Con una bolsa inicial de más de 1.500 millones de pesos, el Instituto Nacional Electoral ha reanudado la organización de la polémica consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador. Este jueves, en sesión extraordinaria, el consejo general del INE ha acordado acatar la orden del Tribual Electoral y proseguir el proceso para realizar la consulta ciudadana que había aplazado por falta de recursos. “El citado proceso deberá continuar, incluyendo todas sus etapas, realizándose con la disponibilidad financiera actual, por lo que se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnica que, en el ámbito de sus atribuciones, continúen con las actividades inherentes conforme al Plan y calendario y normatividad vigente”, señala el dictamen del INE.
El acuerdo se ha aprobado luego de más de tres horas de discusión. Los representantes de Morena ante el INE insistieron en la necesidad de generar ahorros mientras que el resto de consejeros argumentaba que pese a todas las medidas no se logrará cubrir los más de 2.000 millones de pesos faltantes para llevar a cabo una consulta de esas dimensiones. ”No estamos hablando de un pequeño déficit respecto a lo estimado con toda responsabilidad por este Consejo y, comparado con lo que realmente disponemos, estamos hablando de una diferencia de 2.300 millones, eso no sale de pequeños ahorros”, afirmó el consejero Jaime Rivera durante la sesión.
De acuerdo con el proyecto de sentencia que avalaron los magistrados del Tribunal Electoral por unanimidad, el INE no tiene atribuciones para posponer o interrumpir el proceso de la consulta sobre la revocación de mandato. En la resolución se detalla que la falta de recursos presupuestales no es un argumento válido para aplazar la consulta ciudadana —prevista a realizarse en abril del 2022— y ha ordenado al INE que realice los ajustes presupuestales necesarios para llevar a cabo el ejercicio democrático. No obstante, el Tribunal electoral también ha precisado que el INE podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo la polémica consulta que ha enfrentado al órgano autónomo con el Ejecutivo. “La Secretaría de Hacienda tiene que coadyuvar y propiciar la obtención de todos los elementos, así sea dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para que sea factible garantizar la efectividad del derecho político electoral de participación ciudadana”, expuso el magistrado Felipe Fuentes.
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