La ley de protección al no nacido en Puerto Rico fue impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y varios senadores conservadores.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este domingo que convirtió en ley un proyecto que reconoce al no nacido como persona natural. Se trata del Proyecto del Senado 504, que busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para clarificar que «el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno».
La ley fue impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y varios senadores conservadores, en su mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por la gobernadora.
En oposición al proyecto, más de 320 médicos y profesionales de la salud de Puerto Rico hicieron un llamado a la gobernadora para que no lo firmara por considerarlo «un riesgo para la vida de mujeres gestantes».
En una carta, los firmantes advierten que el proyecto, que propone reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción, representa una alteración sustancial al marco legal del Código Civil vigente y podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y «personas gestantes», según señala la misiva firmada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, en clara tono woke.
«Bajo esta propuesta legislativa hay unos escenarios críticos que podrían volverse más peligrosos como los embarazos ectópicos, hemorragias masivas o desórdenes placentarios que requieren intervención inmediata», explicó Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra.
Los firmantes de la carta advirtieron sobre las complicaciones en casos en los que una «persona gestante» enfrente un diagnóstico de cáncer durante etapas tempranas del embarazo, pues la medida podría limitar lo que llaman el «derecho» a interrumpir la gestación.
Otros que se oponen a la ley, como el ginecólogo obstetra Alberto de la Vega, indicó que el proyecto podría generar disputas judiciales prolongadas incluso en casos de violación, donde el agresor podría intentar representar legalmente al feto en contra de la voluntad de la víctima.
