El menor, quien cruzaba el puente que utilizan estudiantes para llegar al Centro Escolar Agua Caliente, caminaba distraído porque su concentración estaba en una video llamada que sostenía con un amigo. Se ponían de acuerdo para la hora de llegada de Kevin. Por eso no vio a sus verdugos.

Cuando se topó con sus asesinos, vendedores de droga, éstos en su paranoia increparon al adolescente. Creyeron que los estaba grabando. No era sí. Les explicó que hacía una video llamada. La cámara de su celular estaba centrada en él y no es quienes cruzaban a su vez el puente.

Pero los narcomenudistas no entendieron ni de razones ni de tecnología. Arrebataron el celular a Kevin, y fue lo último que se supo de él. Lo confió el amigo con el cual sostenía comunicación al momento.

Cinco días después de interrumpida la llamada del menor, su cuerpo apareció. Lo mataron a golpes.

Ni la “abrumadora” presencia de la Guardia Nacional, ni dentro del patrullaje de la Policía Municipal en una zona tan concurrida por estudiantes y por narcomenudistas, alertó el peligro en el que se encontraba Kevin.

Las policías operativas y las cámaras no vigilaban el puente en el que el niño fue atacado, a pesar que es un conocido punto de venta de droga.

A la serie de desaciertos y omisiones, se sumó que durante las primeras horas después de su desaparición, la Fiscalía General del Estado no buscó a Kevin. Los padres denunciaron la desaparición 24 horas después de sucedida. La FGE tardó 48 horas más en emitir la Alerta Ámber. La responsabilidad de la búsqueda, a la cual no asistió la Guardia Nacional, quedó en familiares y amigos, quienes entraron a buscar al menor a la peligrosa zona de la canalización del Río Tijuana.

A Kevin lo mató también la indolencia permisiva de las autoridades, la omisión en la activación de protocolos para la búsqueda de menores desaparecidos, la inacción de la Guardia Nacional, la ausencia de políticas públicas para desterrar de narcomenudistas la canalización del Río Tijuana, tomada por el crimen desde hace por lo menos siete años.

La tragedia continúa: no ha sido posible determinar si los golpes que acabaron con su frágil y joven vida, le fueron propinados por los puños de sus asesinos, o fue lanzado desde el puente.

Lo que les resultaría fácil, porque los ladrones robaron la malla metálica de protección de los puentes para evitar caídas y el Gobierno no las ha repuesto.

En la impunidad y corrupción que priva en la canalización, nadie se dio cuenta que un niño fue asesinado y arrastrado –vivo o muerto- hasta el punto donde su cadáver fue abandonado.

Kevin recién se había graduado de la secundaria. Su padre, dolorido, sólo atina a decir: “Queremos justicia, me arrebataron un hijo, es un dolor muy fuerte que no le deseo a nadie. Lo único que pido es justicia para mi hijo; era un niño muy noble y trabajador, su sueño era ser boxeador, pero lamentablemente nos lo arrebataron”.

Del asesinato de Kevin, la FGE ha identificado a tres sospechosos. El primero, un distribuidor y consumidor de enervantes, a quien conocen como Raúl León Fregoso y apodan “El Güero”.

Entre enero y julio, 32 menores de edad fueron asesinados en BC, 10 homicidios menos que el año pasado, cuando fueron 15 víctimas menores de 15 años; y 17 muertes de muchachos entre los 16 y 17 años. Veinticuatro de estas muertes violentas fueron en Tijuana.

KEVIN: “ME ESPANTÉ”

“Ya voy para la casa, voy a pasar por el puente”, dijo Kevin Yael a su amigo en la video llamada que sostenían por la aplicación WhatsApp. Eran las 10:47 de la mañana del viernes 2 de septiembre. Venía del trabajo de su padre, un lavado de autos en Zona Río.

Inmediatamente después de informar a su amigo, el adolescente bajó el teléfono celular y del otro lado su compañerito alcanzó a ver por la cámara “unas escaleras y unas piernas con shorts”.

A distancia, el testigo celular escuchó la voz de un hombre reclamar.

Criminal: “Hey, ¿tú por qué me grabas?”

Kevin: “No estoy grabando, estoy en video llamada con un amigo”.

Criminal: “¿Por qué lo guardas?” (el celular).

Kevin: “Es que me espanté”. Fueron las últimas palabras del muchachito.

La transmisión se cortó, el amigo intentó llamarlo, pero ya no respondió.

La misma tarde del 2 de septiembre, los padres desesperados buscaron al menor en la zona.

De acuerdo al expediente, a las 12:38 horas del sábado 3 de septiembre, poco más de 24 horas después, se activó en la FGE la Alerta Ámber, pero la información se envió a la prensa 48 horas después, hasta el día 5. Al día siguiente, lo encontrarían muerto.

Nota Tomada de:

https://www.sinembargo.mx/23-09-2022/4258204?fbclid=IwAR27wcZm0s4DpLlBF9K48wFUExNQYKKspPJrGTRb3F8-b4pneA30wlC0iCM

“Cinco millones 41 mil 50 presentaron caducidad vencida (…) y que se encontraban bajo resguardo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) S.A. de C.V.”, escribió la dependencia en un comunicado.

Salud hizo la aclaración después de que el diario Reforma informara que 5 millones de vacunas antiCOVID, de las marcas AstraZeneca y Sputnik, iban a terminar “en el drenaje”; sin embargo, este medio no detalla si los fármacos se iban a desechar por negligencia o irresponsabilidad del Sector Salud.

Por esta razón, la dependencia federal explicó cuáles fueron los motivos por las que no utilizó dichas vacunas: “algunos biológicos sufren accidentes de red de frío o se desperdician durante la jornada (por fallas eléctricas, errores humanos, desastres naturales) o cumplen su vida útil sin poder ser aplicadas a la población por falta de demanda o preferencias personales, entre otras causas”.

Salud precisó que la gran mayoría de las dosis con caducidad vencida, antes de su aplicación, corresponden a vacunas donadas de AstraZeneca 3.4 millones (68 por ciento del total de vacunas caducadas en Birmex) y el resto corresponden a Sputnik V.

En el caso de las dosis de Sputnik V, argumentó, una razón adicional que complicó su aplicación fue el retraso en la entrega del componente 2 por parte del laboratorio productor, “lo que implicó que ante la incertidumbre de completar esquemas se retasara el inicio de esquemas primarios de vacunación con el componente 1″.

Incluso agregó que, del total de vacunas recibidas, 79 por ciento (192.8 millones) corresponde a contratos bilaterales con cada una de las empresas farmacéuticas; nueve por ciento (20.8 millones) a donaciones recibidas por otros países, y 12 por ciento de la cooperación multilateral de Covax.

La dependencia federal aseguró que esta situación no es exclusiva de México durante la vacunación contra COVID-19, ya que países como Estados Unidos, España, Alemania y Uruguay también han reportado la caducidad del biológico contra COVID-19.

“Este tipo de mermas son esperadas en cualquier proceso de vacunación y mermas menores del 5 por ciento están dentro de lo esperado”, sostuvo.

Nota Tomada de:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/24/mas-de-5-millones-de-vacunas-anticovid-no-fueron-aplicadas-en-mexico-porque-caducaron-salud/

Durante una visita sorpresa al hospital de Tula, la funcionaria se percató de diversas anomalías, entre ellas, que había una gran cantidad de medicamentos caducos que no se entregaron a los pacientes, así como material gastable, insumos quirúrgicos y aparatos médicos empacados por lo que ordenó la destitución de García Chávez.

Robles Barrera apuntó que toda persona tiene derecho a la salud y las que hacen uso de los servicios, deben recibir atención ética, oportuna, profesional y eficiente, y lo que encontró en esta supervisión, no tiene justificación; “es indignante, tras las crisis humana y de salud de las que estamos saliendo”.

Asimismo, el pasado miércoles, Tello Suárez fue destituido como director del nosocomio del Altiplano, ubicado en Apan, luego de que la secretaria de Salud detectó diversas irregularidades luego de una visita.

Sin especificar qué encontró, la funcionaria informó en un breve comunicado que son “diversas deficiencias para su óptimo desempeño”.

Por lo anterior, dijo que “las primeras acciones que llevó a cabo tras su inspección fueron relevar al director y al administrador de esta unidad médica”.

En ambos casos, Robles Barrera pidió a los órganos internos de control de las instituciones de salud iniciar las auditorías correspondientes.

Nota Tomada de:

https://www.jornada.com.mx/2022/09/25/estados/021n2est