Hace un par de meses atrás arranco en Ímuris, Sonora, la construcción de una obra de la cuál no ha habido un anuncio oficial ni un estudio de impacto ambiental
Germán Robles propietario del Rancho Aribabi, en Sonora, una Área Natural Protegida designado a nivel federa desde 2011, denunció que hace algunos meses contratistas del Gobierno de México, arribaron para iniciar con la construcción de una línea de Tren que llegara hasta Ímuris, que se encuentra a 65 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México.
De acuerdo, con The Associated Press, las obras iniciaron hace un par de meses y con los testimonios recabados, fueron oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes viajaron hasta el lugar de la construcción para anunciar con los comineros el proyecto, pero sin ninguna comunicación oficial: “ningún plan, consulta o evaluación ambiental, dicen los residentes locales”.
Además, los lugareños dicen que las autoridades pasan por alto los canales de riego de sus granjas y el embalse que proporciona agua a los 12 mil 500 residentes del municipio; anudado a que altera la vida silvestre que dependen del río Cocospera, que se encuentra a un costado de por donde se supone que pasarán las vías férreas.
Sin embargo, en seguimiento al tema, el portal Proyecto Puente informó que durante una reunión que tuvieron los ingenieros y autoridades con los residentes, el proyecto se está realizando por una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador
“Los mismos soldados de la división de ingenieros comentaron con ejidatarios en reuniones en Ímuris se tienen que terminar a como se de lugar ya como sea, textualmente en el video que comparten los grupos de ambientalistas, las expresiones del ingeniero de Sedena son muy claras y es un video que no tienen desperdicio: ‘Señores, aquí estamos por una instrucción del señor presidente y la obra se debe terminar a como dé lugar’”, describió Jesús Ibarra a Proyecto Puente.
Falta de investigación y transparencia en la construcción de la nueva línea
En marzo del 2023, Mirna Manteca, bióloga de Wildlands Netwoek, inició una investigación sobre el tema derivado a que los lugareños se acercaron a ella preocupados por lo que representa dicho proyecto, pero descubrió que había muy poco que investigar.
“No hay información real. No hay un proyecto oficial”, dijo Manteca a AP. “No hay nada”.
Durante el verano, las agencias gubernamentales desviaron las solicitudes de información hacia un círculo tortuoso. Primero, la ciudad de Ímuris dijo que se trataba de un proyecto estatal. Luego, el gobierno de Sonora insistió en que estaba bajo supervisión federal. Meses después, todos los departamentos federales con los que Manteca contactó dijeron que no tenían información que pudieran compartir sobre un proyecto de tren en Ímuris.
“Han estado intercambiando responsabilidades de un lado a otro, pero no hemos podido obtener ninguna información real”. “Es tan extraño. Es como luchar contra un fantasma”, dijo a AP.
Ofrecen comprar propiedades a un precio de “burla”
Unos 80 propietarios de casas y ranchos ubicados en una ruta específica están siendo afectados por una oferta de compra del departamento de infraestructura y desarrollo urbano. Les han propuesto adquirir partes de sus terrenos por apenas 1.80 pesos (0.09 USD) por metro cuadrado, una suma que ha sido catalogada de insuficiente por los afectados. Este hecho fue revelado luego de un análisis de un mapa realizado por la entidad de conservación Wildlands Network, consultado por AP.
Alberto Heredia, uno de los propietarios afectados, ha expresado su descontento con la oferta que considera desmedida, refiriéndose a ella como “una burla”. Se le ofreció vender una franja de su finca, lo que resultaría en la división de su vivienda y el corral de sus vacas, limitando la funcionalidad de su propiedad. “Es un abuso”, comentó Heredia sobre las acciones del Estado en lo que ha visto como una devaluación de sus activos y la intrusión en su modo de vida.
El alcalde de Ímuris, a donde se supone que llegara la nueva línea del tren, Jesús Leonardo García dijo que ha intentado negociar con las autoridades estatales para que las personas afectadas por la construcción sean rembolsados.
