El 7 de septiembre de 2021 se recordará en México como el día en que se despenalizó el aborto, es decir, el día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que ya nunca una mujer pisaría la cárcel por haber frenado su gestación, y que las que estaban dentro recobrarían su libertad. En breve se las verá salir a la calle. Serán unas 40 o 50 en un país de 126 millones de habitantes, porque hay un dato aún peor: seguramente sean más las que mueren tratando de lograr lo que los Estados les vienen negando durante décadas.
En México se practican cada año cerca de un millón de abortos clandestinos y un tercio de ellos acaban en complicaciones médicas. La tasa anual de hospitalizaciones por cada mil mujeres de 15 a 19 años se incrementó de 6,1 a 9,5 entre 2000 y 2010, según datos del Gobierno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 47.000 embarazadas pierden la vida en el mundo cada año como consecuencia de abortos inseguros. México quiere ahora conjurar esas cifras. Generalmente, cuando un Gobierno legisla o una Suprema Corte dicta es que la sociedad ya está madura para ello. Pero las mexicanas miran estos días hacia el vecino Estados Unidos, donde el Estado de Texas, ahí mismo en la frontera, acaba de implantar una norma que prácticamente prohíbe el aborto. Y no están dispuestas a bajar la guardia.
En la frontera sur del país se extiende toda la región latinoamericana, que presenta en este asunto las mismas desigualdades que el propio México si se mira Estado por Estado: solo cuatro de los 32 que integran el país han dictado una ley de plazos moderna (permiten interrumpir el embarazo en las 12 primeras semanas de gestación) y ahora, probablemente, se sumará Coahuila, sobre cuyo Código Penal dictó sentencia la Suprema Corte para abolir la cárcel, un caso que sienta jurisprudencia y obliga a todos los jueces mexicanos a fallar en consecuencia.
Parecido ocurre en la región. Mientras Argentina ondeó sus pañuelos verdes en diciembre de 2020 para saludar una ley de plazos largamente reclamada, Chile está todavía en mantillas. Ecuador se vio beneficiado también recientemente de su sistema judicial, que despenalizó el aborto en caso de violación mientras que en El Salvador las que intentaron o lograron parar su gestación son encerradas en cárceles infectas. En Brasil, la interrupción del embarazo es relativamente habitual, sin embargo, la legislación se mantiene en los supuestos clásicos: solo en caso de peligro para la vida de la madre, cuando el feto es anencefálico o en caso de violación, informa Naiara Galarraga Gortázar. De todos ellos, Colombia es el que más esperanzado se ha mostrado con la sentencia en México. Esperan un contagio en su territorio, también por la vía judicial, que ha dado signos en los últimos tiempos que querer desterrar el aborto del Código Penal, con algunas modificaciones.
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