A más de 16 años del incendio en la Guardería ABC, que cobró la vida de 49 niñas y niños en Hermosillo, Sonora, el exdirector de Protección Civil municipal durante aquella tragedia, Roberto Copado Gutiérrez, fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias, en cumplimiento de una orden internacional de captura.
La detención fue confirmada por Gabriel Alvarado, abogado del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, quien informó que Copado fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Arizona, tras la emisión de una ficha roja de la Interpol.
El exfuncionario se encuentra recluido en el centro de detención de Florence, Colorado, donde permanecerá mientras se define su situación jurídica y el eventual proceso de extradición.
Copado Gutiérrez, quien encabezaba la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo en junio de 2009, fue uno de los funcionarios responsables de firmar los dictámenes de seguridad y operación de establecimientos como la Guardería ABC.
Dichos documentos formaron parte de las investigaciones judiciales que derivaron en la condena de varios servidores públicos y socios del inmueble.
El exfuncionario cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión en México, relacionada con omisiones en los permisos y revisiones de seguridad. Aunque el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños le otorgó el perdón, el abogado Gabriel Alvarado precisó que “tiene pendientes con la justicia por los menores fallecidos”.
La captura de Copado se suma a la reciente detención y deportación de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil, quien fue entregada a las autoridades mexicanas a través de la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Arizona.
Téllez Nieves se encuentra interna en el Centro de Readaptación Social Femenil de Hermosillo, donde enfrenta su proceso penal.
El incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 dejó además más de un centenar de niños con lesiones permanentes y marcó un antes y un después en la regulación de estancias infantiles en el país. No obstante, las familias de las víctimas y organizaciones civiles continúan denunciando impunidad y lentitud judicial.
