La resolución ordena “adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban previstos en aquella (ETC), incluyendo los ajustes presupuestarios que se estimen convenientes para este fin”.
Las autoridades que deberán cumplir con este ordenamiento son el Ejecutivo Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Mexicanos Primero argumentó que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes, al excluir a beneficiarias y beneficiarios de años anteriores de manera arbitraria y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica.
Fue así que la jueza determinó que se violó el principio de progresividad respecto a los derechos de educación y alimentación de los menores, además del interés superior de la niñas y niños, mismos que se garantizaban con las ETC y no con el programa LEEN.
De acuerdo con la jueza, también se afectó “desproporcionalmente” a las mujeres madres de familias, quienes dependían de las Escuelas de Tiempo Completo para tener un lugar seguro para sus hijas e hijos, mermando “la posibilidad de que (…) se desarrollen de manera efectiva sus proyectos de vida y la posibilidad de una estabilidad laboral que tiene impacto en su economía”.
El programa Escuelas de Tiempo Completo llegó a beneficiar a 27,000 escuelas y 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, quienes recibían horas adicionales de aprendizaje. Además, 1.6 millones de menores tenían un servicio de alimentación, que en ocasiones era su primera comida del día.
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