En el decreto el titular del Poder Ejecutivo Federal ordenó a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), proceder a la ocupación inmediata de los predios, que suman 109.3 hectáreas y de los que se desconoce los propietarios, quienes tendrán derecho a una indemnización determinada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
En el dectreto presidencial se advierte que “la interposición de cualquier medio de defensa no suspenderá la ocupación” de los predios, y se indica que la SEDATU Federal -cuyo titular es Román Meyer Falcón-, cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el INDAABIN.
Asimismo, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y la SEDATU Federal se coordinarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para solicitar las erogaciones que deban cubrirse con motivo de la entrada en vigor del presente decreto.
Sin embargo, el decreto firmado por López Obrador señala que si los bienes no son destinados a la realización de las acciones que dieron causa a la expropiación, el afectado podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicable.
A finales de mayo del 2022, Adrián Novelo Pérez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, rechazó conceder suspensiones contra las declaratorias de utilidad pública que la SEDATU Federal realizó en junio del presente año, ya que, por sí misma, no implicaba un acto de privación, sino que era parte de un procedimiento que aún no terminaba.
Según lo informó el diario Reforma, debido a que decretó la expropiación, los dueños inconformes podrán impugnarla mediante amparo y también podrán litigar si no están satisfechos con las indemnizaciones que dictamine el INDAABIN. El mismo rotativo recordó que 22 de julio del 2022, López Obrador también había ordenado ya la ocupación inmediata de ocho polígonos que suman 16.5 hectáreas, en la misma zona, sin decreto de expropiación previo, ya que se desconocen los domicilios de los dueños y no se les pudo emplazar al procedimiento.
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