La portavoz de la oficina, Marta Hurtado, especificó en rueda de prensa que otras 164 fueron heridas y 101 secuestradas solo en la primera quincena de marzo. “La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por tiradores que les dispararon de manera aleatoria mientras las víctimas estaban en sus casas o en la calle”, dijo Hurtado.

Desde enero y hasta el 15 de marzo, “531 personas murieron, 300 resultaron heridas y 277 fueron secuestradas en incidentes relacionados con bandas”, detalló la vocera, que también reportó que los miembros de estos grupos criminales están utilizando la violencia sexual contra las mujeres y las niñas de Haití para aterrorizar a ellas y a sus familias.
Atajar “grave situación”

Asimismo, la Oficina reportó casos de profesores y alumnos que murieron en tiroteos y alertó sobre la falta de protección de los jóvenes en las escuelas, lo que los lleva en muchas ocasiones a ser reclutados por las pandillas. Hasta la fecha, esta oleada de terror ha obligado a unas 160.000 personas a desplazarse a casas de familiares o amigos, donde a menudo deben compartir los escasos recursos hídricos, alimentarios y médicos con otras familias.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está muy preocupada por la violencia en Haití, donde “los enfrentamientos entre bandas son cada vez más violentos y frecuentes”, apuntó Hurtado. Los expertos han detectado que las pandillas intentan ampliar su control territorial en la capital y otras regiones atacando a las personas que viven en zonas controladas por sus rivales.

Por ellos, es imprescindible, dice Naciones Unidas, que las autoridades del país caribeño “atajen inmediatamente esta grave situación”.

Nota Tomada de:

https://www.dw.com/es/onu-reporta-m%C3%A1s-de-500-muertos-por-violencia-de-pandillas-en-hait%C3%AD-este-2023/a-65066749

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, sancionó la ley, aprobada horas antes por el Senado estatal, que “limita los espectáculos de cabaret de adultos”.

La norma define como “espectáculo de cabaret adulto” aquellos que incluyan bailarines gogo, en topless, “strippers” e “imitadores masculinos o femeninos que brinden entretenimiento apelando a un interés lascivo”.

Quienes infrinjan la norma podrían enfrentarse a multas de 2.500 dólares y hasta un año de cárcel.

Esta regulación, que entrará en vigor el 1 de julio, es la primera de las docenas de iniciativas de este tipo presentadas por legisladores republicanos en varios estados del país que ha logrado convertirse en ley.

Los republicanos argumentan que con las actuaciones “drag” los menores de edad quedan expuestos a espectáculos e imágenes sexuales que no son adecuados para ellos.

Gobernador también contra afirmación de género

En paralelo, Lee firmó otra norma relacionada con la anterior que impedirá a los menores de edad acceder a medicamentos o cirugías de afirmación de género, como ya hacen estados como Florida o Alabama.

Los menores que actualmente estén bajo ese tipo de tratamiento tienen hasta el 21 de marzo de 2024 para completarlo, después de que la ley entre en efecto el próximo 31 de julio.

Con la rúbrica de Lee, Tennessee es el octavo estado en aprobar una regulación de este tipo, y el cuarto en hacerlo este año. El miércoles, el gobernador de Misisipi, el también republicano Tate Reeves, firmó una legislación para vetar el acceso de los menores a tratamientos de afirmación de género.

Denuncian “práctica peligrosa” contra LGBTIQ+

En un comunicado, la Campaña de Derechos Humanos (HRC, en inglés) indicó este jueves que “la práctica peligrosa” de prohibir eventos, espacios y cultura LGTBQ+, lo que incluye las actuaciones “drag”, forma parte de “un ataque a gran escala” contra el colectivo y es un intento de devolver a sus miembros al armario.

Según datos de esa organización, solo el año pasado legisladores de congresos estatales a lo largo y ancho del país presentaron 315 proyectos de ley “discriminatorios” contra los LGTBIQ+, de los que 29 fueron aprobados convirtiéndose en ley.

La mayoría de esos borradores -149- tenían como blanco “la comunidad transgénero y no binaria”, además de los jóvenes.

HRC agregó que en los dos primeros meses de 2023 se han presentado 340 propuestas legislativas estatales anti LGTBIQ+, de las que 150 restringirían los derechos de las personas transgénero, lo que supone el mayor número de iniciativas contra los individuos “trans” en un solo año, y todavía no ha acabado.

Nota Tomada de:

https://www.dw.com/es/tennessee-proh%C3%ADbe-espect%C3%A1culos-en-p%C3%BAblico-de-drag-queen/a-64870499

Las oenegés advierten de un “creciente uso de la pena de muerte contra las minorías perseguidas”. Desde inicios de año, “las autoridades iraníes ejecutaron al menos a una persona de la minoría árabe Ahwazi, 14 kurdos y 13 baluchíes tras unos juicios injustos”, resaltan.

Al menos una decena de otros fueron condenados a muerte, lo que supone “una espantosa escalada en el uso de la pena de muerte como herramienta de represión contra las minorías étnicas”, afirma el comunicado.

AI pide al mundo aplicar moratoria sobre las ejecuciones en Irán

Algunas de estas personas fueron condenadas por estar supuestamente implicadas en el movimiento de protestas que sacude Irán desde la muerte en detención en septiembre de 2022 de Mahsa Amini, una joven kurdo-iraní acusada de no respetar el uso del velo.

“Las autoridades iraníes están llevando a cabo ejecuciones a una escala aterradora. Sus acciones constituyen un ataque al derecho a la vida y un intento desvergonzado no solo de reprimir aún más a las minorías étnicas, sino también de sembrar el temor de que cualquier oposición sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca”, subrayó Roya Boroumand, directora de la oenegé iraní con sede en Estados Unidos.

“El mundo debe actuar ahora para presionar a las autoridades iraníes para que apliquen una moratoria oficial sobre las ejecuciones, que anulen las condenas injustas y las penas de muerte, y que anulen todas las inculpaciones vinculadas a una participación pacífica a las manifestaciones”, sentenció Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para el Medio Oriente y el Norte de África.

Nota Tomada de:
 

https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-ejecut%C3%B3-a-m%C3%A1s-de-90-j%C3%B3venes-manifestantes-en-los-dos-primeros-meses-de-2023/a-64870072

El proyecto de ley ha sido patrocinado por legisladores demócratas. Enfrente tienen a no pocos activistas de derechos humanos, que rechazan de plano la propuesta. Michael Cox, director ejecutivo de la organización para la abolición de las prisiones Black and Pink Massachusetts, ha calificado la medida de “poco ética y depravada”. “Incentivar la venta de partes de tu cuerpo a cambio del bien más preciado del mundo es simplemente espantoso”, ha dicho Cox en declaraciones recogidas por el diario digital Boston.com. El comité de ética de la red nacional de trasplantes de EE UU (UNOS, en sus siglas en inglés), constituida como asociación sin ánimo de lucro, ha criticado también este tipo de iniciativas. “Cualquier ley o propuesta que permita a una persona intercambiar un órgano por una reducción de condena plantea numerosos problemas”, dice una declaración oficial publicada en su web.

Si la libertad, como subraya el activista Cox, es el bien supremo, ¿qué es la salud, en un país que la trata como una mercancía? En el Estado de Nueva York, desde finales del año pasado, los donantes vivos reciben una ayuda de 10.000 dólares en concepto de reembolso de los gastos hospitalarios derivados de la intervención. Es el primer programa estatal del país que permite retribuir a los particulares el coste de donar un riñón o un hígado. “Los donantes vivos de órganos son verdaderos héroes, y con esta legislación estamos dando pasos significativos para apoyar su sacrificio y salvar vidas”, señaló la gobernadora, Kathy Hochul, al rubricar la ley.

La pionera legislación neoyorquina tiene un porqué: es uno de los Estados a la cola en número de donaciones. A finales de diciembre, cuando se adoptó la ley, había 8.569 personas en lista de espera para un trasplante, de las cuales 7.234 necesitaban un riñón. Una tendencia extrapolable al resto del país, según la red nacional de trasplantes: EE UU solo alcanzó el año pasado el millón de trasplantes, “un acontecimiento histórico” según la organización, pero más que relativo en una población total que supera los 330 millones de habitantes. Según UNOS, algo más de 104.000 estadounidenses están hoy a la espera de un órgano. Entre enero y diciembre de 2022, los procedentes de 21.368 donantes (vivos y muertos) posibilitaron 42.888 trasplantes. En el mismo periodo, hubo más de 6.400 operaciones de donante vivo, una modalidad que se ha visto afectada por la pandemia y en la que frente a una mayoría de riñones, se cuentan cada vez más donantes de un segmento del hígado, un órgano que se regenera fácilmente.
Precedentes

Descartada, por ley, la donación de órganos procedentes de presos ejecutados en los Estados que aún aplican la pena capital ―la mayoría muere a consecuencia de un cóctel de fármacos―, solo quedan los vivos como población cautiva, de ahí que la iniciativa de Massachusetts se vea como un banco de pruebas para el resto del país. Pero la transacción comercial inherente a la ley de Massachusetts, el incentivo que supone una reducción de condena, también plantea cuestiones legales, no solo éticas, ya que la Ley Nacional de Trasplantes de Órganos, de 1984, prohíbe el intercambio de un órgano por una “contraprestación valiosa”.

En 2007, los legisladores de Carolina del Sur estudiaron una propuesta similar a la de Massachusetts que habría reducido hasta 180 días las penas de prisión a cambio de donaciones. Pero los críticos debatieron acerca de su legalidad y el Estado adoptó finalmente un programa voluntario de donación de órganos y tejidos que deja a las personas encarceladas donar sin recibir contraprestación. Además, la Oficina Federal de Prisiones permite que los presos puedan donar sus órganos mientras están encarcelados, pero solo a familiares directos. En 2013, Utah permitió la de presos que murieron mientras estaban entre rejas. La mayoría de los demás Estados no permiten la donación de órganos de reclusos.

El proyecto de ley de Massachusetts, que fue presentado en la Cámara estatal en enero, suscita otros dos asuntos capitales: la elevada prevalencia de enfermedades infectocontagiosas entre la población reclusa (sida, hepatitis, tuberculosis, entre otras), lo que introduce la sospecha acerca de la idoneidad del órgano, y la acusada desigualdad racial en el precario equilibrio entre donantes y beneficiarios, y siempre en contra de estos últimos. La organización Prisoners’ Legal Services de Massachusetts, que aboga por reformar el sistema penitenciario, ha recordado a los impulsores de la iniciativa “la desigualdad racial en nuestro sistema de salud, que ha dejado a las comunidades BIPOC [acrónimo en inglés de negros, indígenas y gente de color] desproporcionadamente afectadas por la escasez de órganos y de médula ósea”. Un problema estructural subyacente que el cálculo interesado de un preso, el deseo de recortar unos días su condena, no va a solucionar, según los críticos.

Mientras el debate continúa en las redes, aún queda por establecer el baremo de la reducción de condena en caso de que la ley salga adelante: cuántos días a cambio de qué órgano o qué pedazo de aquel otro. Difícil métrica, dada la inexistencia de precedentes y de varas de medir; una decisión que corresponderá a un comité especial de cinco miembros en el que solo uno de ellos aboga por los derechos de los presos.

Nota Tomada de:

https://elpais.com/sociedad/2023-02-02/massachusetts-en-ee-uu-propone-reducir-la-condena-a-presos-que-donen-un-rinon-parte-del-higado-o-medula-osea.html

“Transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de una mujer de 27 años por diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico inadecuados”, determinó la CNDH.

Ante ello, la Comisión solicitó una compensación económica suficiente; que la víctima tenga acceso a programas sociales y le otorguen becas en favor de sus dos familiares directamente afectados. Además solicitó que le otorguen atención psicológica y psiquiátrica de forma continua hasta que alcance su sanación psíquica y emocional.

En septiembre de 2018, la víctima, originaria de Querétaro, acudió a su unidad médica familiar del IMSS porque sentía un dolor abdominal muy fuerte.

El médico que la atendió le diagnosticó infección en las vías urinarias y colitis; sin mandarle a realizar estudios le estableció un tratamiento.

Debido a que el dolor continuaba, la mujer fue a un hospital general donde le informaron que tenía que retirarse el DIU porque estaba traslocado. En el hospital tampoco le realizaron estudios, radiografías o algún ultrasonido, solo procedieron a quitar el dispositivo con unas pinzas.

Tres días después, la víctima se presentó nuevamente con su médico familiar porque tenía dolor lumbar. Aunque la mujer le dijo que recién le habían retirado el DIU, el médico diagnosticó lumbalgia aguda sin realizar más estudios.

“La situación de la víctima evolucionó desfavorablemente por lo que se presentó en el área de urgencias de la UMF-9 y de ahí fue trasladada al HGR-1, donde ingresó por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa”, reportó la CNDH.

El reporte indica que la víctima llegó al hospital con una infección generalizada, por lo que tuvo que ser intubada, además se le realizó una transfusión sanguínea.

Posteriormente sufrió un paro cardíaco y se le dio reanimación por 30 minutos. En ese momento se le realizó extirpación de útero y ovario; y posteriormente la amputación de ambas piernas.

Aunque la amputación de las piernas se realizó para salvar la vida a la paciente, el procedimiento fue resultado de una inadecuada atención médica, un diagnóstico deficiente e incompleto y de un inadecuado seguimiento de control, que permitieron el avance importante de la infección que pudo prevenirse.

Se determinó que la atención proporcionada dejará a la víctima con trastornos fisiológicos secundarios de su función reproductiva, alteraciones de la función sexual y trastornos psicológicos relacionados a la pérdida del útero.

La Comisión corroboró que el retiro del dispositivo se llevó sin apego a la Norma Oficial Mexicana correspondiente, sin realizar estudios clínicos para detectar infecciones vaginales, ni la presencia de efectos colaterales, con lo que se constata un inadecuado seguimiento e indebida atención.

Nota Tomada de:

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/mal-diagn%C3%B3stico-del-imss-deja-sin-piernas-a-una-mujer-de-27-a%C3%B1os-cndh-exige-reparaci%C3%B3n-del-da%C3%B1o/ar-AAZeNCD?ocid=winp1taskbar&cvid=8dc1ff652d454d88933b6cfe574d6ec7

En la pasada sesión del Pleno del Congreso del Estado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo Llanes, presentó la iniciativa a nombre de diferentes colectivos de la comunidad LGBT+ para eliminar los Ecosig, también conocidos popularmente como “terapias de conversión”, las cuales han sido señaladas en varias ocasiones por sus métodos, vulnerando derechos y libertades humanas.

“Esta iniciativa surge desde sociedad civil, impulsada a través de la difusión del cortometraje “Para: Sarah”, filme que denuncia las mal llamadas terapias de conversión realizado por la cineasta sonorense Erica Salinas Castillo, sobreviviente Ecosig, y más recientemente como reclamo ciudadano de más de 12 mil personas que asistieron a la Marcha del Orgullo, cuyo lema este año fue “Nada que curar, No más Ecosig en Sonora”, dijo.

En ese sentido, la iniciativa buscará castigar con cárcel de dos a 15 años a quienes lleven a cabo terapias de conversión con la intención de “corregir” las preferencias sexuales y de identidad de género de las personas que integran la comunidad LGBTTTIQ+ en el estado.

Asimismo, se aplicará el doble de sanción a quien someta a niños, niñas y adolescentes o personas con alguna discapacidad, por no poder comprender el significado del hecho o de resistirse al sometimiento.

“De manera urgente nos debemos alinear a los trabajos de la ONU, pues la discrimanción por motivos de orientación sexual y de identidad de género en México y en Sonora no debe de existir, tenemos que tomar acciones firmes y ser contundentes para erradicar este tipo de acciones, no podemos seguir permitiendo este tipo de tortura que de manera legal se practica en nuestra sociedad”, agregó Trujillo Llanes.

Entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, Baja California, Puebla e Hidalgo han reformado su legislación para modificar el Código Penal para respetar los derechos humanos, recordó la diputada.

Nota Tomada de:

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/terapias-de-conversion-en-sonora-podrian-castigarse-con-15-anos-de-prision-8540799.html

Los estudios de la organización resaltan que especialmente el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una grave crisis en materia de derechos humanos. Las principales causas de muerte que han identificado son: agotamiento, deshidratación o hipotermia (por las duras condiciones climáticas), accidentes vehiculares, ahogamiento, así como las relacionadas a la violencia como son los asesinatos.

Sin embargo, las causas se desconocen en más de un tercio de los casos registrados, pasa que mayoritariamente los restos de las personas son encontrados mucho tiempo después de su fallecimiento, cuando ya no es posible identificar la causa de su muerte. Esto, sin contar que hay restos que nunca son recuperados, lo que abona aún más a la tragedia de la crisis migratoria.

Edwin Viales, uno de los autores del proyecto sobre los migrantes en las Américas, explicó que mil 238 migrantes murieron el año pasado, de los cuales 51 eran niños menores de cinco años y 728 intentaron cruzar la frontera. “El número de muertes en la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado fue significativamente mayor que en cualquier año anterior, incluso antes del Covid-19”.

El experto puso como ejemplo de la crisis migratoria la reciente tragedia ocurrida el lunes cuando, en San Antonio, Texas, fue encontrado un tráiler con más de 50 migrantes muertos. “No podemos olvidar que cada número es un ser humano con una familia que tal vez nunca sepa lo que sucedió", explicó.

Nota Completa en:

https://www.tribuna.com.mx/sonora/2022/7/2/la-tragedia-de-morir-en-el-desierto-de-sonora-muertes-de-migrantes-se-relacionan-climas-extremos-301036.html

El 24 de noviembre de 2020, en Laguna Salada, el Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en el Desierto, situado en Mexicali, se llevaba a cabo una instrucción con 38 sargentos. El entrenamiento de ese día consistía en construir búnkeres en una posición defensiva. A las 15.00 el programa había terminado. El coordinador del curso dio la orden de “sanitizar” el terreno y tapar los agujeros, y se alejó de las instalaciones. En esos momentos, uno de los oficiales al mando ordenó a un soldado, que estaba preparando su maleta, que se metiera en el búnker 8. Los testigos recuerdan que le empezó a “aventar tierra” hasta que lo sepultó por completo. Más tarde, otro oficial dio la misma instrucción a otros cuatro soldados “a manera de castigo”.

La tierra cubrió hasta la cabeza a los militares. Su superior caminó por encima de ellos, lo que provocó presión en la arena, que quedó más compacta. Dio la orden: “Salgan cómo puedan, por su cuenta”. Sin embargo, según las evidencias y testimonios recopilados por la CNDH, por “el peso de la tierra y porque entre ellos se empujaban” los soldados no lograban salir. “Las autoridades responsables empezaron a tomar fotografías riéndose de lo que estaba ocurriendo”, recoge el documento, que añade que “este tipo de prácticas eran recurrentes y las realizaban cada vez que el coordinador se alejaba del lugar”.

Los militares tuvieron que ser auxiliados por compañeros que estaban fuera del búnker. Todos menos uno de ellos. “No se percataron de que la víctima mortal quedó al interior”, se lee en la recomendación. Un tiempo más tarde, uno de los soldados enterrados se da cuenta de que ha perdido el cargador del celular en el búnker. Al volver a sacar arena del agujero, los sargentos encuentran inconsciente al primer soldado. Avisan a sus superiores y a las 17.45 es trasladado al hospital militar. Llega sin signos vitales.

La necropsia establece como causa de la muerte “asfixia por obstrucción de vías respiratorias altas”. El forense emite en su dictamen: “Se localizan cantidades excesivas de arena en los ojos, nariz, boca y laringe”. El médico también señala que “era prácticamente imposible que dicha obstrucción hubiese sido provocada de manera accidental o voluntaria y más bien se orienta al homicidio”.

Ese mismo día, la Sedena llama la familia del fallecido —de quien no ha trascendido su nombre ni edad ni procedencia— para informales de que había muerto sin especificar las causas. Al conocer el informe de la autopsia, la familia solicita la intervención de la CNDH el 2 de diciembre de 2020 para aclarar los hechos.

La presión de la Comisión Nacional obliga a la Sedena a comenzar un proceso judicial militar. Casi un año más tarde el juzgado ordena prisión preventiva para los dos oficiales que obligaron a los soldados a enterrarse y grabaron los hechos. Uno de ellos está en la cárcel desde el 23 de octubre de 2021, y el otro se encuentra prófugo. La CNDH también pide determinar la responsabilidad de los dos coordinadores, que aunque no presenciaron los hechos estaban a cargo del cuidado de los soldados.

Mientras la investigación continúa, la CNDH ha pedido revisar la práctica llamada “entierro momentáneo de clases de instrucción”, que se considera habitual entre los militares, para que este tipo de muertes no vuelvas a repetirse. Las Fuerzas Armadas mexicanas acumularon, entre 2019 y 2021, más de 1.600 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos, según cifras de la CNDH.

Nota Tomada de:

https://elpais.com/mexico/2022-06-30/el-ejercito-mexicano-en-el-punto-de-mira-tras-la-muerte-de-un-soldado-enterrado-vivo.html

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometió a consideración la iniciativa presentada por la diputada Sallard Hernández, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Protección a los Animales y Decreto que Adiciona la Fracción XI al Artículo 342 del Código Penal, ambos para el Estado de Sonora.

La Legisladora dio a conocer que la iniciativa contiene modificaciones a la Ley de Protección a los Animales, en las que se adiciona una fracción dentro del artículo 13, estableciendo la prohibición de la detonación de pirotecnia con el fin de producir ruido que altere la salud o el normal comportamiento de los animales, ya que se
considerará como un acto de crueldad hacia estos.

“Se establece la reforma el artículo 61, a efecto de establecer que la autoridad encargada de establecer las sanciones en materia administrativa derivadas de la actualización de alguno de los supuestos que contempla la citada Ley, será la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora; así mismo se reforma el artículo 81, para establecer que la Procuraduría ambiental del Estado será la encargada de aplicar las sanciones dispuestas en la mencionada Ley.”, puntualizó.

Dijo que las modificaciones al Código Penal, consisten en adicionar un párrafo quinto al artículo 342, en el que se establece el delito de crueldad o maltrato animal, con la finalidad de establecer una agravante de una tercera parte más de la sanción cuando en el acto de maltrato o crueldad animal se emplee el uso de pirotecnia.

Recordó que, a través de unos de los mecanismos de Parlamento Abierto, la iniciativa fue socializada junto a las autoridades y asociaciones civiles, mediante mesas de trabajo en las que fue analizado el contenido de las propuestas contenidas en la iniciativa.

La diputada Brenda Córdova Búzani, presidenta de la Comisión Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, explicó que para la revisión y análisis de la iniciativa estuvieron presentes las empresas del ramo establecidas en la entidad, mismas que se comprometieron a fabricar pirotecnia solo con luces; y junto con las organizaciones civiles en materia de protección y rescate de animales, llevarán a cabo un convenio de colaboración para realizar campañas de esterilización y sobre el buen uso de la pirotecnia.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Azalia Guevara Espinoza, Alma Manuela Higuera Esquer, María Alicia Gaytán Sánchez, Ivana Celeste Taddei Arriola, Beatriz Cota Ponce, Rosa Elena Trujillo Llanes y el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez.

El proyecto de dictamen aprobado por las diputadas y el diputado presentes en la reunión será enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que sea incluido en el orden del día de una próxima sesión de Pleno.

Las inconsistencias fueron encontradas en la Dirección General de Inteligencia, así como en la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, los resultados obtenidos por los auditores fueron entregados a través de los oficios OIC/GN/185/2022 y OIC/GN/321/2022. Aunque las inconsistencias ya fueron notificadas, la dependencia no ha hecho públicos los documentos, argumentando que las versiones públicas no se han autorizado para su publicación.

“No se cuenta con la autorización para la versión pública del oficio de notificación de resultados por parte del Comité de Transparencia de la SFP, por lo que en cuanto sea autorizada la versión se pondrá a disposición dicha información”.

Nota Completa en:

https://lasillarota.com/nacion/revela-sfp-acoso-a-mujeres-policias-en-la-guardia-nacional/656912