TUXTLA GUTIÉRREZ.- Aunque desde más pequeña Valeria advierte haber sufrido maltrato de todo tipo, fue a la edad de 10 años cuando su padre sobrepasó los límites: abusó sexualmente de ella.
En la actualidad, la denunciante tiene 18 años de edad, por lo que decidió hacer público su caso, debido a que el próximo 25 de octubre se celebrará la etapa de juicio oral, donde Raúl, su papá y agresor, podría quedar recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 14, conocido como “El Amate”, donde ha estado desde el año pasado cuando fue detenido por abuso sexual, hecho contemplado en la carpeta de investigación (CI) 0556-101-0010-2021, bajo la causa penal 236/2021.
No obstante, Valeria advierte que, desde un principio, ha habido inconsistencias en su proceso, como el que hasta por cinco veces hayan cambiado a los ministerios públicos y, lo peor de todo, que en la Fiscalía de la Mujer no hayan incluido material que su progenitor mantenía en su computadora: fotografías de ella, pero desnuda.
Es decir, agrega la víctima, el imputado no solo abusó sexualmente de ella el 2 de octubre del año 2014, sino que pudo haber enfrentado otro delito: pornografía infantil.
Tras reconocer que servidoras públicas que la han atendido lo hicieron con respeto, advierte que la justicia en la entidad aún le queda a deber, pues está convencida de que su caso no fue integrado como debió ser.
Inclusive, se dirigió al fiscal general de Chiapas: “Usted es un hombre preparado, por eso le pido que se investigue la violencia familiar y el abuso sexual denunciado”. Asimismo, advirtió: “Como víctima, le pido que voltee a ver su política institucional de estar moviendo, de forma constante, a los MP, es un insulto a las víctimas y un coqueteo a la impunidad”.
UN CAMINO DIFÍCIL
El caso de Valeria también llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en donde se inició una queja con el número CEDH/0592/2022 para ampliar las pesquisas sobre las violaciones a los derechos que ella sufrió. De acuerdo con la víctima, todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su tía Patricia Brindis Palacios, quien la ha acompañado en el proceso, pues su madre no le creyó, le dio la espalda.
Por su parte, Marietta Marlou Geraldine, abogada del caso, externa que hay situaciones que no se pueden ventilar, sin embargo, expone que hay una queja en contra de los MP’s que provocaron errores al momento de integrar la carpeta de investigación.
“Hay dilación, y también existe muy poco interés de las autoridades de corregir lo de dentro y lo de fuera”, confesó la defensora, quien considera que el victimario al parecer ha usado su poder económico para que el caso se entorpezca.
Al respecto, reveló que hubo una “fuga de información”, incluidas fotografías, del expediente radicado del MP hacia afuera, lo que también es parte de la CI.
De nueva cuenta, Valeria refiere que no le tiene mucha confianza a la justicia chiapaneca, sobre todo por las omisiones que ha tenido su caso. “No puedo tener la certeza de que me vaya ir bien en esto”, subraya.
Entre otras cuestiones, evidencia que, desde que decidió denunciar a su padre (cuando tenía 17 años), ha recibido amenazas de muerte, “en su momento le pedí a mi mamá que nos saliéramos, que no estuviéramos en un lugar donde sufría, pero no me hizo caso”.
Pero el “ataque” también ha llegado por redes sociales, agrega Valeria, donde le han advertido que la próxima vez que él regrese a la cárcel, sería porque mató a alguien.
Lo más grave de todo, dice la abogada Marietta Marlou, es que las medidas cautelares no se han hecho efectivas a un año de que se validaran, pues solo una vez ha llegado personal de la comandancia de la Fiscalía a la casa de una víctima.
“Solo estuvieron dos minutos, tenemos cómo acreditarlo”, advierte. 
