.com/mexico/2022-07-09/el-imss-ofrece-88000-pesos-a-vanessa-dib-la-mujer-a-la-que-le-quitaron-el-utero-un-ovario-y-amputaron-sus-piernas-por-negligencia.html

“Transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de una mujer de 27 años por diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico inadecuados”, determinó la CNDH.

Ante ello, la Comisión solicitó una compensación económica suficiente; que la víctima tenga acceso a programas sociales y le otorguen becas en favor de sus dos familiares directamente afectados. Además solicitó que le otorguen atención psicológica y psiquiátrica de forma continua hasta que alcance su sanación psíquica y emocional.

En septiembre de 2018, la víctima, originaria de Querétaro, acudió a su unidad médica familiar del IMSS porque sentía un dolor abdominal muy fuerte.

El médico que la atendió le diagnosticó infección en las vías urinarias y colitis; sin mandarle a realizar estudios le estableció un tratamiento.

Debido a que el dolor continuaba, la mujer fue a un hospital general donde le informaron que tenía que retirarse el DIU porque estaba traslocado. En el hospital tampoco le realizaron estudios, radiografías o algún ultrasonido, solo procedieron a quitar el dispositivo con unas pinzas.

Tres días después, la víctima se presentó nuevamente con su médico familiar porque tenía dolor lumbar. Aunque la mujer le dijo que recién le habían retirado el DIU, el médico diagnosticó lumbalgia aguda sin realizar más estudios.

“La situación de la víctima evolucionó desfavorablemente por lo que se presentó en el área de urgencias de la UMF-9 y de ahí fue trasladada al HGR-1, donde ingresó por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa”, reportó la CNDH.

El reporte indica que la víctima llegó al hospital con una infección generalizada, por lo que tuvo que ser intubada, además se le realizó una transfusión sanguínea.

Posteriormente sufrió un paro cardíaco y se le dio reanimación por 30 minutos. En ese momento se le realizó extirpación de útero y ovario; y posteriormente la amputación de ambas piernas.

Aunque la amputación de las piernas se realizó para salvar la vida a la paciente, el procedimiento fue resultado de una inadecuada atención médica, un diagnóstico deficiente e incompleto y de un inadecuado seguimiento de control, que permitieron el avance importante de la infección que pudo prevenirse.

Se determinó que la atención proporcionada dejará a la víctima con trastornos fisiológicos secundarios de su función reproductiva, alteraciones de la función sexual y trastornos psicológicos relacionados a la pérdida del útero.

La Comisión corroboró que el retiro del dispositivo se llevó sin apego a la Norma Oficial Mexicana correspondiente, sin realizar estudios clínicos para detectar infecciones vaginales, ni la presencia de efectos colaterales, con lo que se constata un inadecuado seguimiento e indebida atención.

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https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/mal-diagn%C3%B3stico-del-imss-deja-sin-piernas-a-una-mujer-de-27-a%C3%B1os-cndh-exige-reparaci%C3%B3n-del-da%C3%B1o/ar-AAZeNCD?ocid=winp1taskbar&cvid=8dc1ff652d454d88933b6cfe574d6ec7

El problema inicial consistía en un tumor con dimensiones de dos centímetros que no era maligno, y que después de seis meses cuando se detectó el diagnóstico erróneo, éste creció a 10 kilogramos.

Debido a la mala praxis, la usuaria requerirá cuidados y tratamientos especiales por tiempo indefinido, los cuales deberá proporcionarlos el IMSS como consecuencia directa “de la inadecuada atención que recibió”.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 117/2022 a Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS. El instituto informó por medio de un comunicado que ya está analizando la recomendación emitida.

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https://www.sinembargo.mx/02-07-2022/4214231

El 24 de noviembre de 2020, en Laguna Salada, el Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en el Desierto, situado en Mexicali, se llevaba a cabo una instrucción con 38 sargentos. El entrenamiento de ese día consistía en construir búnkeres en una posición defensiva. A las 15.00 el programa había terminado. El coordinador del curso dio la orden de “sanitizar” el terreno y tapar los agujeros, y se alejó de las instalaciones. En esos momentos, uno de los oficiales al mando ordenó a un soldado, que estaba preparando su maleta, que se metiera en el búnker 8. Los testigos recuerdan que le empezó a “aventar tierra” hasta que lo sepultó por completo. Más tarde, otro oficial dio la misma instrucción a otros cuatro soldados “a manera de castigo”.

La tierra cubrió hasta la cabeza a los militares. Su superior caminó por encima de ellos, lo que provocó presión en la arena, que quedó más compacta. Dio la orden: “Salgan cómo puedan, por su cuenta”. Sin embargo, según las evidencias y testimonios recopilados por la CNDH, por “el peso de la tierra y porque entre ellos se empujaban” los soldados no lograban salir. “Las autoridades responsables empezaron a tomar fotografías riéndose de lo que estaba ocurriendo”, recoge el documento, que añade que “este tipo de prácticas eran recurrentes y las realizaban cada vez que el coordinador se alejaba del lugar”.

Los militares tuvieron que ser auxiliados por compañeros que estaban fuera del búnker. Todos menos uno de ellos. “No se percataron de que la víctima mortal quedó al interior”, se lee en la recomendación. Un tiempo más tarde, uno de los soldados enterrados se da cuenta de que ha perdido el cargador del celular en el búnker. Al volver a sacar arena del agujero, los sargentos encuentran inconsciente al primer soldado. Avisan a sus superiores y a las 17.45 es trasladado al hospital militar. Llega sin signos vitales.

La necropsia establece como causa de la muerte “asfixia por obstrucción de vías respiratorias altas”. El forense emite en su dictamen: “Se localizan cantidades excesivas de arena en los ojos, nariz, boca y laringe”. El médico también señala que “era prácticamente imposible que dicha obstrucción hubiese sido provocada de manera accidental o voluntaria y más bien se orienta al homicidio”.

Ese mismo día, la Sedena llama la familia del fallecido —de quien no ha trascendido su nombre ni edad ni procedencia— para informales de que había muerto sin especificar las causas. Al conocer el informe de la autopsia, la familia solicita la intervención de la CNDH el 2 de diciembre de 2020 para aclarar los hechos.

La presión de la Comisión Nacional obliga a la Sedena a comenzar un proceso judicial militar. Casi un año más tarde el juzgado ordena prisión preventiva para los dos oficiales que obligaron a los soldados a enterrarse y grabaron los hechos. Uno de ellos está en la cárcel desde el 23 de octubre de 2021, y el otro se encuentra prófugo. La CNDH también pide determinar la responsabilidad de los dos coordinadores, que aunque no presenciaron los hechos estaban a cargo del cuidado de los soldados.

Mientras la investigación continúa, la CNDH ha pedido revisar la práctica llamada “entierro momentáneo de clases de instrucción”, que se considera habitual entre los militares, para que este tipo de muertes no vuelvas a repetirse. Las Fuerzas Armadas mexicanas acumularon, entre 2019 y 2021, más de 1.600 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos, según cifras de la CNDH.

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https://elpais.com/mexico/2022-06-30/el-ejercito-mexicano-en-el-punto-de-mira-tras-la-muerte-de-un-soldado-enterrado-vivo.html

La comisión indicó, con base en la investigación, que el 20 de noviembre se realizó un curso de fuerzas especiales en el desierto en Mexicali, Baja California, y cuando los concursantes cubrían unos búnkers que previamente habían excavado, el mando que fungía como instructor ordenó a la víctima que se introdujera en el refugio.

Él obedeció. Después, el instructor mandó a taparlo, por lo que arrojaron tierra y lo sepultaron. Este hecho se repitió con otros cuatro elementos; “tan es así, que un instructor caminó sobre la tierra que los cubría”, indicó la CDNH en un comunicado.

Los testimonios recopilados por la comisión refieren que los responsables del grupo comenzaron a tomar fotografías riéndose de lo que ocurría y que este tipo de prácticas eran recurrentes por parte de ambos, sin que el responsable principal del grupo se percatara de ello, ya que lo hacían cada vez que se alejaba del lugar.

Auxiliados por compañeros que se encontraban fuera del búnker en ese momento, cuatro de los sepultados lograron salir sin darse cuenta de que la víctima quedó al interior, ni en qué momento fue ingresado al mismo. Una de las personas que había estado enterrada se percató de que había perdido su cargador, por lo que, al buscarlo al interior del búnker apareció la víctima, quien yacía inconsciente, por lo que fue trasladada a un hospital. No obstante, al llegar ya había muerto .

La CNDH solicitó a la Sedena que se inscriba a las personas afectada por estos hechos en el Registro Nacional de Víctimas y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, con una compensación justa, tomando en cuenta la gravedad de los hechos, además de que les otorgue atención médica integral y psicológica permanente.

De la misma manera, requirió a la Sedena que colabore ampliamente con el juzgado militar encargado del trámite de la carpeta de investigación en contra de los servidores públicos responsables de los hechos, considerando que hay datos o indicios que permiten advertir presuntas responsabilidades penales.

Por último, pidió que se imparta un curso de capacitación integral de formación en derechos humanos, dirigido a las integrantes del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales Temamatla, Estado de México, y del Centro de Operaciones en Desierto, Laguna Salada, Baja California, ambos del Ejército mexicano, enfocados a prevenir hechos similares.

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https://www.milenio.com/policia/militar-enterrado-vivo-murio-asfixia-curso-cndh

PENALES EN CRISIS

El peor evaluado de todos es el Centro de Reinserción Social de Caborca con una calificación de 4.47 pues además de tener una sobrepoblación del 192.53 por ciento, la CNDH encontró presencia de actividades ilícitas, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y comedores, así como deficiencia en la atención a personas adultas mayores, entre muchas otras observaciones.

Le sigue el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón con una calificación de 4.92. Entre las mayores observaciones que hizo la CNDH para con este penal destaca: hacinamiento, sobrepoblación, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad, y presencia de cobros como extorsión.

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https://www.tribuna.com.mx/sonora/2022/5/9/cndh-reprueba-los-penales-en-sonora-sobrepoblacion-inseguridad-algunos-de-sus-problemas-295968.html

En un comunicado, las organizaciones señalaron que la reforma para transformar los hospitales psiquiátricos en hospitales generales, y que sus servicios se den en centros comunitarios, va en contra de la progresividad en el derecho a la salud.

“Representa una sobrecarga en las tareas de cuidados de las familias, particularmente de las mujeres y, sobre todo, porque no otorga salida a las personas inimputables que acabarán en la cárcel”, advierten Reinserta, OCUPA, Derechos sin barreras, Reintegra y la Fundación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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https://www.animalpolitico.com/2022/05/cndh-invalidez-reforma-hospitales-psiquiatricos/

De acuerdo con la recomendación 97/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las víctimas del incidente circulaban por una carretera de Jamiltepec, cuando se encontraron con una camioneta de la Guardia Nacional que circulaba en dirección opuesta a gran velocidad e invadió el carril contrario y lo impactó en el costado izquierdo, provocando la muerte del niño y lesiones a dos pasajeros más, así como daños a dos vehículos.

Las víctimas del accidente que denunciaron a los elementos de la Guardia Nacional ante la CNDH, sostuvieron que los uniformados mintieron en su declaración ministerial, así como sus superiores, y que peritos de la Fiscalía de Oaxaca presentaron “dictámenes que respaldaban la versión falsa”, relató el organismo en un comunicado.

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https://www.animalpolitico.com/2022/05/guardia-nacional-muerte-nino-oaxaca-cndh/