Sin embargo, en diciembre de 2024, la revista científica Nature publicó los resultados de un experimento que sacudió esa certeza. Diez personas con VIH dejaron de tomar medicamentos antirretrovirales después de recibir tratamientos experimentales.

Lo que pasó después sorprendió incluso a los investigadores: 7 de los 10 pacientes mantuvieron el virus bajo control sin tomar una pastilla. Debido a que se trató de un estudio pequeño, sus autores son los primeros en advertir que aún faltan años de investigación antes de que se convierta en un tratamiento real.

La buena noticia es que, por primera vez, hay evidencia científica publicada de que el sistema inmunológico humano puede ser entrenado para controlar el VIH por sí mismo.

Esto es lo que hicieron los investigadores y por qué importa el estudio sobre un tratamiento experimental contra el VIH.

Así empezó el experimento que cambiaría los tratamientos contra el VIH

El experimento surgió a partir de una pregunta que el investigador Steven Deeks se planteó cuando los pacientes con VIH parecían recibir una sentencia de muerte. Deeks llegó por primera vez al Pabellón 86 del Hospital General de San Francisco en 1993.

En ese entonces, más de tres personas morían cada día por sida en la ciudad. La mayoría eran hombres menores de 45 años. En aquella época existían solo unos cuantos medicamentos contra el VIH. Algunos retrasaban el avance de la enfermedad, pero eran tóxicos y no suprimían el virus.

“Más de la mitad de las camas del hospital tenían personas jóvenes, previamente sanas, muriendo de una enfermedad incurable”, recuerda Deeks.

La mayoría de los pacientes eran hombres gays de alrededor de 30 años, involucrados en el activismo contra el sida y en la investigación científica. Desde ese momento, Deeks puso especial atención en casos que no seguían el comportamiento esperado y los retomó como guía para su trabajo.

La historia del VIH cambió radicalmente a mediados de los años noventa, cuando las combinaciones de medicamentos antirretrovirales suprimieron el virus de manera eficaz. En San Francisco, las muertes anuales por sida pasaron de más de mil en 1995 a menos de 200 tres años después.

Sin embargo, aún había un problema. Los antirretrovirales controlaban el virus, pero este permanece escondido durante años dentro de células inmunológicas. Por eso, cuando una persona deja el tratamiento, el VIH casi siempre vuelve.

Esa limitación mantuvo viva la pregunta que Deeks se planteó: ¿y si el sistema inmunológico aprende a mantener el virus bajo control? A partir de 2020, Deeks y sus colegas comenzaron un estudio intensivo en el que diez personas con VIH acudieron aproximadamente 50 veces al Hospital General de San Francisco.

Los voluntarios tenían el virus suprimido gracias a antirretrovirales, pero aceptaron participar en un protocolo experimental diseñado para fortalecer su sistema inmunológico. Los investigadores combinaron varias estrategias.

¿Cómo funciona el tratamiento experimental contra el VIH?

Una de ellas fue una vacuna terapéutica contra el VIH, destinada a estimular las células T capaces de reconocer y atacar al virus. También utilizaron anticuerpos ampliamente neutralizantes, fabricados en laboratorio, capaces de reconocer diferentes variantes del VIH y ayudar a contenerlo.

El protocolo incluyó además lefitolimod, sustancia que estimula determinadas vías de la respuesta inmunitaria. Después de recibir las intervenciones, los participantes suspendieron sus medicamentos antirretrovirales bajo una vigilancia médica cercana.

No se trató de una suspensión improvisada ni de una recomendación para pacientes fuera del estudio. Los investigadores establecieron controles frecuentes y criterios para volver a iniciar el tratamiento si el virus alcanzaba determinados niveles o si la salud de los participantes se deterioraba.

Normalmente, cuando una persona interrumpe los antirretrovirales, el VIH reaparece en cuestión de semanas. Sin embargo, ocurrió algo diferente.

Seis pacientes mantuvieron cargas virales bajas durante meses. En uno de los participantes, el VIH no había regresado a niveles detectables más de 18 meses después de la interrupción del tratamiento.

El resultado no significaba que el virus hubiera desaparecido.

Pero el organismo parecía estar haciendo algo que normalmente no consigue por sí solo: contener al VIH sin la ayuda continua de los antirretrovirales. Para Deeks, esa diferencia es fundamental.

“Por primera vez, demostramos que podemos remodelar significativamente la respuesta inmunológica al VIH para que conduzca a un control parcial, al menos en algunas personas”, explicó.

¿Cómo se ‘frena’ el virus del VIH según el tratamiento experimental?

Los investigadores encontraron señales de que determinadas respuestas inmunológicas se activaban semanas antes de que el VIH volviera a ser detectable.

Los especialistas observaron una expansión de células CD8+, componentes del sistema inmunológico capaces de reconocer y destruir células infectadas. Esto explicaría por qué algunos contuvieron el virus después de que los antirretrovirales dejaron de bloquear directamente su replicación.

En 2011, Deeks conoció a Timothy Ray Brown, conocido como el “paciente de Berlín”, la primera persona ampliamente reconocida como curada del VIH. Brown había recibido en Alemania un trasplante de células madre para tratar una leucemia. Las células del donante tenían una mutación genética poco común que impedía al VIH entrar en sus células objetivo habituales.

Después del trasplante, Brown dejó los medicamentos antirretrovirales. El virus no regresó. Por eso, Deeks comenzó a estudiar a Brown.

Su caso, junto con el de los controladores de élite, reforzó una posibilidad que durante años parecía casi imposible: quizá no es necesario eliminar cada partícula del VIH para conseguir una remisión. Quizá basta con lograr que el sistema inmunológico pudiera mantenerlo permanentemente bajo control.

A pesar de que todavía no existe una única ruta hacia una posible remisión del VIH. Los investigadores exploran vacunas, anticuerpos, modificación genética de células y diferentes formas de estimular al sistema inmunológico.

Comprar café no consiste únicamente en elegir entre un tueste intenso, un aroma suave o una marca conocida. La información impresa en el empaque también importa, porque permite conocer qué producto se está adquiriendo, cuánto contiene y cómo debe interpretarse su fecha de consumo.

Es importante precisar que incumplir una norma de etiquetado no equivale necesariamente a demostrar que un café es peligroso para la salud. Las observaciones deben entenderse según el tipo de irregularidad que presentó cada producto.

Cuáles son las marcas de café que no cumplen con las normas de calidad

Entre los productos señalados en el análisis aparecen las siguientes diez marcas o presentaciones:

Café Alpont: presentó observaciones relacionadas con la denominación de origen Café Chiapas y la declaración del contenido neto.

Café Mis Raíces Vehav: fue señalado por incumplimientos relacionados con la denominación de origen Café Chiapas.

Café Punta del Cielo: su etiqueta puede generar confusión entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente.

Punta del Cielo Cosecha Premium: presentó una observación similar sobre la indicación de fechas en el empaque.

Kaapeh: fue señalado por el uso de información sobre fechas que puede confundirse con una caducidad.

Los Portales de Córdoba: se reportaron deficiencias en la presentación de datos como el lote y la fecha de consumo preferente.

Los Portales de Córdoba Mezclado: también presentó observaciones en la información del empaque.

Segafredo Zanetti Espresso: se detectó una indicación de fecha que podía confundirse con la caducidad.

Segafredo Zanetti Emozioni: presentó una observación relacionada con la forma de informar la fecha del producto.

Café Mexicano: fue señalado por no acreditar la leyenda comercial “Fórmula irresistible” en su empaque.

Las irregularidades no fueron iguales para todas las presentaciones. En algunos casos se relacionaron con la forma de informar las fechas; en otros, con el contenido neto, los datos de identificación o la denominación de origen. Por eso, no sería correcto afirmar que las diez marcas incumplieron exactamente el mismo requisito.

La distinción entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente también es relevante. La primera se relaciona con el límite de seguridad establecido para un producto, mientras que la segunda indica hasta cuándo se espera que conserve determinadas características de calidad. No significan lo mismo y deben interpretarse según la información y las condiciones de conservación aplicables.

Cuáles son las marcas que sí pasaron el control de calidad de Profeco

Entre los productos que el reporte consultado identifica con una evaluación favorable se encuentran Blasón Gourmet, Precíssimo, La Parroquia de Veracruz, Gila Café, Café La Finca, Café El Marino y Café El Marino Artesanal.

La publicación también indica que todos los cafés descafeinados incluidos en el estudio cumplieron con la normatividad y el etiquetado revisados. En el grupo de cafés mezclados y molidos, tres de los cuatro productos evaluados cumplieron con los requisitos examinados.

Estas conclusiones deben leerse dentro del alcance del estudio: que un producto haya cumplido con los parámetros revisados no significa que sea el mejor para todos los gustos, ni que su calidad sensorial sea superior a la de otras marcas. La evaluación se refiere a los aspectos técnicos y comerciales que se analizaron.

El estudio incluyó diferentes categorías. Se examinaron 24 productos de café tostado y molido puro, cinco descafeinados y cuatro mezclados con caramelo o azúcar. Entre los parámetros revisados se encontraban el contenido neto, la humedad, los azúcares, las cenizas, las grasas, los almidones y la cafeína, además de los requisitos de etiquetado.

En materia de cafeína, el artículo consultado señala que el café descafeinado no está completamente libre de esta sustancia. También refiere los límites contemplados en la norma aplicable a los productos analizados. Por eso, la denominación “descafeinado” no debe interpretarse como sinónimo de ausencia absoluta de cafeína.

La información de Profeco permite recordar algunas comprobaciones sencillas al momento de elegir un producto. Primero, conviene leer la denominación y el contenido neto para confirmar qué presentación se está comprando. También es útil revisar que los datos del empaque puedan leerse con claridad y que la información sobre fechas no resulte ambigua.

Otro punto es comprobar que el paquete esté íntegro y que las condiciones de conservación sean adecuadas. El calor, la humedad y la exposición prolongada al aire pueden afectar el aroma y las características del café, incluso cuando el producto se encuentra dentro de su periodo de consumo.

Si una etiqueta contiene información confusa, el consumidor puede consultar las indicaciones del fabricante y los canales oficiales de Profeco para verificar qué significa. Los estudios comparativos sirven para tomar decisiones informadas, pero deben interpretarse a partir de las observaciones concretas y no como una condena general de todos los productos de una marca.

En el marco del Roche Press Day 2026: Salud como inversión, Kenneth Bradley, jefe global de Descubrimiento de Enfermedades Infecciosas de Roche, explicó cómo la inteligencia artificial (IA) y la innovación científica están transformando la investigación y ampliando las capacidades de los científicos para identificar moléculas con potencial para convertirse en nuevos tratamientos.

“Una de las cosas que la inteligencia artificial nos está ayudando a hacer es ampliar la cantidad de moléculas que podemos considerar desarrollar, porque ahora podemos realizar gran parte del trabajo de manera virtual. Esto significa que no tenemos que invertir recursos en fabricar miles de millones de moléculas”, afirmó Bradley.

La resistencia a los antibióticos en un tema de gran relevancia para la salud pública. En 2019 se registraron aproximadamente 4,95 millones de muertes asociadas con la resistencia bacteriana a los antimicrobianos, de las cuales 1,27 millones fueron atribuibles directamente a esta causa, según un estudio publicado en la revista científica The Lancet.

Además, hay que considerar que desde finales de la década de 1960 no se ha introducido una nueva clase de antibióticos dirigida a las bacterias gramnegativas, un grupo de microorganismos que presenta importantes desafíos por su resistencia a múltiples tratamientos. Mientras tanto, las bacterias continúan desarrollando mecanismos de resistencia frente a los medicamentos disponibles.

“Una de las cosas que hace la inteligencia artificial es ayudarnos a predecir qué tipos de moléculas, o qué propiedades específicas dentro de una molécula, podrían convertirla en un buen antibiótico. Un aspecto importante es que queremos que la inteligencia artificial haga predicciones sobre moléculas que nuestros químicos realmente puedan sintetizar”, explicó Bradley.

IA para transformar la salud

Aproximadamente el 90 % de los candidatos a fármacos fracasan en los ensayos preclínicos o clínicos, y el proceso para determinar la eficiencia puede tardar más de 10 años. Para desarrollar un nuevo fármaco se requiere recolectar datos científicos y durante el proceso suele haber grandes obstáculos.

Frente a esos desafíos, Roche utiliza modelos de inteligencia artificial entrenados con millones de datos recopilados durante aproximadamente una década para analizar virtualmente los compuestos químicos en busca de potenciales antibióticos.

Este enfoque, denominado Lab in the Loop (laboratorio en el ciclo), combina las predicciones computacionales con la experimentación en laboratorio. El proceso comienza con una predicción generada por los modelos de IA; luego, los investigadores sintetizan la molécula y comprueban experimentalmente si los resultados coinciden con lo previsto. Los datos obtenidos se incorporan posteriormente a los modelos para mejorar su precisión y orientar las siguientes etapas de investigación.

A diferencia de los métodos tradicionales, que requieren producir y evaluar físicamente grandes cantidades de compuestos, este enfoque permite priorizar los candidatos más prometedores antes de pasar a la síntesis y las pruebas experimentales. De esta manera, la inteligencia artificial puede contribuir a optimizar el uso de recursos y acelerar determinadas etapas del descubrimiento de nuevos medicamentos.

Según Bradley, esta capacidad de desarrollar nuevas moléculas y encontrar soluciones innovadoras es fundamental para hacer frente a la resistencia antimicrobiana, especialmente en las regiones más afectadas por esta problemática, entre ellas América Latina.

“Creo que debemos considerar la resistencia antimicrobiana desde una perspectiva más amplia, se trata de una amenaza global, pero que no afecta de la misma manera a todas las regiones. Observamos que la resistencia antimicrobiana representa una carga desproporcionada en regiones como América Latina”, subrayó el especialista.

Expertos consultados por DW coinciden en que, pese a algunas reformas, las medidas adoptadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no han dado resultados suficientes y llaman a aceptar el apoyo de la comunidad internacional.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés), con sede en Ginebra, concluyó que existen “indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas “de manera generalizada y sistemática” contra la población civil, que podrían constituir “crímenes de lesa humanidad”.

En el país hay oficialmente más de 131.000 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que se disparó en 2006, tras el inicio de la guerra contra las drogas, y 52.000 cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes.

Las tragedias detrás de las cifras

Pero no se trata solo de cifras: “Detrás de cada víctima hay una familia que sufre”, destaca Michael Chamberlin, etnólogo y especialista en derechos humanos.

Como ejemplo, menciona a dos madres de Coahuila que viajaron a Nueva York y llevan 16 años buscando, respectivamente, a su esposo y a su hijo. Una de ellas todavía no tiene más que una carpeta de investigación sin avances.

“En aquellos años, los cárteles se llevaron a muchos hombres de entre 20 a 30 años para trabajar como sicarios o mano de obra”, explica Chamberlin.

Organizaciones de derechos humanos también documentaron la colusión de policías municipales, autoridades estatales y algunas empresas con el crimen organizado para hacer desaparecer a personas.

María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, coincide con el diagnóstico de la ONU.

“Es cierto que en México la desaparición de personas es sistemática. No todas tienen que ver con el Estado, pero muchas están relacionadas con la colusión entre el crimen organizado y las autoridades, o con una impunidad de casi el 100 por ciento”, afirma.

A su juicio, los hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad, como sostiene el comité.

El Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum rechazó el informe de la ONU y negó la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas.

En Nueva York, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, reiteró la colaboración de México con organizaciones y aliados internacionales para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación e investigación.

También destacó que la estrategia nacional de búsqueda permitió localizar a más de 16.000 personas durante 2026.

Ineficiencia e impunidad perpetúan las desapariciones

Chamberlin reconoce que el Gobierno ha tomado algunas medidas. “Pero no vemos resultados”, critica.

Las instituciones encargadas de responder a la crisis tienen deficiencias de personal y capacidades técnicas. “Tenemos un sistema nacional de búsqueda, sí, pero se ha reunido dos veces en los últimos ocho años”, señala.

Y cuestiona las cifras oficiales de localización: “Están localizando datos, o sea, que se pagó algo a nombre de esa persona. Pero eso no significa que localicen a las personas”.

Morera también critica la distancia entre las reformas legales y su aplicación.

Aunque se han modificado las leyes, sostiene que la Comisión Nacional de Búsqueda no responde adecuadamente a las necesidades de las familias, que siguen buscando por sus propios medios.

“Es atroz que la gente tenga que ir con picos y palas a buscar a sus familiares”, afirma la experta.

A ello se suma la acumulación de restos humanos sin identificar en servicios médicos forenses y fiscalías.

Según Morera, ha habido casos de madres que buscaban a sus hijos sin saber que sus restos ya habían pasado por una fiscalía.

La creación de un banco nacional de ADN quedó pendiente, y el centro forense impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura, se quedó sin personal y equipamiento suficientes.

Para Chamberlin, el problema se agrava por la impunidad. “Es un mensaje que permite a los responsables seguir cometiendo ese delito”, advierte.

El Estado conoce desde hace dos décadas las deficiencias del sistema sin corregirlas, lo que, en su opinión, genera una “responsabilidad por omisión”.

Morera atribuye parte de esa parálisis a la falta de reconocimiento político del problema.

A su juicio, el Gobierno evita admitir no solo las desapariciones, sino también otros delitos graves, como los homicidios, los feminicidios y la extorsión.

“Tenemos muchas leyes avanzadas, pero a la hora de la verdad no se llevan a la práctica”, cuestiona.

“Déjense ayudar”, piden los expertos

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no establece sanciones automáticas por ser llamado a comparecer ante la Asamblea General. El presidente del CED, Juan Pablo Albán, explicó en una entrevista con el programa Aristegui Noticias que el mecanismo no tiene una finalidad punitiva, sino que busca colaborar con los Estados para mejorar sus políticas públicas. “Déjense ayudar”, fue su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Morera considera que reconocer la magnitud de la crisis permitiría fortalecer los mecanismos de búsqueda y recuperar la confianza pública.

En su opinión, la confrontación con los organismos internacionales solo agrava el aislamiento de México, mientras que aceptar las deficiencias y comprometerse a corregirlas abriría una vía para obtener resultados concretos.

Para las familias, el tiempo perdido no se recupera. Morera espera que la presión internacional obligue al Estado a actuar: “Ojalá las instancias internacionales logren ponerle un alto y se vea forzado a crear un laboratorio forense y a hacer que funcione el sistema de búsqueda.”

Construir un sistema de justicia y verdad es importante, destaca la experta, para ayudar a cerrar el círculo de dolor.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Donald Trump intensificó la presión sobre México para conseguir un golpe contra los cárteles del narcotráfico que pueda presentar como una victoria política antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, al mismo tiempo que busca cerrar un acuerdo comercial con la administración de Claudia Sheinbaum.

La presión ocurre en dos frentes decisivos para la relación bilateral: la seguridad y el comercio. Mientras Washington plantea una mayor participación de sus agentes en operaciones contra organizaciones criminales dentro del territorio mexicano, Trump asegura que ambos países están cerca de alcanzar un acuerdo para resolver sus diferencias comerciales, particularmente las relacionadas con los aranceles y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con una investigación publicada este sábado por The New York Times, funcionarios estadunidenses entregaron en las últimas semanas a las autoridades mexicanas un documento que propone mecanismos para permitir que personal de seguridad de Estados Unidos acompañe operaciones contra los cárteles en territorio nacional.

“Trabajamos con México para combatir el narcotráfico, pero los cárteles controlan el país”: Trump

El periódico, que cita a funcionarios de ambos países, señala que la Casa Blanca pretende obtener resultados concretos en materia de seguridad antes de los comicios de medio término, en los que estará en juego el control del Congreso estadunidense.

La propuesta representa un nuevo episodio de las tensiones entre ambos gobiernos por los límites de la cooperación bilateral. Mientras Trump insiste en involucrar directamente a sus fuerzas de seguridad en el combate a las organizaciones criminales mexicanas, Sheinbaum ha sostenido que la colaboración puede incluir intercambio de inteligencia y coordinación institucional, pero no operaciones extranjeras que vulneren la soberanía nacional.

La nueva exigencia también introduce un componente electoral: Washington busca resultados dentro de un calendario definido por las necesidades políticas del presidente estadunidense, no necesariamente por las prioridades operativas de las instituciones mexicanas.

La presión sobre la seguridad

Según The New York Times, la administración Trump pretende ampliar la participación estadunidense en las acciones contra los cárteles mediante una propuesta formal entregada a México.

El documento plantea la posibilidad de que agentes estadunidenses acompañen operaciones de las fuerzas mexicanas, una modalidad que supondría un nivel de intervención distinto del intercambio de inteligencia y la asistencia técnica que forman parte de la cooperación bilateral.

La propuesta se produce después de meses de presiones de Washington para conseguir una participación más directa en el combate al narcotráfico, particularmente contra las organizaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Desde enero, la administración Trump había impulsado la posibilidad de incorporar militares de operaciones especiales o agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a incursiones contra laboratorios clandestinos en México.

El planteamiento contemplaba que personal estadunidense acompañara a elementos militares mexicanos durante las operaciones, una posibilidad que el gobierno de Sheinbaum ha rechazado cuando implica la intervención directa de fuerzas extranjeras.

Las presiones se intensificaron después de que Washington designó a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que amplió los instrumentos jurídicos y financieros disponibles para actuar contra esas estructuras criminales.

En febrero, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una operación en la que se utilizó inteligencia estadunidense, representó uno de los resultados más relevantes de la cooperación bilateral.

Sin embargo, de acuerdo con los funcionarios citados por el periódico estadunidense, ese resultado solamente redujo de manera temporal las exigencias de Washington, que posteriormente reanudó sus presiones para conseguir nuevas acciones contra los cárteles.

En septiembre, el propio New York Times había informado que el gobierno de Trump suspendió provisionalmente sus planes de realizar ataques aéreos contra organizaciones criminales dentro de México, en un contexto de mayor cooperación en seguridad y avances en las negociaciones comerciales.

La suspensión de esos planes no significó el abandono de las exigencias estadunidenses, como revela la nueva propuesta entregada a las autoridades mexicanas.

El frente comercial

La nueva presión sobre México coincide con un momento decisivo de las negociaciones comerciales entre ambos países.

El lunes 19 de octubre, durante un mitin político en Kansas, Trump aseguró que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar un gran acuerdo comercial con México, mediante el cual pretende reducir el déficit comercial que mantiene con su vecino del sur.

El mandatario sostuvo que México y Washington se encontraban próximos a cerrar las negociaciones, aunque no presentó los términos del eventual entendimiento.

Un día después, Sheinbaum confirmó que existían avances importantes, pero reconoció que todavía permanecían asuntos pendientes.

“Estamos muy cerca, todavía hay algunos temas”, declaró la presidenta, quien explicó que el objetivo mexicano consiste en reducir los aranceles sobre productos como automóviles, acero y aluminio, además de impedir la imposición de nuevas tarifas.

Las conversaciones se desarrollan después de que Washington decidió no extender automáticamente la vigencia del T-MEC, lo que abrió una etapa de revisiones y negociaciones para resolver las diferencias entre los socios comerciales.

El tratado continúa vigente, pero Estados Unidos ha optado por negociar separadamente con México y Canadá diversos asuntos relacionados con su aplicación y sus condiciones comerciales.

Entre los principales puntos de conflicto se encuentran los aranceles estadunidenses del 25% sobre determinados automóviles y del 50% sobre el acero y el aluminio, así como las reglas de origen de la industria automotriz.

Trump también ha insistido en reducir el déficit comercial de Estados Unidos con México, que ha situado en alrededor de 150 mil millones de dólares.

La negociación tiene, además, un calendario político. En septiembre, la agencia Reuters informó, con base en seis fuentes familiarizadas con las conversaciones, que ambos gobiernos buscaban alcanzar un entendimiento bilateral antes de las elecciones del 3 de noviembre.

De esta manera, tanto las negociaciones comerciales como las exigencias de seguridad coinciden con la recta final de la campaña electoral estadunidense.

La muerte de un recién nacido en el Hospital General IMSS-Bienestar de Guerrero ha generado indignación y reavivado el debate sobre la negligencia médica y la violencia obstétrica en el sistema de salud pública. De acuerdo con la información confirmada, la madre del menor esperó tres horas para que se le practicara una cesárea, periodo durante el cual no recibió la atención médica especializada necesaria, lo que derivó en el fallecimiento del bebé.

Este caso se suma a una serie de recomendaciones recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha documentado deficiencias graves en la atención obstétrica en hospitales del IMSS-Bienestar en Guerrero. La CNDH ha exigido la reparación integral del daño para la familia afectada, así como medidas para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

La situación ha puesto en el centro del debate la falta de personal especializado, la ausencia de protocolos efectivos y la discriminación hacia mujeres indígenas, factores que han sido señalados como causas recurrentes de muertes neonatales en la región.

¿Qué se sabe sobre el caso en IMSS-Bienestar Guerrero?

De acuerdo con los hechos documentados, la madre del recién nacido acudió al Hospital General IMSS-Bienestar en Guerrero para recibir atención médica durante el parto. Sin embargo, tuvo que esperar alrededor de tres horas para que se le realizara una cesárea, debido a la falta de personal médico especializado y a la ausencia de respuesta oportuna por parte del hospital.

Durante ese tiempo, no se le brindó la atención adecuada ni se realizaron los procedimientos necesarios para salvaguardar la vida del bebé. Finalmente, el recién nacido falleció sin haber recibido la intervención médica que podría haber evitado el desenlace fatal.

La madre señaló que, poco después del parto, notó que su bebé presentaba una coloración morada en la boca, por lo que pidió al personal médico que lo examinara. Sin embargo, aseguró que le indicaron que se trataba de algo “normal” y que no había motivos para alarmarse.

En su denuncia, afirmó que alrededor de las 23:00 horas las enfermeras se fueron a cenar debido a un convivio y que, cerca de 15 minutos más tarde, su hijo perdió la vida. Según su versión, durante ese periodo el recién nacido no recibió la atención que requería.

La CNDH intervino tras recibir la denuncia y, tras una investigación, determinó que existieron omisiones, deficiencias e incumplimientos en la atención proporcionada. Entre los hallazgos, se destaca que la unidad hospitalaria no contaba con ginecólogo ni pediatra de guardia, lo que retrasó la atención y agravó la situación.

¿Qué dice la CNDH sobre la negligencia y la violencia obstétrica?

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha calificado este y otros casos similares como violencia obstétrica, un fenómeno que implica la falta de atención adecuada, la discriminación y la omisión de cuidados médicos durante el embarazo, parto y puerperio. En su recomendación más reciente sobre el caso de Ometepec, Guerrero, la CNDH señaló que la madre, una mujer indígena ñomndaa, esperó más de 10 horas sin recibir atención especializada, lo que resultó en la muerte de su hija recién nacida.

La CNDH ha documentado un patrón de negligencia médica en hospitales del IMSS-Bienestar en Guerrero, donde la falta de personal, la ausencia de monitoreo sistemático y la discriminación hacia mujeres indígenas han sido factores determinantes en la ocurrencia de muertes neonatales.

En respuesta, la CNDH ha exigido al IMSS-Bienestar la reparación integral del daño, que incluye atención psicológica y tanatológica para las familias afectadas, así como la capacitación del personal médico en derechos humanos y atención obstétrica.

¿Cuántos casos similares han ocurrido en Guerrero?

El caso más reciente no es un hecho aislado. En los últimos meses, la CNDH ha emitido al menos tres recomendaciones por muertes neonatales relacionadas con negligencia médica en hospitales del IMSS-Bienestar en Guerrero. Entre los casos documentados se encuentran:

Ometepec (Recomendación 26/2026): Muerte de una recién nacida tras más de 10 horas de espera sin atención especializada.
Atoyac de Álvarez (Recomendación 13/2026): Fallecimiento de una bebé por falta de atención oportuna y deficiencias en el manejo obstétrico.
Mártir de Cuilapan: Investigación de oficio por la muerte de una recién nacida, tras protestas de familiares por presunta negligencia.

En agosto de 2026, el IMSS-Bienestar acumuló tres recomendaciones de la CNDH en apenas 21 días, lo que evidencia una crisis sistémica en la atención obstétrica en la entidad.

¿Qué exige la CNDH y qué acciones se han tomado?

Ante la gravedad de los hechos, la CNDH ha exigido al IMSS-Bienestar:

Reparación integral del daño a las familias afectadas.
Atención psicológica y tanatológica especializada.
Capacitación obligatoria para el personal médico y administrativo en derechos humanos y atención obstétrica.
Implementación de protocolos para garantizar la presencia de especialistas en ginecología y pediatría.
Mejoras en la infraestructura y equipamiento de las unidades hospitalarias.

El IMSS-Bienestar ha sido instruido a cumplir con estas recomendaciones y a informar periódicamente sobre los avances en su implementación. Sin embargo, organizaciones civiles y familiares de las víctimas han señalado que los cambios estructurales aún son insuficientes para garantizar la seguridad de las pacientes y sus hijos.

¿Qué pueden hacer las familias ante casos de negligencia médica?

Las familias que consideren haber sido víctimas de negligencia médica o violencia obstétrica pueden presentar una queja ante la CNDH o la Comisión de Derechos Humanos de su estado. Es importante documentar los hechos, conservar los registros médicos y buscar asesoría legal para garantizar que se respeten sus derechos y se investigue a fondo el caso.

Además, organizaciones civiles especializadas en derechos humanos y salud materna pueden brindar acompañamiento y orientación durante el proceso de denuncia y reparación.

La adolescente echaba de menos la comida de su madre, sus abrazos y sus pequeños y cotidianos rituales de la vida en común: leer, ir de compras y cantar.

“Por favor, se lo ruego. Quiero ver a mi madre”, garabateó en una libreta que le dieron durante su detención, según pudo ver CNN.

El encarcelamiento de Runa —y su muerte meses después de su liberación— es ahora objeto de una demanda interpuesta por su madre contra la policía de la prefectura de Hyogo, en la que alega arresto y detención ilegales.

El proceso judicial se inició esta semana en un caso que ha puesto de relieve el trato que Japón dispensa a los menores sospechosos de delitos.

“Siento mucho lo que le pasó a Runa por no haber podido protegerla”, declaró a CNN entre lágrimas y con la respiración entrecortada Yoko, la madre de Runa, que usa un seudónimo por motivos de privacidad. CNN ha omitido el nombre completo de Runa a petición de su madre, por la misma razón.

Yoko afirmó que la policía japonesa retuvo a la joven de 16 años durante 18 días el año pasado bajo sospecha de agresión en la residencia que dirige para personas con necesidades especiales.

La policía se negó a hacer comentarios o compartir detalles de la denuncia, y CNN no ha podido verificar de forma independiente las acusaciones.

Yoko afirmó que su hija simplemente intentó impedir que un residente alterado mordiera a otros sujetándole la barbilla con la mano. Runa negó la acusación y nunca fue acusada.

Durante su encarcelamiento, Runa dejó de comer y, tras su liberación, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático.

Estoy ansiosa por saber si podré ver a mi madre. No he hecho nada malo, pero estoy en estado de shock y no puedo comer”.

Su peso siguió disminuyendo y murió cinco meses después, pesando alrededor de 20 kilogramos, el peso promedio de una niña de 6 años.

Su madre soltera reclama 109 millones de yenes (US$ 700.000) en concepto de daños y perjuicios, alegando arresto y detención ilegales que, según ella, provocaron la muerte de Runa.

“Quiero que la policía y los fiscales reflexionen sobre su deber de cuidar a las personas y proteger a los ciudadanos, y de decir la verdad en los tribunales”, apuntó.

Las normas relativas a los menores bajo custodia

Japón tiene fama de practicar la “justicia de rehenes”, un término que se refiere a la detención de sospechosos sin cargos durante mucho más tiempo del que permitiría la ley en otros países, a menudo durante días, si no semanas.

Pero el país también cuenta con normas estrictas que rigen el trato que deben recibir los menores durante una investigación penal. Según la Ley de Menores de Japón, los menores solo deben ser encarcelados cuando sea “inevitable”.

Sin embargo, la abogada defensora Megumi Wada afirmó que el significado de “inevitable” nunca se había definido claramente y que estaba sujeto a la interpretación de las autoridades.

Quiero verlos a todos lo antes posible. Por favor, se lo ruego”.

Según las estadísticas gubernamentales, más de 6.000 sospechosos menores de 20 años fueron detenidos en 2024, y de ellos, 4.000 permanecieron detenidos durante más de 15 días.

La decisión de negarle a Runa el acceso a su madre y de mantenerla detenida durante más de dos semanas ha desconcertado a los abogados, planteando dudas sobre si las medidas para proteger a los menores detenidos están funcionando.

Mikio Uehara, fiscal convertido en abogado defensor, afirmó que la muerte de Runa fue “sumamente trágica”. “Tengo serias dudas sobre si la detención era realmente necesaria”, añadió.

Al ser consultada sobre los motivos de la detención de Runa, la policía de la prefectura de Hyogo declaró que no haría comentarios sobre los detalles de casos individuales.

“Este asunto es actualmente objeto de una demanda pendiente por indemnización estatal, y la postura de la prefectura quedará clara ante el tribunal”, declaró un portavoz.

El Ministerio de Justicia de Japón ha rechazado reiteradamente las acusaciones de “justicia de rehenes”, afirmando que tiene debidamente en cuenta los derechos de las personas acusadas de delitos.

Una vida trastocada

La familia gestiona una residencia de ancianos en la prefectura de Hyogo, situada al noroeste de Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón.

Runa, que creció rodeada de personas que necesitaban cuidados especiales, era una “niña alegre” que aspiraba a hacerse cargo algún día de la residencia de ancianos familiar, según contó su madre.

“Aunque su vida fue corta, de tan solo 16 años, vivió cada día sin olvidar jamás la compasión y el cariño hacia los demás”, afirmó Yoko.

Pero la detención de Runa el 17 de junio del año pasado, cuatro meses después de la supuesta agresión, lo cambió todo.

La policía la detuvo en la residencia de ancianos y se la llevó antes de que su madre, que había regresado apresuradamente al centro al enterarse de la noticia, tuviera la oportunidad de verla, recordó Yoko.

Durante los siguientes 18 días, Yoko tuvo prohibido visitar Runa debido a una orden solicitada por la fiscalía —y concedida por un tribunal— ante la preocupación de que ella, como propietaria del centro, pudiera manipular las pruebas.

A través del abogado de Runa, supo que su hija no se alimentaba correctamente. Sin embargo, según declaró, nunca le informaron de la gravedad de la situación, ya que las autoridades rechazaron sus solicitudes de los registros de alimentación de Runa.

¿Esto es lo que pasa aunque no hayas hecho nada malo? Por favor, devuélveme mi libertad… Quiero ver a mi madre”.

Nota sin fecha de Runa, traducida por CNN del japonés.

La noche anterior a su liberación, la adolescente se desmayó y fue trasladada de urgencia al hospital, según relató.

A la mañana siguiente, Yoko quedó conmocionada por lo que vio.

“Estaba hecha un esqueleto y salió gritando y llorando”, recordó Yoko.

“Su andar era tan débil que le costaba un esfuerzo enorme caminar tan solo 10 metros, ni siquiera 5”, mencionó, y añadió que tuvieron que llevarla en brazos hasta el coche.

Una niña ansiosa

Aparte de sus notas garabateadas, se conocen pocos detalles sobre la experiencia de Runa durante su detención, según su abogado, Yoshihiro Mukai.

“Cuando la conocimos, estaba abrumada por la ansiedad y preguntaba repetidamente qué sería de ella”, declaró Mukai a CNN sobre sus encuentros durante su detención.

Japón cuenta con centros —conocidos como Shonen Kanbetsu Sho— dedicados al alojamiento temporal de menores sospechosos.

Sin embargo, el abogado defensor Wada afirmó que rara vez se utilizan cuando la detención dura menos de dos semanas, lo que provoca que los menores se enfrenten a condiciones similares a las de los adultos.

No está claro por qué Runa no fue trasladada a un centro de detención juvenil después de las dos primeras semanas bajo custodia.

Wada también señaló otra peculiaridad en el caso de Runa. “Nunca he visto casos en los que los padres no pudieran ver a los sospechosos”, indicó.

Una directriz policial independiente exige que los investigadores hagan todo lo posible por atender las solicitudes de los menores sospechosos de estar acompañados por un adulto apropiado, como uno de sus padres, incluso durante el interrogatorio.

Sin embargo, este derecho no es absoluto, afirmó Tomonobu Ishida, profesor de derecho en la Universidad Meiji de Tokio.

“Se trata esencialmente de normas internas o directrices administrativas para la policía y, por lo tanto, no tienen fuerza jurídica vinculante”, explicó Ishida.

¿Es verdad que no puedo verla…? Estoy preocupada. Quiero que me dejen irme a casa el 27”.

Nota de Runa fechada el 19 de junio de 2025, traducida por CNN del japonés.

“Sin embargo, incluso suponiendo que existiera un riesgo real de destrucción de pruebas, personalmente me resulta difícil ver cómo un período de detención relativamente largo podría considerarse proporcionado, dada la naturaleza relativamente leve de la conducta alegada y el hecho de que era menor de edad”, apuntó Ishida.

Llamamientos al cambio

Según Yoko, tras la liberación de Runa a principios de julio pasado, ella empezó a desconfiar de los adultos, incluidos los médicos y enfermeras que la atendían.

Yoko contó que intentaron darle alimentos que pudieran reanimarle el apetito —desde helado hasta frutos secos—, pero “todo le sentaba mal”. La desconfianza de Runa hacia el sistema complicó las labores para salvarla, ya que se negaba a ser trasladada al hospital.

La psiquiatra Mai Uchida afirmó que es fundamental no confundir a los adolescentes con una “versión en miniatura” de los adultos, ya que su control emocional y cognitivo aún está en desarrollo, lo que provoca que experimenten y procesen el estrés de manera muy diferente.

La muerte de Runa se atribuyó a la desnutrición derivada de un trastorno alimentario.

La pérdida de apetito es común después de eventos traumáticos, indicó, y agregó que no se puede revertir simplemente animando a la persona a comer más.

“Es ciertamente posible que el TEPT pueda causar dificultades funcionales en el sistema (gastrointestinal), así como alterar el apetito y provocar una pérdida de peso significativa, lo que estaría relacionado con la muerte”, comentó Uchida, profesora asociada de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard.

Las organizaciones de derechos humanos llevan tiempo advirtiendo sobre el estrés excesivo al que se ven sometidos los sospechosos en Japón durante su detención, desde tácticas de interrogatorio agresivas hasta la falta de acceso a abogados.

Algunos expertos legales afirman que la detención prolongada es demasiado frecuente, independientemente de la edad del sospechoso.

Según las estadísticas gubernamentales, en 2024, alrededor del 65% de los 85.040 adultos detenidos en Japón pasaron más de 15 días bajo custodia policial.

“Me resulta completamente incomprensible cómo se permite que se lleve a cabo una práctica así, y esta realidad más amplia también necesita una reforma urgente”, sostuvo el abogado Uehara.

Yoko espera que su lucha por obtener justicia en nombre de su hija pueda contribuir a impulsar el cambio.

“Ganar esta demanda significaría que, aunque Runa ya no esté físicamente aquí, servirá como prueba de que vivió y dejó un legado para reformar este sistema de justicia”, expresó.

La Cámara de Diputados ha aprobado la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La modificación, que ha salido adelante con 324 votos a favor y 129 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y una parte del Partido Ecologista Verde de México, contempla sanciones de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 226.000 pesos para quienes adquieran, fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen vapeadores con fines de lucro.

El punto más controvertido desde que Pedro Zenteno (Morena), presidente de la Comisión de Salud, lanzó la iniciativa, ha sido el de las sanciones penales, pues el bloque de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ha reclamado que la reforma supone una criminalización a los consumidores. Ante las críticas, Morena ha anunciado que añadirá una reserva para aclarar que los usuarios no serán sancionados. La Comisión advierte de que la venta de estos aparatos, muchos de ellos importados de manera irregular, ha ido en aumento impulsada por campañas que los presentan como herramientas para dejar de fumar, en un discurso que confunde especialmente a los adolescentes, que son de los principales consumidores de estos productos. “El propósito es proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos”, ha resaltado Zenteno, quien asegura que estos productos “han explotado vacíos regulatorios y se han dirigido a niños, niñas y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad”.

En el debate de más de tres horas, algunos legisladores de la oposición subieron a tribuna con vapeadores encendidos, mientras acusaban al Gobierno de promover una ley que puede incitar un mercado negro. “La reforma más prohibicionista, autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas”, ha dicho Irais Reyes de Movimiento Ciudadano. “¿En qué mundo vapear es más peligroso que golpear, humillar o portar armas?”, ha reclamado. “La salud de la juventud no está en venta”, ha zanjado Zenteno.

Desde que se impulsó la prohibición de su venta tres años atrás, se han incrementado las campañas para defender su consumo. También han surgido activistas e iniciativas como México y el Mundo Vapeando, que argumentan que la prohibición es contraproducente y alimenta la crisis de tabaquismo. El pasado junio un grupo de activistas organizó una protesta con mariachis frente al Senado, donde exigió “estrategias de reducción de daños que permitan proteger la salud pública y los derechos de millones de mexicanos”.

Desde el PRI, la diputada Ana Isabel González ha señalado que la ley “no sólo prohíbe la venta, sino el consumo y la posesión”, y alertó que abrirá la puerta a abusos por parte de autoridades locales. “Tengan cuidado con lo que votan, un muchacho con un vapeador en la mochila puede ser extorsionado o detenido”, ha insistido Rubén Moreira, quien pidió hacer una pausa y revisar el alcance real del delito.

Pese a la polémica, Morena y sus aliados han aprobado el paquete, que también incluye otras reconfiguraciones, como la solicitud de Sheinbaum de fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud en la compra consolidada de medicamentos y la contratación de equipo médico de alta tecnología. Abarca además disposiciones para combatir el tráfico de precursores químicos que se utilizan en la fabricación del fentanilo, así como nuevas reglas para el control de sustancias peligrosas. La combinación también ha sido criticada por la oposición, pues han señalado que el documento “empaqueta” temas sin relación entre sí para acelerar la aprobación. Morena defendió que todas las iniciativas forman parte de “una estrategia integral de salud”. Con el amplio margen que posee el oficialismo para lograr la mayoría calificada necesaria, de aprobarse esta semana, el dictamen pasará al Senado.

CIUDAD DE MÉXICO. — A partir del 22 de octubre de 2025, las personas licenciadas en Enfermería, así como pasantes y quienes realizan su servicio social en el área de la salud, podrán prescribir medicamentos, según lo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El acuerdo establece los procedimientos y criterios que deberán seguir estos profesionales conforme al artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

Quiénes podrán recetar medicamentos

Los lineamientos aplican para:

Licenciados en Enfermería

Pasantes de Medicina

Pasantes de Medicina Homeopática

Pasantes de Cirujano Dentista

Pasantes de Enfermería a nivel Licenciatura

Estos profesionales podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, siempre que se encuentren en establecimientos del Sistema Nacional de Salud durante su servicio social.

Prescripción autónoma y colaborativa

El documento oficial distingue dos modalidades:

Prescripción autónoma

Permite al profesional de enfermería indicar y autorizar medicamentos de forma independiente, sin requerir validación médica previa. Esta modalidad se basa en su capacidad para evaluar, diagnosticar y seleccionar tratamientos apropiados dentro de su ámbito de formación.

Prescripción colaborativa

Se realiza junto a un médico u otro profesional de salud, con o sin su presencia física. En este caso, el enfermero o pasante no diagnostica la enfermedad, sino que gestiona el tratamiento según el diagnóstico y plan terapéutico previamente acordado.

Casos en los que podrán prescribir

Los pasantes y licenciados en Enfermería solo podrán prescribir medicamentos en los siguientes casos:

Cuando no haya un médico, dentista o enfermero titulado disponible.

Para dar continuidad a un tratamiento previamente indicado por otro profesional autorizado.

Las recetas emitidas podrán surtirse en cualquier farmacia, botica o droguería legalmente establecida, siempre que cumpla con la normativa sanitaria vigente.

Entrada en vigor

La medida entrará en vigor el 22 de octubre de 2025, un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La UNAM estima que 35 millones de mexicanos han tenido al menos un episodio depresivo en su vida, mientras que el Global Burden of Disease 2021 calcula 18.1 millones de personas con algún trastorno mental, lo que representa un aumento de 15.4 % respecto a 2019.

Más atención, pero aún insuficiente

El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones informó que, entre enero y mayo de 2024, 158,814 personas recibieron atención médica, principalmente por ansiedad (51.5 %) y depresión (25.9 %). En la Ciudad de México, los casos atendidos se dispararon de 26 en 2020 a 1,782 en el primer semestre de 2024.

Pese al aumento en la demanda, dos de cada tres personas con algún trastorno mental no reciben tratamiento. La inversión en salud mental apenas alcanza entre 1.3 % y 1.6 % del gasto total en salud, lejos del 5 % recomendado por la OMS.

Brechas en jóvenes y comunidades rurales

La OPS/OMS advierte que las brechas de cobertura son más graves en zonas rurales. En Chiapas, un estudio reveló que 35.8 % de adolescentes de 14 a 20 años presentan síntomas de depresión o ansiedad, lo que subraya la urgencia de invertir en prevención temprana.

Presupuesto limitado

Para 2024, se aprobaron 3,819.4 millones de pesos para salud mental, en su mayoría destinados a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA). Especialistas consideran que esta cifra es insuficiente frente al tamaño del problema.

El reto

La depresión y la ansiedad son hoy dos de los principales problemas de salud pública en México. Expertos y organismos internacionales coinciden en que incrementar la inversión, ampliar la cobertura de atención y fortalecer la prevención son pasos urgentes para contener la crisis.