Ciudad de México.- Diana denuncia al ombudsman Luis Fernando Rentería Barragán por acoso personal y laboral del que fue víctima el tiempo de trabajo en la CEDH Sonora.
A través de la columna del medio de comunicación semanal Primera Plana, se dio a conocer el lamentable caso de abuso contra las mujeres expuesto por la joven profesionista quien, apoyada por un colectivo feminista, decide publicar las ilegalidades y excesos de Rentería Barragán, al parecer protegido del gobernador Alfonso Durazo.
La joven afirma contar con audios y mensajes escritos por el presidente de la CEDH Sonora donde se establecen la serie de amenazas veladas y hostigamiento sistemático que constituyen el delito de acoso personal y laboral.
La denuncia pública sugiere que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no actúa contra Rentería Barragán, ninguna autoridad estatal de protección a los derechos de las mujeres y menos aún el Congreso del Estado de Sonora.
Decenas de denuncias pesan sobre el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora que prevalecen en la impunidad.
Desde los más de 40 despidos ilegales, injustificados e injustos, sin liquidación, hasta actos de corrupción, tráfico de influencias, gastos excesivos en la compra de materiales y servicios de impermeabilización por más de 570 mil pesos.
Archivar expedientes y abandonar los derechos de jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, así como no tutelar los derechos humanos de las víctimas del delito y promover el aborto, son eslabones de una larga cadena de omisiones y arbitrariedades de Luis Fernado Rentería Barragán y su equipo cercano.
Todas las denuncias contra Rentería Barragán las conoce el gobernador Alfonso Durazo Montano quien esta semana analiza el tema sobre su mesa.
En tanto, las y los diputados del Congreso del Estado recogen las denuncias públicas para turnar el caso a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
“El principal violador de Derechos Humanos en Sonora es el presidente de la CEDH Sonora”, denuncian ex empleadas.
El grupo de inconformes revela a este medio que Luis Fernando Rentería Barragán además se quedó sin personal en la Dirección General de Comunicación Social hace 10 días y se sumaron otras dos bajas en el organismo.
“Por su arrogancia, soberbia, abuso de autoridad, prepotencia y falta de sensibilidad, Rentería Barragán siguió con los despidos en la CEDH, artera y arbitrariamente”, citan las extrabajadoras.
“En el colmo de su ilegalidad e injusticia, corrió a todas las compañeras de Comunicación Social, hasta la nueva directora se fue hace 6 meses”, señalan.
Lamentan que a pesar de que ya se ha denunciado a Rentería Barragán por sus excesos sistemáticos de poder, tanto el gobernador, el secretario de Gobierno, las y los diputados sonorenses, lo protegen.
“Rentería es un violador sistemático de la ley y los Derechos Humanos del personal y de la misma sociedad”, sostienen.
Hoy domina la incertidumbre dentro de la CEDH Sonora, todo indica que el interés de Luis Fernando Rentería Barragán es desmantelar y desarticular el organismo.
Alertan que “todo el personal trabaja con miedo e incertidumbre, unos corridos sin liquidación y otros prefieren renunciar a vivir con el pie en el cuello o bajo el acoso laboral”.
Es tiempo de erradicar estas prácticas abusivas violatorias de Derechos Humanos que sistemáticamente ocurren cada 4 años. A casi un año y medio de asumir la presidencia, Luis Fernando Rentería Barragán ha conducido a la CEDH Sonora a la opacidad e ilegalidad.
En entrevista reciente, el abogado Santos Morales Borbón denunció que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue sin pagar la liquidación a los servidores públicos que despidió injustificadamente desde su llegada al organismo.
El ex visitador adjunto precisa que “la Comisión Estatal de Derechos Humanos es, entre muchas otras cosas, una institución producto de las luchas del movimiento de derechos humanos y de las demandas de movimientos sociales y víctimas para poner un alto a los incontables abusos de poder”.
Afirma que “el cambio de administración, así como la coincidencia en la renovación del organismo en el año 2022, generó para las y los sonorenses la expectativa de una mejora de forma y fondo, tanto en la agenda como en el desempeño de la institución cuyo mandato es proteger a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, lo anterior no sucedió y por el contrario “infelizmente, poco a poco, dicha expectativa se ha ido transformando en desilusión, ante los hechos que su propio titular llevó a cabo al arranque de su administración con el despido masivo de trabajadores, a quienes sin más ni más de un día para otro sin importar la inversión vía conocimientos, ni tampoco los derechos laborales adquiridos, decide echarlos a la calle”.
Santos Morales refiere que “esto implica de manera grave un retroceso en distintos aspectos, ya que la institución encargada de salvaguardar la legalidad en materia de derechos humanos, es quien principalmente a través de su actuar institucional lleva a cabo la promoción de conductas arbitrarias al margen de la ley, aunado a la falta de vocación en la cual alce la voz o que juegue un rol protagónico y activo”. Por el contrario, “la gestión Luis Fernando Rentería Barragán ha estado marcada por una serie de escándalos, silencios y omisiones que son de gran preocupación“.
Desde el inicio, expone, “su designación como titular de este organismo autónomo quedó marcada por el escándalo, como se dijo a través de despidos masivos al interior del organismo, el nulo respeto a los derechos laborales pretextando su proyecto institucional como la piedra angular que justificaba de manera infantil las irregularidades cometidas de su parte a la Ley Federal del Trabajo”.
Enumera que “entre estas podemos mencionar el conflicto inicial al vulnerar la autonomía institucional al ser un despacho externo, que sin formar parte de la institución termina la relación laboral de sus trabajadores”.
Además, “aunado a ello, entró en conflicto con grupos pro vida a nivel estatal, al decir que desde de su trinchera el promovería la interrupción del embarazo, es aquí donde tenemos a un defensor de derechos humanos promoviendo la legalización de la muerte en las primeras etapas de vida”.
Así, detalla, “hay un expreso incumplimiento a su propia Ley 123 que regula el organismo, que en su Artículo 8, Fracción IV le impide realizar consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, estando prohibido por ello su posicionamiento o lucha que este dijo emprendería”.
El abogado expone que “después de los escándalos iniciales de violaciones a los derechos laborales de los propios trabajadores de la institución, este ha mostrado su falta de capacidad como titular”.
Aunado a ello, destaca, “no se desprenden recomendaciones o posicionamientos por violaciones graves de derechos humanos, como son negligencias médicas, detenciones arbitrarias o casos de tortura para lo cual se supone este dio inicio a una oficina especializada en el tema de tortura de la cual no se ha desprendido ningún tipo posicionamiento, entonces si no hay números qué presumir ¿cual es la razón de su implementación?”.
Expresa que “se trata de un instrumento inservible al no ser utilizado en la realidad de los hechos con estos ejemplos dolorosos, se evidencia el silencio que termina en omisión y renuncia fáctica por su ausencia, silencio y bajo perfil ya que es de hacer mención que año con año son más de mil quejas las que entran al organismo y no es posible que ninguna de estas estén dentro de las hipótesis aludidas”.
En casos de tortura, negligencias médicas, abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, “la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora CEDH ha estado lejos de sumarse a la indignación y reclamo de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Santos Morales menciona que “la ausencia de proyecto propio, así como de acciones por violaciones de derechos humanos en materia penitenciaria, como es la elaboración de un Diagnóstico Estatal, tal y como se establece en el Artículo 7, fracción X, que establece que podrá ‘Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del Estado’, así como la falta acciones para la inspección a celdas municipales en el Estado de Sonora, la CEDH Sonora es un gran ausente que no hace ni dice nada, no encontrándose publicado dicho posicionamiento en su plataforma oficial en el cual conozcamos la situación en la cual se encuentran las personas privadas de su libertad». Su notoria falta de acciones legales, por falta de pronunciamientos que tengan por objeto hacer público la mejora a nivel institucional en Sonora para una mejor defensa y protección de los derechos humanos, ha sido una atribución cuyo ejercicio no se ha visualizado en este primer año”.
Por lo tanto, “la CEDH Sonora dejó de ser un contrapeso de la legalidad al promover desde su interior el irrespeto a los derechos laborales”.
Contrario a esto, “hoy somos testigos de una crisis institucional ante la falta de liderazgo por parte de una persona que no tiene claridad en su propio proyecto para la defensa y protección de los derechos humanos quien apuesta sólo a la inacción institucional”.
Crítica que Rentería Barragán “nada de muertito mientras sólo va de paso en sus cuatro años como titular del organismo, cuando se supone debiera ser elemento acorde a los tiempos o ideales de transformación en moda para servicio público optando por la aplicación de una serie anti valores de los más deleznables que van en contra de la finalidad del ser humano como son el irrespeto a la legalidad, la mentira, la soberbia, la injusticia, e intransigencia como practica institucional’.Debe decirse que ante todo cambio de administración más aun tratándose de la CEDH Sonora, “se esperaba que se perfeccionaran protocolos y prácticas, así como una mayor cercanía con víctimas y trabajo con sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, lo que no ha sucedido”.
Añade que “la reducción del personal a través de los despidos injustificados que se supone ya se encontraba capacitado en el tema, no es una forma de elevar las expectativas de defensa y protección de derechos humanos, en lugar de contratar más personal legal y sicológico para el acompañamiento a las víctimas, por ejemplo”.
“Tenemos a un Ombudsman que sólo funciona a su mera conveniencia personal y no como lo ordena y mandata la legalidad de los procesos a cargo del organismo, es así que las disculpas públicas huecas que pidió Luis Fernando Rentería Barragán en el aniversario de la Comisión por su treinta aniversario son insuficientes ya que su pobre desempeño en el puesto deja mucho que desear, la cual también la debió de haber realizado a las personas que este echó a la calle durante lo que va de su administración”.
“Atrás ha quedado la Administración del primer titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, lamentó.
Dijo que García Ocampo “siempre será recordado mientras Luis Fernando Rentería está muy lejos de ser el servidor público acorde a las necesidades y circunstancias de la sociedad sonorense, tal y como en su momento lo fue el distinguido licenciado José Antonio García Ocampo”, culmina.
