Del 18 de diciembre de 2018 hasta el 21 de junio de 2021, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había pagado 22,48 millones de pesos a la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C. vinculada al narcotraficante Ismael Zambada García alias “El Mayo”, líder del Cartel de Sinaloa, y su familia, la cual se encuentra boletinada desde 2007 a la fecha en la lista Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos como parte de los operadores financieros y negocios utilizados por el Cartel de Sinaloa para lavar dinero u ocultar ganancias de origen ilegal.

Las relaciones contractuales entre el gobierno de AMLO y la empresa, vigentes al menos hasta diciembre de 2021, fueron reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de una solicitud de información que formulé en base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El IMSS me entregó la lista de los pagos realizados a dicha empresa en el periodo arriba señalado con cada uno de los folios de las facturas, los montos específicos, la fecha de emisión y la fecha de pago. A continuación, se añade el documento entregado por el gobierno:

Zambada García encabeza el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo, que tiene operaciones en más del sesenta por ciento del planeta. Mientras el gobierno de AMLO le pagaba millones a la sociedad vinculada al narcotraficante, en septiembre de 2021 el gobierno de Estados Unidos aumentó de 5 a 15 millones de dólares la recompensa para quien ayude a capturar a “El Mayo”.

López Obrador, quien denomina a su gobierno como la Cuarta Transformación, constantemente afirma ser diferente y haber terminado con los vicios y complicidades del pasado. Ha reclamado públicamente la complicidad de funcionarios anteriores con las organizaciones de narcotráfico e incluso ha afirmado que es imposible que expresidentes no conocieran esas complicidades. Sin embargo, su gobierno siguió haciendo los mismos pagos millonarios que los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hicieron a la empresa vinculada con el Cartel de Sinaloa.

La empresa

La sociedad civil Estancia Infantil Niño Feliz fue creada en Culiacán, Sinaloa, el 2 de agosto de 2001 con la escritura pública 10131, ante el notario José Antonio Núñez Bedoya, quien ha ayudado a “El Mayo” Zambada a crear la mayoría de las empresas que según el gobierno de Estados Unidos forman parte de su red criminal.

Habrá que recordar que EE. UU. ha procesado a tres hijos de “El Mayo”: Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz e Ismael Zambada Imperial; y a su hermano Jesús Zambada García.

De acuerdo con el contenido de la escritura de la cual tengo copia y la cual es citada como el documento que da certeza jurídica de la sociedad al contrato y convenios con el IMSS, los socios son: María Teresa Zambada Niebla, hija de la pareja formada por el narcotraficante “El Mayo” Zambada y Rosario Niebla Cardoza. Los tres fueron boletinados por el Departamento del Tesoro como parte de la red criminal del Cartel de Sinaloa.

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https://www.dw.com/es/gobierno-de-amlo-paga-millones-de-pesos-a-empresa-vinculada-al-cartel-de-sinaloa/a-60466699

México. Hace un mes, el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez Esquivel empezó a recibir amenazas por Facebook. Lo acusaban falsamente de operar una serie de páginas oscuras donde se ventilaban chismes del submundo del narcotráfico en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde él vivía. Martínez Esquivel, de 49 años de edad, era un hombre valiente y un periodista experimentado, curtido en temas de seguridad en México. Conocía de cerca el narcotráfico y sabía perfectamente el peligro que este tipo de acusaciones implicaba.

Contactó inmediatamente a sus colegas del colectivo #YoSiSoyPeriodista, quienes publicaron el 13 de diciembre de 2021 una aclaración de que Martínez Esquivel no tenía nada que ver con estas páginas. “El pseudocomunicador Ángel Peña lo acusó sin pruebas en sus redes sociales de ser el administrador de páginas anónimas dedicadas a publicar crímenes en la ciudad, trabajo que no tenía ninguna necesidad de hacer, pues él trabajaba de manera formal en varios medios de comunicación”, aclaró el colectivo. También refirieron el caso al mecanismo estatal de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, un organismo gubernamental creado durante la escalada de la guerra contra el narco en 2012 por presión del gremio periodístico y organismos internacionales de derechos humanos.

Desgraciadamente, el lunes 17 de enero de 2022, a mediodía, cuando Martínez Esquivel estaba saliendo de su casa en el barrio popular de Camino Verde para abordar su viejo Ford Escort todo despintado, se escucharon unas ráfagas. Cuando su esposa Elena y su hija de 16 años salieron alarmadas a la calle, ya yacía muerto en el piso, al lado de su carro, acribillado. “No pude hacer nada por él”, sollozó su esposa.

Hipótesis alejadas del móvil periodístico

“Aún es muy pronto para identificar las circunstancias alrededor de su asesinato e identificar las fallas del proceso de protección”, dijo Pedro Cárdenas, coordinador de documentación del programa de protección y defensa de Artículo 19 a DW. “Pero la protección no solamente puede enfocarse en un mecanismo”, señala. “Se requiere una política íntegra, la cual no solamente reacciona ante amenazas, sino que trabaja en la prevención.”

El año 2022 recién empezó y es ya el segundo periodista asesinado en México. El 10 de enero murió el director del sitio Inforegio de Veracruz, José Luis Gamboa, luego de ser acuchillado. Las autoridades manejaron la hipótesis de un asalto. Ahora, en el caso de Martínez Esquivel, la versión oficial especula sobre un conflicto vecinal.

Anunciar hipótesis sin fundamentos o pruebas en las primeras horas de un asesinato es un procedimiento común de las autoridades encargadas de investigaciones en México. Algo que despierta cada vez más críticas por parte de los organismos de defensa de derechos humanos.

“Es una práctica preocupante, porque se pueden desviar desde un inicio las investigaciones”, dice Cárdenas. “Reiteramos que las autoridades deben utilizar el protocolo homologado, donde se establece que deben investigar la labor periodística como una de las hipótesis”.

También Reporteros Sin Fronteras exigió que no se descartara el móvil de la labor periodística en ambos casos. En el caso de Esquivel, Miguel Mora, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, declaró que es “imperativo que se realice un proceso expedito del caso, ya que cualquier ataque a periodistas constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad de estar informada”.

AMLO esquiva el tema

El asesinato de Martínez Esquivel causó conmoción. Era muy conocido más allá de las fronteras de la Ciudad de México y muy querido por sus colegas quienes recordaron el martes su valentía. Llevaba dos décadas trabajando para medios nacionales importantes, como el semanario Zeta y La Jornada y trabajaba como fixer para clientes internacionales como la cadena británica BBC y el periódico Los Ángeles Times, quienes también informaron sobre su asesinato.

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https://www.dw.com/es/la-violencia-se-ensa%C3%B1a-de-nuevo-contra-periodistas-en-m%C3%A9xico/a-60468347

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México dijo este martes (18.01.2022) que se lograron las firmas necesarias para realizar una polémica consulta sobre la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia del país.

“Nos complace informar que se ha logrado la meta del 3% de la lista nominal de electores, la meta es de 2 millones 758.000 registros”, detalló el INE en Twitter.

Por ley, para que el organismo electoral pueda realizar este ejercicio se requiere la firma de 3 % del padrón electoral, esto es, unos 2,7 millones de apoyos.

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https://www.dw.com/es/ine-recibe-firmas-necesarias-para-consulta-de-revocaci%C3%B3n-de-l%C3%B3pez-obrador/a-60468783