Un total de 27 reos murieron tras ser ahorcados la tarde del domingo (09.11.2025) en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, se informó oficialmente en Ecuador.

El gubernamental Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) indicó en un comunicado que “entre ellos (los reos) cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”.

En la madrugada, en esa misma cárcel murieron otros cuatro reos y 33 resultaron heridos, así como un agente policial, informó el Snai que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

Los hechos ocurrieron en la planta del Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Machala, precisó el Sinai.

Inicialmente se había informado que 21 presos “fueron encontrados sin vida en el lugar” y que se sospechaba que las muertes habían sido producto de asfixia.

Otros cuatro murieron más temprano

En la madrugada de este domingo, en esa misma cárcel, murieron otros cuatro reos y 33 resultaron heridos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

Crisis de violencia

El pasado 1 de noviembre, 12 personas fueron halladas sin vida en tres cárceles de Ecuador, según confirmó entonces el Snai.

Seis hombres fueron encontrados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil; otros cuatro en la cárcel de Turi, de la andina Cuenca; y otros dos en la prisión de Esmeraldas, al norte del país.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del “conflicto armado interno” que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Los responsables directos de los hechos en los que murieron al menos 38 migrantes por el incendio ocurrido el lunes por la noche en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México, ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó este martes (28.03.2023) el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Aunque Ebrard refirió esa información, no precisó la cantidad ni la identidad de los presentados ante la FGR. En una serie de mensajes en Twitter, Ebrard indicó además que en el transcurso del día estableció contacto con los Gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela “para informar de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez y apoyar a sus consulados para auxiliar a víctimas y familias afectadas”.

La tarde del martes, el Gobierno mexicano había elevado a 40 el número de migrantes muertos por un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y situó el de heridos en 28, pero horas más tarde corrigió la cifra de fallecidos en 38, la mayoría guatemaltecos.

Cientos de migrantes se manifestaron y exigieron justicia en la noche del martes frente al lugar del siniestro. Los extranjeros protestaron de manera pacífica y llevaron a cabo una vigilia de oración por los migrantes que habían perdido la vida 24 horas antes.

Al acto acudió, por ejemplo, el sacerdote católico Javier Calvillo, responsable del albergue Casa del Migrante en Ciudad Juárez, quien calificó el fatal incendio como una tragedia. “Esto es una tragedia, la pérdida de una o 50 vidas es una crisis. Ya veíamos venir esto, vimos todo lo que ha pasado con ellos, los comentarios de servidores públicos como el alcalde, que dijo que estaba perdiendo la paciencia por la presencia de venezolanos”, expuso a Efe.

El Gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias. Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.

“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI en un comunicado. La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.