La suspensión fue concedida por ministro Javier Laynez Potisek tras admitir la demanda de Controversia Constitucional que interpuesta por el INE en contra de las modificaciones realizadas por el Congreso a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El ministro solicitó al Congreso y Ejecutivo Federal, que presenten su contestación dentro del plazo legal.

“(El ministro) concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, indicó la Corte en un comunicado.

“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.

“Asimismo, la SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, precisa el comunicado de la Corte.

Nota Tomada de:

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/03/24/frena-suprema-corte-el-plan-b-por-tiempo-indefinido

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, ha informado el INE la noche de este miércoles.

Con este recurso, el INE se ha sumado al coro de actores que han acudido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en busca de que anulen la primera parte del “plan B”: ya han impugnado los legisladores de la alianza Va por México —formada por el PAN, PRI y PRD— y las dirigencias de sus partidos. Los recursos presentados hasta ahora han puesto en la mira las primeras reformas que ya fueron promulgadas por el Ejecutivo. Las restantes modificaciones a otras cuatro leyes previstas en el “plan B” están aún pendientes de su último trámite en el Senado de la República, lo que se prevé suceda rápidamente este mismo mes. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha convocado a la ciudadanía a que promueva la mayor cantidad posible de recursos legales contra los cambios legales.

La impugnación presentada por el árbitro electoral ante el máximo tribunal acusa que las reformas del “plan B” se aprobaron en el Congreso violando el proceso legislativo; que los legisladores las votaron sin conocerlas y sin discutirlas, y que ambas Cámaras actuaron “en evidente subordinación” a “meros impulsos momentáneos orquestados” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INE se ha centrado en la modificación legal que indica, ahora, que no se podrán considerar propaganda gubernamental las “manifestaciones” de los funcionarios “en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”. Los partidos de la oposición han advertido de que con esta reforma se pretende que tanto López Obrador como los cuatro aspirantes presidenciales de Morena —todos ellos servidores públicos en funciones— puedan usar recursos del erario para incidir en las elecciones o hacer campaña anticipada, en detrimento del resto de sus competidores. “Las normas referentes al uso de recursos públicos y propaganda electoral, señaladas en el artículo 134 constitucional, establecen restricciones a la actividad de las personas servidoras públicas para impedir que, desde el Estado, con sus recursos, que son públicos, se ocasionen beneficios o perjuicios indebidos a algún partido o candidato para influir en la contienda, generando inequidad”, ha señalado el INE.

El árbitro electoral ha agregado en su impugnación que, encima de todo, el “plan B” merma las facultades que actualmente tiene el instituto para sancionar a los funcionarios que hagan propaganda ilegal, con el argumento de que los representantes del Estado tienen tanto derecho a la libre expresión como un ciudadano común y corriente. El INE ha sostenido que, al contrario, la libertad de expresión es un contrapeso al poder y una herramienta de escrutinio y control de la ciudadanía. “El decreto que se combate tergiversa un aspecto pilar del régimen democrático y atenta contra la función estatal del instituto, al violar el modelo de comunicación social y generar inequidad en la contienda, so pretexto del ejercicio de libertad de expresión de funcionarios públicos, cuando ese derecho fundamental es una limitante al ejercicio del poder frente a la ciudadanía, y no una libertad propia del ejercicio de un cargo público”, dice el recurso legal.

Es previsible que los ministros de la Suprema Corte esperen a que las reformas restantes del “plan B” terminen su tránsito en el Senado para recibir y acumular todas las impugnaciones y votarlas en conjunto. El máximo tribunal está a contrarreloj, pues las modificaciones a las leyes impactan directamente en los calendarios electorales de este año y de 2024, e implican una profunda reforma institucional al propio INE que pasa por la eliminación de áreas y recortes masivos de personal capacitado.

Nota Tomada de:

https://elpais.com/mexico/2023-02-02/el-ine-impugna-ante-la-suprema-corte-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador.html

En respuesta a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el Presupuesto de Egresos referente al organismo electoral, ordenando a los diputados rectificar el recorte o, en su caso, justificar esa medida.

Así, con 259 votos a favor, 212 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Comisión de Presupuesto en defensa de su facultad exclusiva de discutir, modificar y, en su caso, aprobar el Presupuesto de Egresos, la cual debe cumplir sin injerencia alguna y en apego al principio de división de poderes.

“Sin buscar afectar la autonomía presupuestaria del INE ni poner en riesgo la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, se reitera que corresponde a la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación anualmente, incluyendo el monto asignado a dicho Instituto”, puntualizó.

El documento señala asimismo que la reducción al INE para el ejercicio fiscal 2022 “no fue significativa”, pues se le asignó una partida suficiente para satisfacer las necesidades públicas encomendadas a su cargo.

Además, en su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal se este año, el organismo electoral no se apegó a los Criterios Generales de Política Económica correspondientes a dicho ejercicio.

“Resulta evidente que el INE, de todos los organismos constitucionalmente autónomos, es el que menos se ha apegado a este principio de austeridad republicana, eje rector de la presente administración”, agrega.

Detalla que la reducción promedio en los anteproyectos de los organismos constitucionalmente autónomos entre 2018 y 2022 es de 23.8 por ciento, por lo que se concluye que el presupuesto base del INE debe reducirse en la misma proporción.

Con ello, el presupuesto base del INE para 2022 pasaría de 11 mil 225 millones de pesos a 8 mil 555 millones, con una reducción de 2,669.62 millones de pesos.

“Se detecta que el instituto no ha ajustado sus proyectos de presupuesto en la misma medida que otros organismos constitucionalmente autónomos y no ha atendido los criterios de administración de los recursos federales, particularmente los de economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas”, advierte la comisión.

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https://www.milenio.com/politica/diputados-confirman-recorte-ine-4-mil-913-mdp