Las parteras del sur de México son las aliadas de las mujeres que buscan un aborto seguro y no tienen a dónde ir. A ellas acuden mujeres pobres, indígenas o muy jóvenes, las más vulnerables, para recibir un par de pastillas que les garantice interrumpir su embarazo sin poner su vida en riesgo. Los medicamentos para abortar, aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son parte esencial de las herramientas con las que cuentan las parteras para ayudar a quienes no encuentran respuesta en el sistema de salud o a quienes las leyes no les deja más opciones que buscar compañía, en secreto, para abortar.
“En el 2016 murieron dos chamacas, una con cinco meses de embarazo y la otra con tres meses. Se mataron, se suicidaron aquí en el municipio porque no tuvieron otra salida. Si hubieran venido antes, y aunque no tuvieran dinero, las habríamos ayudado. Tenemos que ayudarlas porque no tienen dinero, no tienen nada”, dice Luz, de 63 años, 25 como partera. Su testimonio y el de otras que, como ella, apoyan a mujeres que desean un aborto con el uso de misoprostol y mifepristona, son parte del libro Realidades y retos del aborto con medicamentos en México, editado por el Colegio de la Frontera Sur.
Hasta el pasado julio, Chiapas era un de los pocos Estados mexicanos en el que existía un plazo para acceder a un aborto seguro incluso cuando se trataba de violación. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la imposición de tiempos después de estudiar el caso de una joven de 17 años con parálisis cerebral que en 2018 necesitaba interrumpir su embarazo tras ser abusada, pero le fue negado porque ya tenía 90 días de gestación. La Corte dictaminó entonces que la limitación temporal “constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental”. El tribunal puso la atención sobre lo que llamó “conductas arbitrarias y violentas tipificadas penalmente y reprochables por el Estado”.
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