Con el dinero que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha ofrecido como indemnización a Vanessa Dib Velázquez, de 31 años, ella no podría siquiera comprar una de las prótesis que necesita para solamente una de sus piernas amputadas en esa institución en 2018, en el Estado de Querétaro. Los 88.257 pesos (unos 4.300 dólares o 4.230 euros) no cubren ni siquiera una cuarta parte de los gastos que durante estos cuatro años la mujer y su familia han tenido que afrontar, después de que recibiera un diagnóstico incorrecto que derivó en tres infartos, nueve días en coma, la extracción de su útero y un ovario, y la amputación de sus piernas. Además de que ningún funcionario del IMSS se ha comunicado con ella ni le ha dado una respuesta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que le ha hecho un llamado a asumir su responsabilidad y resarcir el daño.
En septiembre de 2018, Vanessa Dib Velázquez, de entonces 27 años, acudió a la clínica familiar número 9, en el Estado de Querétaro, por un dolor abdominal provocado por la posición en la que tenía colocado un dispositivo intrauterino (DIU). Recibió un diagnóstico erróneo y terminó con su salud deteriorándose día tras día, hasta que fueron necesarios varios procedimientos como la reanimación o la extracción de algunos de sus órganos para salvarle la vida. Ese mismo año, Dib Velázquez y Víctor Herrera, su abogado, interpusieron una queja por la violación a sus derechos humanos y negligencia ante la CNDH, y otra dentro del órgano administrativo del IMSS. Ha sido hasta el pasado 5 de julio cuando finalmente la Comisión publicó un llamado a la principal institución de salud pública en el país para que enmiende de la mejor forma a la víctima.
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