Mientras las autoridades educativas avanzan en la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas, el 65 por ciento de los planteles de educación básica en México carece de computadoras o conexión a internet para apoyar la enseñanza.
De acuerdo con un estudio elaborado por México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, solamente el 35 por ciento de las escuelas públicas cuenta con ambos recursos tecnológicos.
El documento, titulado “Restringir sin prohibir. La regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación”, advierte que las limitaciones al uso de celulares establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrían convertirse en una prohibición de facto en planteles que no tienen otras herramientas digitales para desarrollar actividades educativas.
Marco Fernández, investigador de México Evalúa, señaló que incluso el porcentaje de escuelas que reporta tener computadoras e internet podría sobreestimar la disponibilidad real de estos recursos, debido a que las estadísticas oficiales registran los equipos existentes, pero no necesariamente verifican si funcionan o si cuentan con las condiciones necesarias para utilizarse en el aprendizaje.
Las cifras provienen del formato 911 de la SEP, mediante el cual las escuelas reportan información sobre matrícula, infraestructura y servicios, como electricidad, agua, computadoras y conectividad.
Sin embargo, estos registros no reflejan necesariamente el deterioro o la obsolescencia de los equipos.
Fernández recordó el caso de un profesor de un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Parral, Chihuahua, quien le explicó que, aunque el plantel tenía computadoras, algunas eran de hacía 15 años y sus programas ya no funcionaban.
El celular es la única herramienta digital para millones de estudiantes
La falta de infraestructura escolar tiene consecuencias directas para los estudiantes, especialmente para quienes pertenecen a hogares con menores recursos económicos.
El estudio señala que el 56.3 por ciento de los usuarios de teléfonos celulares de entre seis y 17 años depende de estos dispositivos como su única herramienta digital.
La proporción aumenta a 73.1 por ciento entre los hogares de estrato socioeconómico bajo, mientras que en los de estrato alto es de apenas 11.2 por ciento. La diferencia alcanza 61.9 puntos porcentuales.
Además, el 88.2 por ciento de los adolescentes de 12 a 14 años utiliza el celular para realizar actividades escolares. No obstante, solamente el 26.2 por ciento declara tener habilidades para proteger sus dispositivos y datos personales, así como para evaluar la confiabilidad de la información que consulta.
Para Fernández, las restricciones al uso de teléfonos deberían acompañarse de inversiones en computadoras, tabletas, conectividad y capacitación docente.
El investigador considera que limitar los dispositivos sin proporcionar alternativas tecnológicas puede profundizar las desigualdades educativas y digitales.
También señaló que muchos profesores recurren a los teléfonos celulares para consultar materiales educativos, incluidos los códigos QR incorporados en los libros de texto gratuitos.
El problema, explicó, no se resuelve únicamente restringiendo los dispositivos, sino garantizando que las escuelas tengan herramientas suficientes para desarrollar habilidades digitales y mejorar los aprendizajes.
Falta de infraestructura afecta principalmente a escuelas públicas
Alejandra Luna, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, advirtió que la falta de computadoras, internet y equipamiento tecnológico representa una deuda estructural del Estado mexicano.
Esta situación afecta especialmente a estudiantes de comunidades rurales e indígenas, así como de zonas urbanas marginadas.
La académica señaló que las carencias se han mantenido durante décadas y son particularmente visibles en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
Como antecedente, recordó el programa Enciclomedia, implementado durante el gobierno de Vicente Fox. En aquella etapa, algunas escuelas recibieron pizarrones electrónicos sin contar con electricidad para utilizarlos, mientras que otros planteles tenían energía eléctrica, pero no disponían de conexión a internet.
Para Luna, la disponibilidad de tecnología no debe medirse únicamente por la cantidad de computadoras registradas, sino por su funcionamiento y por la utilidad que tienen para desarrollar habilidades digitales entre los estudiantes.
También cuestionó que durante años se haya recurrido a los teléfonos personales de los alumnos para compensar las carencias de los planteles, pues esto traslada a las familias gastos que deberían formar parte de las condiciones necesarias para garantizar la educación.
Utilizar celulares y datos móviles para las actividades escolares implica costos de conectividad, desgaste de los aparatos y riesgos de robo. Además, coloca en desventaja a quienes no tienen un dispositivo propio o deben compartirlo con otros integrantes de su familia.
La académica recordó que estas condiciones deben analizarse a partir del derecho a la educación gratuita establecido en el artículo tercero constitucional.
Regular los celulares sin abandonar la educación digital
Los especialistas coinciden en que las restricciones al uso de celulares pueden tener beneficios dentro de las escuelas, siempre que formen parte de una estrategia educativa más amplia.
Luna reconoció que limitar estos dispositivos puede favorecer la concentración, reducir distracciones y mejorar la convivencia escolar, particularmente durante los recreos, al dar mayor espacio a la socialización, el juego y la regulación emocional.
Sin embargo, advirtió que retirar los teléfonos de las aulas no debe significar abandonar la alfabetización digital.
Contar con un dispositivo no garantiza que los estudiantes sepan utilizar la tecnología de manera responsable. Por ello, consideró necesario enseñarles a evaluar fuentes de información, desarrollar pensamiento computacional, ejercer una ciudadanía digital responsable e identificar riesgos en internet y las redes sociales.
La especialista propuso que la SEP incorpore una estrategia de alfabetización digital crítica en los programas de estudio, acompañada de capacitación docente y recursos suficientes.
También planteó que los lineamientos permitan excepciones para utilizar teléfonos celulares cuando exista una finalidad pedagógica definida y bajo las condiciones establecidas por las autoridades escolares.
Piden calendario de equipamiento para las escuelas
Entre las propuestas planteadas por Luna se encuentra que el gobierno federal presente un calendario verificable para dotar de tecnología a las escuelas públicas, con metas concretas y mecanismos de supervisión.
Asimismo, consideró necesario evaluar los efectos de las restricciones de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y la infraestructura de sus planteles.
La académica advirtió que las medidas deben tomar en cuenta las diferencias entre comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas, donde las carencias tecnológicas pueden representar un obstáculo adicional para el aprendizaje.
El estudio plantea así un desafío para las autoridades educativas: regular el uso de dispositivos en las aulas sin profundizar la desigualdad digital y sin dejar a los estudiantes sin herramientas para desarrollar las habilidades tecnológicas que necesitan.
