Ni el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación ha podido resolver el robo de energía eléctrica.
El problema, que le cuesta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alrededor 50 mil millones de pesos anuales, se debe en la mayor parte a actos ilícitos en la red de distribución como el uso de “diablitos” o manipulación de medidores y colgado de cables a la red o acometidas, entre otras, lo que ha rebasado la capacidad de la empresa.
Si bien el gobierno federal se ha propuesto reducir estas pérdidas de 11.62% sobre el volumen de ventas facturado —porcentaje al cierre del primer semestre de 2021— a un promedio anual de 8%, que es la referencia internacional, la CFE fue reprobada por su Consejo de Administración encabezado por la secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, en el manejo de este problema en los dos primeros años de esta administración.
La situación es tal que la Sener proyecta que será hasta 2024 cuando México pueda registrar el porcentaje de pérdidas similar a la referencia internacional, de acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2021-2023 que presentó en junio pasado.
En tanto, el robo de energía eléctrica, le gana la carrera a la Comisión Federal de Electricidad. En México existen 40 mil 784 usuarios en colonias populares irregulares, que no cuentan con un contrato de suministro eléctrico y “hacen uso de energía de forma ilegal”, por lo que requieren ser regularizados entre 2021 y 2025 para disminuir las pérdidas que representan.
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