La SCJN tomó dicha decisión respecto de un amparo promovido por una persona que formuló tres peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara que no fueron respondidas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México indicó que las autoridades mexicanas deben atender las solicitudes que los ciudadanos efectúen a través de redes sociales.

La Primera Sala de la SCJN concluyó que las peticiones formuladas a una autoridad mediante la plataforma Twitter sí encuentran protección en el artículo 8º constitucional; siempre y cuando, exista confirmación de varios factores.

El primero, que la autoridad sea titular de la cuenta a la que se formulan las peticiones; el segundo, que esa autoridad haya habilitado “normativa o institucionalmente” el uso de la red social como parte de su actuar oficial; el tercero que haya indicios de que esa cuenta se use para captar y responder peticiones (no solo uso mediático) y, por último, que lo externado por el particular implique realmente una petición, no solo un comentario u opinión.

“Lo anterior, sin perjuicio de que la respectiva petición cumpla con las cualidades que exige el artículo 8 constitucional (pacífica y respetuosa); y, con los elementos que, en todo caso, sean exigibles acorde a la naturaleza y contenido de la petición formulada”, matizó la SCJN en un comunicado.

La Primera Sala de la SCJN tomó dicha decisión respecto de un juicio de amparo indirecto promovido por una persona que, a partir de Twitter, formuló tres peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara que no fueron respondidas por dicha autoridad, argumentando que no se trataba de peticiones de carácter formal.

El Juez de Distrito negó el amparo tras considerar que la autoridad no había previsto institucionalmente a esa plataforma como una opción para dar respuesta a peticiones, pero declaró que sí es obligatorio en los casos donde se cumplan los factores mencionados.

Finalmente, la Sala acotó la decisión “al caso concreto atendiendo al uso reiterado que ha dado la autoridad responsable a la plataforma Twitter como vía para atender diversas peticiones, sin que las formuladas por el quejoso cuenten aún con respuesta.

Por lo tanto, problemáticas afines deberán analizarse y resolverse caso por caso”, termina el comunicado.

Nota Tomada de:

https://lopezdoriga.com/ciencia-tecnologia/scjn-ordena-que-autoridades-mexicanas-deben-atender-peticiones-en-twitter/

Hermosillo, Son. Sesenta embajadores de todo el mundo arribaron a Puerto Peñasco para visitar la Planta Fotovoltaica más grande de América Latina y conocer las vertientes del Plan Sonora de Energía Sostenible que integró el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, un proyecto de carácter federal para generar energías limpias desde el aprovechamiento del Gran Desierto de Altar y combatir la lucha del cambio climático.

A bordo del avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, los 60 diplomáticos de países como Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Hungría, Ucrania, entre otros, acompañados por el canciller, Marcelo Ebrard para conocer de primera mano el proyecto en obra que inicia operaciones el próximo abril, a fin de constatar que la entidad es la principal generadora de energías limpias y próximamente de iniciativas de electro movilidad.

Durante el recorrido de líderes mundiales, el gobernador Alfonso Durazo, expuso la relevancia del proyecto energético y subrayó que dicha planta es la primera en México con tecnología fotovoltaica y de almacenamiento, que producirá la energía que proveerá a más de 538 mil casas habitación promedio y sería suficiente para alumbrar 10 millones de lámparas ahorradoras de 10 watts, beneficio para 1.6 millones de consumidores.

“El hecho de que muestren interés en el Plan Sonora de Energía Sostenible que representa los esfuerzos del Gobierno Mexicano para impulsar la transición energética y combatir la carbonización de la economía mundial es gratificante, y obviamente hacer una contribución importante a la lucha del cambio climático, esta planta que ven ahí es una de las seis que contempla el Plan Sonora”, detalló

Ahí mismo, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores destacó que el proyecto presentado por el mandatario sonorense es histórico al poner a México como partícipe del cambio climático, resaltó la importancia de que embajadores conozcan la planta de más de dos mil héctareas y puedan presentarla en sus países.

“Es una gran iniciativa, lo que estamos viendo pone a Sonora entre los primeros en materia de energía solar, para darnos una idea esto se asimila a lo que fue el Golfo de México con el petróleo hace más de cien años, es la más grande de América Latina, tenemos la presencia de 137 invitados de 60 países que vienen a conocer una planta que no conocían, es decir ya van a poder informar lo que es la Planta más grande de América Latina que esta en obra, y la señal es que Sonora es el principal productor de energía solar de América Latina y el principal productor de las nuevas iniciativas de electro movilidad del país”, añadió el canciller.

Esta planta solar incorpora el uso de tecnología fotovoltaica y almacenamiento de energía en un predio de dos mil hectáreas en Puerto Peñasco, municipio ubicado al noroeste de Sonora; con su capacidad de más de mil mega watts y un respaldo de energía por hasta cuatro horas promueve la integración de fuentes de energía limpia y uso de tecnologías renovables al sistema eléctrico nacional.

Al ser la más poderosa de México, promoverá el impulso de los sectores agropecuario, industrial, de servicios y emergentes (investigación, desarrollo, innovación y ciencia de datos) de Puerto Peñasco, Caborca y San Luis Río Colorado en Sonora, así como Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali en BC.

Para acceder a las más de dos mil hectáreas de paneles solares, se conduce hacia la carretera Puerto Peñasco-Caborca hasta el camino de acceso al Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, aproximadamente a 27 kilómetros de distancia y a un costado del camino se encuentra el área donde están instalados.

Nota Tomada de:

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/02/estados/visitan-60-embajadores-la-planta-fotovoltaica-de-puerto-penasco-sonora/

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado ante el Supremo mexicano una impugnación contra la primera parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que fue impulsada desde Palacio Nacional y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso en diciembre. Se trata de una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El árbitro electoral ha advertido de que los cambios legales merman su autonomía y capacidades para organizar los comicios de este año —en los que se renovarán las gubernaturas de dos Estados— y de 2024, cuando se llevarán a cabo unas elecciones presidenciales y legislativas sin precedentes. También ha señalado que las reformas favorecen que los funcionarios gubernamentales usen recursos públicos para promover su imagen (prohibido actualmente por la Constitución) y que ello desequilibra la contienda electoral.

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, ha informado el INE la noche de este miércoles.

Con este recurso, el INE se ha sumado al coro de actores que han acudido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en busca de que anulen la primera parte del “plan B”: ya han impugnado los legisladores de la alianza Va por México —formada por el PAN, PRI y PRD— y las dirigencias de sus partidos. Los recursos presentados hasta ahora han puesto en la mira las primeras reformas que ya fueron promulgadas por el Ejecutivo. Las restantes modificaciones a otras cuatro leyes previstas en el “plan B” están aún pendientes de su último trámite en el Senado de la República, lo que se prevé suceda rápidamente este mismo mes. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha convocado a la ciudadanía a que promueva la mayor cantidad posible de recursos legales contra los cambios legales.

La impugnación presentada por el árbitro electoral ante el máximo tribunal acusa que las reformas del “plan B” se aprobaron en el Congreso violando el proceso legislativo; que los legisladores las votaron sin conocerlas y sin discutirlas, y que ambas Cámaras actuaron “en evidente subordinación” a “meros impulsos momentáneos orquestados” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INE se ha centrado en la modificación legal que indica, ahora, que no se podrán considerar propaganda gubernamental las “manifestaciones” de los funcionarios “en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”. Los partidos de la oposición han advertido de que con esta reforma se pretende que tanto López Obrador como los cuatro aspirantes presidenciales de Morena —todos ellos servidores públicos en funciones— puedan usar recursos del erario para incidir en las elecciones o hacer campaña anticipada, en detrimento del resto de sus competidores. “Las normas referentes al uso de recursos públicos y propaganda electoral, señaladas en el artículo 134 constitucional, establecen restricciones a la actividad de las personas servidoras públicas para impedir que, desde el Estado, con sus recursos, que son públicos, se ocasionen beneficios o perjuicios indebidos a algún partido o candidato para influir en la contienda, generando inequidad”, ha señalado el INE.

El árbitro electoral ha agregado en su impugnación que, encima de todo, el “plan B” merma las facultades que actualmente tiene el instituto para sancionar a los funcionarios que hagan propaganda ilegal, con el argumento de que los representantes del Estado tienen tanto derecho a la libre expresión como un ciudadano común y corriente. El INE ha sostenido que, al contrario, la libertad de expresión es un contrapeso al poder y una herramienta de escrutinio y control de la ciudadanía. “El decreto que se combate tergiversa un aspecto pilar del régimen democrático y atenta contra la función estatal del instituto, al violar el modelo de comunicación social y generar inequidad en la contienda, so pretexto del ejercicio de libertad de expresión de funcionarios públicos, cuando ese derecho fundamental es una limitante al ejercicio del poder frente a la ciudadanía, y no una libertad propia del ejercicio de un cargo público”, dice el recurso legal.

Es previsible que los ministros de la Suprema Corte esperen a que las reformas restantes del “plan B” terminen su tránsito en el Senado para recibir y acumular todas las impugnaciones y votarlas en conjunto. El máximo tribunal está a contrarreloj, pues las modificaciones a las leyes impactan directamente en los calendarios electorales de este año y de 2024, e implican una profunda reforma institucional al propio INE que pasa por la eliminación de áreas y recortes masivos de personal capacitado.

Nota Tomada de:

https://elpais.com/mexico/2023-02-02/el-ine-impugna-ante-la-suprema-corte-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador.html