El uso de militares para contener a los migrantes —en su mayoría centroamericanos—que cruzan México en su camino a Estados Unidos ha provocado numerosas violaciones documentadas contra los derechos humanos. Es la principal conclusión del informe que publica este martes la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), al que ha tenido acceso EL PAÍS. La FJEDD ha registrado casos de detenciones ilegales y arbitrarias; violencia sexual contra las mujeres por parte de agentes estatales que “no son casos aislados, sino que, por el contrario, son cada vez más comunes en los procesos de control y verificación”; el empleo de violencia excesiva; la negación de ayuda médica en casos de enfermedad que ha provocado “la pérdida de vidas, la mayoría de las cuales han quedado en la impunidad”; deportaciones ilegales, incluso a personas que se encontraban en proceso de solicitar asilo o racismo… Una lista de maltratos que apunta como principales culpables a la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y las Fuerzas Armadas.
“México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos”, reza el informe. “Hace uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos”, continúa. “Las personas migrantes, particularmente aquellas que se encuentran en una situación irregular, se hallan expuestas a una serie de riesgos, que eventualmente los convierte en víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. La gran influencia de los intereses políticos y económicos del gobierno de los Estados Unidos ha provocado que se asuma un objetivo preponderantemente de contención, para lo cual se ha recurrido, en buena medida, a las Fuerzas Armadas”, concluye el documento.
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