Un tribunal de Jalisco sentencia a 141 años y al pago de 1,3 millones de pesos a los acusados, que tenían en el inmueble de Teuchitlán a dos personas secuestradas y una asesinada
Un tribunal de enjuiciamiento de Jalisco ha considerado culpables de desaparición y homicidio a los 10 hombres que fueron detenidos en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, en septiembre de 2024. Después de una semana de audiencia, tres jueces estatales han decidido sentenciar a 141 años y al pago de 1,3 millones de pesos (unos 70.000 dólares) a los acusados, que estaban dentro del terreno junto a dos personas secuestradas y una asesinada. Este evento ocurrió seis meses antes de que los colectivos de buscadores entraran en este terreno de Teuchitlán y lo identificaran como un centro de operaciones del Cartel Jalisco Nueva Generación.
El 18 de septiembre de 2024, una llamada anónima al servicio de vigilancia C5 de Jalisco llevó a la Guardia Nacional por primera vez hasta el rancho Izaguirre. Ahí, los uniformados fueron recibidos a balazos. Sin embargo, pudieron entrar en el lugar. Ahí encontraron a Lennin, David, Gustavo, Christopher, Juan, Óscar, Erick, Luis, Ricardo y Armando, quienes fueron arrestados. Ellos tenían dentro del rancho a dos personas privadas de la libertad y también el cuerpo de otro hombre, que había muerto por una lesión craneoencefálica. Los detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía de Jalisco, junto al resto de evidencias encontradas.
Este evento se ha vuelto una pieza central en el laberinto de Teuchitlán. Por un lado, permite saber que las autoridades —sobre todo estatales, pero también federales— estuvieron en el rancho, que ahora se considera un centro de operación y reclutamiento forzado del Cartel Jalisco Nueva Generación. También resalta la cascada de omisiones que encabezó la Fiscalía de Jalisco. En palabras del fiscal general Alejandro Gertz Manero, la dependencia no realizó un rastreo de indicios, no procesó los vehículos que ahí se encontraron (por lo que varios ya han sido robados), no hizo una inspección del lugar, no ordenó identificar huellas dactilares, no dio seguimiento a las víctimas que estuvieron en el rancho, no investigó la propiedad del terreno, no tomó declaración a las autoridades locales ni a posibles testigos y no investigó el vínculo de agentes locales con los grupos criminales.
Seis meses más tarde, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró en el rancho. Era el 5 de marzo y el inmueble había quedado “en estado de abandono”. Aunque el lugar estaba “asegurado” por la Fiscalía de Jalisco, las buscadoras encontraron más de 1.300 objetos: 154 pares de zapatos, cientos de pantalones, 140 cobijas o 18 maletas. Además, dijeron que habían hallado también fragmentos de hueso. Todo revuelto, manchado de polvo y tierra, se convirtió en el inventario del horror. Este hallazgo llevó a buscadores de todo el país a desplazarse hasta Jalisco para tratar de reconocer las prendas. En un país con más de 129.000 desaparecidos, Teuchitlán se convirtió al mismo tiempo en terror y esperanza.
El caso obligó a convertir la crisis de desaparecidos de México en un asunto prioritario para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta anunció entonces una serie de medidas para la búsqueda, que han terminado plasmándose en la reforma a la Ley de Desaparición —rechazada por los colectivos de familiares—. Al mismo tiempo, las autoridades también se lanzaron a controlar la narrativa sobre el rancho. La Fiscalía General de la República (FGR) reconocía que era un centro de reclutamiento del crimen organizado, pero negaba que fueran un centro de exterminio.
A pesar de que los colectivos encontraron indicios de fuego y de restos humanos, e incluso el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que se habían cometido torturas y asesinatos en el lugar, poco se ha informado sobre las víctimas. Gertz Manero afirmó, en su última comparecencia sobre el tema, el 29 de abril que “no hay una sola prueba que acredite que era un sitio de cremación” de restos humanos. El fiscal aludía a un informe testado de la UNAM en el que se señala que no hay evidencia de calentamiento “arriba de 200 grados” en el rancho. El funcionario sí reconocía que el lugar había estado en uso de 2021 a 2024.
En ese período de tiempo se incluye la detención de los 10 hombres que esta semana han sido condenados por homicidio calificado, desaparición cometida por particulares, y su versión agravada por el tribunal colegiado. Además de ellos, también ha sido arrestado el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, que recibía 70.000 pesos mensuales del CJNG, con el que colaboraba para captar nuevas víctimas o perseguir reclutas huidos. También mantenía reuniones con sus líderes e incluso, según la denuncia de la FGR, llegó a dejar restos humanos en una zanja del rancho. Esa detención probaba el vínculo entre el crimen organizado y las autoridades en el municipio.
Siguenos en Redes