El estudio, basado en una encuesta remitida a los más de 2.600 integrantes de la asociación, ha sido presentado este viernes durante las XXX Jornadas de Derecho de Familia que se celebran en Madrid, y en las que han participado cerca de 600 abogados, jueces y fiscales especializados en procesos de divorcio, nulidades matrimoniales, guardas y custodias, discapacidad, filiaciones o sucesiones.
“Hay casos de fuerte dependencia hacia la pareja en personas que se ven envueltas en situaciones de inferioridad o sumisión que le impiden tomar las riendas de su vida. Incluso conviven con situaciones de violencia física o psicológica por miedo o porque llegan a convencerse que no les conviene un cambio en sus vidas por temor a un empeoramiento de su situación”, ha detallado la vocal de la AEAFA María Dolores López-Muelas.
El congreso ha sido inaugurado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha destacado que los abogados de familia juegan un papel relevante en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género por su “formación específica y su incuestionable compromiso de ayuda”. Además, ha recordado las recomendaciones realizadas en 2022 sobre el seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como las más recientes para la mejora de la accesibilidad, eficacia y dotación económica del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, en el marco del reconocimiento de la violencia económica como forma de violencia de género.
El informe también revela que las otras razones que aducen quienes acuden por primera vez a un abogado especializado en Derecho de Familia para emprender el proceso de divorcio y que, finalmente desiste de hacerlo, son: las consecuencias económicas que supone emprender una vida por separado (37%), el perjuicio para sus hijos (19%), una posición “conformista con la situación de pareja” (16%) y el temor a perder el estatus social (13%).
La vocal de la AEAFA María José Sánchez González ha descrito tres situaciones diferentes en función de las edades de las parejas que se plantean la ruptura y la situación económica de ambos. “En el caso de parejas jóvenes en las que ambos trabajan y tienen hijos, hay importantes gastos en altas hipotecas, vehículos, colegios. Cuando se plantea el divorcio el escenario cambia: en muchas ocasiones es inviable hacer frente a todos los préstamos y los gastos. Cada uno ha de vivir con sus ingresos propios, que no cubren la suma de sus necesidades, las de la casa y de sus hijos. A consecuencia de ello, los hijos pierden el nivel de vida del que disfrutaban, como ir a determinadas clases particulares o colegio privado. Estas circunstancias son tenidas en consideración y sopesadas a la hora de decidir una ruptura de la pareja”, ha explicado.
Mientras, en familias con un nivel económico medio-bajo, la ruptura legal implica no poder cubrir las necesidades básicas propias y las de sus hijos. “Para ellos, la ruptura de la pareja conlleva repartirse las miserias, por lo que renuncian a ello”, ha añadido Sánchez. En el caso de las parejas de una edad más avanzada y con hijos mayores que rehúsan llevar a efecto un divorcio por motivos económicos, se excusan en la pérdida de su estatus social, nivel de vida y estabilidad que la relación de pareja les proporciona.
También es relevante el municipio donde se lleve a efecto el procedimiento legal de ruptura. “Si hay un Juzgado especializado en Familia existe una mayor seguridad jurídica en cuanto al resultado de las medidas económicas (fijación de pensiones de alimentos, atribución de uso de vivienda). No ocurre lo mismo en procedimientos ante Juzgados que no están especializados en familia”, ha advertido.
Por su parte, el vocal de la AEAFA Álvaro Iraizoz ha destacado que hay parejas que posponen o directamente reniegan de la separación porque piensan que así les ahorrarán el trauma que puede suponerles a los hijos. Si bien, ha puesto el ejemplo del director de cine Rodrigo Sorogoyen (As bestas) que ha comentado en una entrevista que es hijo de padres separados y que su trauma viene de que le ocultaron durante muchos años que estaban separados. El abogado ha destacado que esto sería un buen ejemplo de lo que no hay que hacer: “mentir a los hijos”.
“No separarse y empeñarse en vivir una vida familiar ‘falsa’, es probamente una mentira de parecidas proporciones a lo que ha contado Sorogoyen. Crecer en un hogar sin amor ni afecto verdadero, no es un buen ejemplo. Además, no hay que subestimar la capacidad de los hijos para entender lo que está ocurriendo”, ha incidido Iraizoz.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha destacado que los abogados de familia cumplen una labor “esencial para la sociedad” y se ha referido en concreto a la tutela de los menores a los que se decide separar de sus familias.
Gabilondo ha manifestado que es necesario saber cómo se asume esa tutela y si se ha contado con garantías y recursos suficientes para asegurar el interés superior del menor. “La mirada de situarse en él y desde él es la prioridad. Como también lo es la apuesta por el acogimiento familiar”, ha enfatizado.
Tras insistir en que el acogimiento familiar es una valiosa alternativa al acogimiento residencial, sea en familia ajena o en familia extensa, ha afirmado que el acogimiento familiar necesita de políticas públicas integrales que acompañen y apoyen a las familias de acogida.
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