Auditorías internas revelaron anomalías en contratos, pagos, estímulos al personal y manejo presupuestal en Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala. El órgano fiscalizador también identificó incumplimientos en materia de transparencia y deficiencias en la comprobación de recursos públicos.
Ciudad de México.– El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades administrativas y financieras por más de 43 millones de pesos en oficinas estatales del organismo ubicadas en Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala, correspondientes a revisiones realizadas durante los últimos dos años.
Los informes de auditoría revelan diferencias contables, pagos sin documentación suficiente, anomalías en contrataciones de personal y omisiones en la publicación de contratos, lo que pone bajo cuestionamiento los mecanismos de vigilancia y administración de recursos públicos dentro del instituto.
La mayor cantidad de recursos pendientes de aclaración corresponde a Nuevo León, donde una auditoría identificó inconsistencias por 34 millones 152 mil 983 pesos, relacionadas principalmente con diferencias entre presupuestos autorizados, movimientos bancarios y registros contables.
En esa entidad también se detectaron deficiencias en procedimientos de licitación pública, ausencia de documentos que acreditaran determinados pagos y discrepancias entre los perfiles profesionales del personal contratado y las funciones desempeñadas.
El órgano fiscalizador señaló que algunas remuneraciones resultaron cuestionables debido a incumplimientos en los requisitos establecidos para ocupar determinados cargos y a la falta de claridad sobre las actividades asignadas.
En Tabasco, las revisiones encontraron cuatro millones 260 mil 684 pesos pendientes de aclaración, principalmente por la ausencia de documentación que demostrara el destino de recursos utilizados para pagar estímulos al personal operativo.
También se identificaron inconsistencias en contratos por honorarios, diferencias entre registros presupuestales y de nómina, así como deficiencias en la acreditación de los perfiles de trabajadores.
Como resultado, el organismo fiscalizador emitió tres observaciones acompañadas de 14 recomendaciones correctivas y 20 preventivas, destinadas a fortalecer los controles administrativos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.
En Guerrero, las auditorías identificaron anomalías por más de 4.3 millones de pesos relacionadas con estímulos al personal operativo, además de incumplimientos en la ejecución y supervisión de contratos.
Entre los hallazgos destacan la falta de comprobación de horas de trabajo contratadas, ausencia de registros de salida del personal, omisiones en la inscripción de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y pagos realizados fuera de los plazos establecidos.
Asimismo, se detectó que diversos contratos, convenios modificatorios y anexos técnicos no fueron publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que limitó la posibilidad de consultar y verificar las condiciones de las contrataciones.
Por otra parte, en Tlaxcala se identificaron 119 mil 360 pesos pendientes de aclaración, correspondientes principalmente a pagos de estímulos registrados contablemente que no pudieron ser identificados por la oficina estatal durante 2024.
La revisión también documentó deficiencias en los criterios utilizados para asignar incentivos de productividad, así como inconsistencias en evaluaciones y registros de pagos al personal.
De acuerdo con los informes, las anomalías encontradas reflejan debilidades en los procedimientos de control interno, supervisión contractual y comprobación del gasto en distintas oficinas del organismo electoral.
Los montos observados representan recursos que requieren aclaración documental y contable, por lo que los hallazgos no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de desvío de dinero público.
Las auditorías establecen la necesidad de corregir las irregularidades, fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar que el ejercicio de los recursos asignados al INE se realice conforme a las disposiciones presupuestales y de transparencia.