El proyecto promovido por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que contó con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, será enviado al Senado de la República.

Argumentaron que ante la necesidad de adecuar el límite del gasto en comunicación social, se decisión eliminar para entidades, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, el tope de 0.1 por ciento del presupuesto anual al gasto en comunicación social que continuará aplicando al Gobierno Federal.

La norma se aprueba en el contexto de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, en la víspera del arranque del proceso electoral federal 2024.

También, de la puesta en marcha del “plan b” de la reforma electoral y su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el debate en comisiones, los legisladores que se manifestaron a favor consideraron que la reforma “corrige” un “error” cometido en la aprobación del paquete de cambios a la ley electoral.

Entidades y municipios pondrán su propio tope al gasto en comunicación

Al fundamentar el proyecto respecto al que no hubo quejas, posicionamientos en contra ni reclamos, el diputado de Morena, Julio César Moreno, aseguró que los cambios contribuyen a eliminar ambigüedades en la ley.

Desde la Tribuna, recalcó que se trata de permitir a los gobiernos estatales, municipales y en las alcaldías de la Ciudad de México que pongan su propio límite de gasto en comunicación social.

Para el Ejecutivo Federal, se mantiene el tope de gasto en 0.1 por ciento del presupuesto.

Autorregulación evitará derroches

Aunque se abre la llave del gasto en publicidad a gobiernos locales, el diputado Moreno Rivera indicó que afirmó que habrá candados y medidas para evitar el derroche.

“Para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cumplan cabalmente con la obligación de transparentar y publicitar sus acciones ante sus gobernados”, dijo.

“Con esta reforma se les faculta a las entidades para establecer su propio límite de gastos en materia de comunicación social”, abundó.

El congresista de Morena aseveró que si bien habrá libertad para el gasto en comunicación social en gobiernos locales, éstos deberán evitar la discrecionalidad, cumpliendo distintos “principios”.

Deberán apegarse a las normas de austeridad para evitar despilfarro, garantizar que el dinero público se usará con transparencia, eficiencia, eficacia, economía y honradez, y racionalidad presupuestaria.

Debe existir un manejo “recto” y prudente del erario, respetando las asignaciones presupuestales, añadió.

Se evitarán derroches y pagos superiores a los que hacen anunciantes privados, añadió, tomando como referencia las tarifas respectivas, registradas ante la Secretaría de Hacienda (SHCP).

La publicidad gubernamental también deberá apegarse a los principios de beneficio informativo e interés público para la población, objetividad, claridad, oportunidad, accesibilidad, utilidad e inclusión, expresó.

Tendrá que cumplir con el principio de legalidad y la correcta administración de bienes y recursos públicos; presentar contenidos “oportunos”, y cumplir con criterios de “territorialidad”, para que los mensajes a la ciudadanía lleguen a la población respectiva de cada entidad, municipio y alcaldía.

Nota Tomada de:

https://mvsnoticias.com/nacional/2023/3/22/quitan-limite-gasto-en-comunicacion-social-en-entidades-municipios-586927.html

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, ha informado el INE la noche de este miércoles.

Con este recurso, el INE se ha sumado al coro de actores que han acudido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en busca de que anulen la primera parte del “plan B”: ya han impugnado los legisladores de la alianza Va por México —formada por el PAN, PRI y PRD— y las dirigencias de sus partidos. Los recursos presentados hasta ahora han puesto en la mira las primeras reformas que ya fueron promulgadas por el Ejecutivo. Las restantes modificaciones a otras cuatro leyes previstas en el “plan B” están aún pendientes de su último trámite en el Senado de la República, lo que se prevé suceda rápidamente este mismo mes. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha convocado a la ciudadanía a que promueva la mayor cantidad posible de recursos legales contra los cambios legales.

La impugnación presentada por el árbitro electoral ante el máximo tribunal acusa que las reformas del “plan B” se aprobaron en el Congreso violando el proceso legislativo; que los legisladores las votaron sin conocerlas y sin discutirlas, y que ambas Cámaras actuaron “en evidente subordinación” a “meros impulsos momentáneos orquestados” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INE se ha centrado en la modificación legal que indica, ahora, que no se podrán considerar propaganda gubernamental las “manifestaciones” de los funcionarios “en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”. Los partidos de la oposición han advertido de que con esta reforma se pretende que tanto López Obrador como los cuatro aspirantes presidenciales de Morena —todos ellos servidores públicos en funciones— puedan usar recursos del erario para incidir en las elecciones o hacer campaña anticipada, en detrimento del resto de sus competidores. “Las normas referentes al uso de recursos públicos y propaganda electoral, señaladas en el artículo 134 constitucional, establecen restricciones a la actividad de las personas servidoras públicas para impedir que, desde el Estado, con sus recursos, que son públicos, se ocasionen beneficios o perjuicios indebidos a algún partido o candidato para influir en la contienda, generando inequidad”, ha señalado el INE.

El árbitro electoral ha agregado en su impugnación que, encima de todo, el “plan B” merma las facultades que actualmente tiene el instituto para sancionar a los funcionarios que hagan propaganda ilegal, con el argumento de que los representantes del Estado tienen tanto derecho a la libre expresión como un ciudadano común y corriente. El INE ha sostenido que, al contrario, la libertad de expresión es un contrapeso al poder y una herramienta de escrutinio y control de la ciudadanía. “El decreto que se combate tergiversa un aspecto pilar del régimen democrático y atenta contra la función estatal del instituto, al violar el modelo de comunicación social y generar inequidad en la contienda, so pretexto del ejercicio de libertad de expresión de funcionarios públicos, cuando ese derecho fundamental es una limitante al ejercicio del poder frente a la ciudadanía, y no una libertad propia del ejercicio de un cargo público”, dice el recurso legal.

Es previsible que los ministros de la Suprema Corte esperen a que las reformas restantes del “plan B” terminen su tránsito en el Senado para recibir y acumular todas las impugnaciones y votarlas en conjunto. El máximo tribunal está a contrarreloj, pues las modificaciones a las leyes impactan directamente en los calendarios electorales de este año y de 2024, e implican una profunda reforma institucional al propio INE que pasa por la eliminación de áreas y recortes masivos de personal capacitado.

Nota Tomada de:

https://elpais.com/mexico/2023-02-02/el-ine-impugna-ante-la-suprema-corte-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador.html