Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el delito de aborto en Coahuila, el Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Riquelme, manifestó a través de un comunicado que la legislación local se adaptará al criterio del máximo Tribunal de no criminalizar a ninguna mujer por abortar.
El Código Penal del Estado establece en su artículo 195 y 196 que comete aborto para efectos penales “quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo” y estipula penas de uno a tres años de prisión para quien cometa tal delito. Tras la decisión de los magistrados de la Corte por unanimidad, los artículos quedan invalidados y por lo tanto, dejarán de existir en la ley del Estado. “Se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma”, afirmó el ministro ponente, Luis María Aguilar.
Al existir 10 votos en el mismo sentido, la decisión de la SCJN crea jurisprudencia y tendrá carácter retroactivo para cualquier mujer que esté presa por abortar. Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno de Coahuila para conocer cuántas mujeres se encuentran encarceladas por este motivo, pero hasta el momento de publicación de esta información, no ha recibido respuesta. “Si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto deberá ser puesta en libertad inmediatamente”, señala el comunicado.
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