El Instituto Nacional Electoral (INE) ha cerrado filas contra las presiones de Morena a los consejeros que hace dos semanas votaron aplazar la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La dirección del organismo ha rechazado la denuncia penal presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que pide penas de hasta siete años de cárcel para seis integrantes de la autoridad electoral, incluido su responsable, Lorenzo Córdova. En su última sesión, el Consejo General de la institución aprobó por mayoría posponer temporalmente el referéndum, previsto para abril de 2022, por falta de recursos económicos. El déficit alcanza 2.300 millones de pesos tras el recorte presupuestario aplicado por el Congreso.
La disputa entre el Gobierno, el partido que lo sostiene y el INE se ha profundizado en las últimas semanas y el instituto ve “muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra consejeros y consejeras, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”. Según un comunicado difundido por el organismo, se trata, además, de “una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”.
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