Luego del escándalo por el Clan Taddei, en el que está involucrada la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, funcionarios y exfuncionarios, así como los contratistas Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“A fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”, informó a través de un comunicado.
El INE subrayó que tiene la obligación de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de recursos públicos.
Advirtió que esto será sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión.
“El Instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”, dijo.
Diferentes medios de comunicación como EL UNIVERSAL, Latinus y Reforma dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, como a la compañías Cajas Graf del contratista José Alfredo Hernández Casillas, con quien fue captada en video en diferentes ocasiones
Lo anterior derivó en acusaciones de actos de corrupción y conflicto de interés, antes las cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio contra esta institución, funcionarios, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), compañías y contratistas relacionados.
Además, el pasado 26 de octubre la funcionaria presentó su renuncia a la Cámara de Diputados, que derivaron en el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina del Instituto Nacional Electoral.
El 3 de noviembre, Cruz García anunció que, de común acuerdo con las y los 10 consejeros electorales, alistan una denuncia ante la Fiscalía General de la Repúbica (FGR) debido a las irregularidades en la gestión de Taddei, la cual comenzó en abril de 2023.
Un día después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) congeló las cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 morales, entre las que están las de la exconsejera presidenta del INE y el empresario Hernández Casillas.
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