El Instituto Nacional Electoral (INE) ha presentado ante el Supremo mexicano una impugnación contra la primera parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que fue impulsada desde Palacio Nacional y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso en diciembre. Se trata de una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El árbitro electoral ha advertido de que los cambios legales merman su autonomía y capacidades para organizar los comicios de este año —en los que se renovarán las gubernaturas de dos Estados— y de 2024, cuando se llevarán a cabo unas elecciones presidenciales y legislativas sin precedentes. También ha señalado que las reformas favorecen que los funcionarios gubernamentales usen recursos públicos para promover su imagen (prohibido actualmente por la Constitución) y que ello desequilibra la contienda electoral.
“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, ha informado el INE la noche de este miércoles.
Con este recurso, el INE se ha sumado al coro de actores que han acudido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en busca de que anulen la primera parte del “plan B”: ya han impugnado los legisladores de la alianza Va por México —formada por el PAN, PRI y PRD— y las dirigencias de sus partidos. Los recursos presentados hasta ahora han puesto en la mira las primeras reformas que ya fueron promulgadas por el Ejecutivo. Las restantes modificaciones a otras cuatro leyes previstas en el “plan B” están aún pendientes de su último trámite en el Senado de la República, lo que se prevé suceda rápidamente este mismo mes. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha convocado a la ciudadanía a que promueva la mayor cantidad posible de recursos legales contra los cambios legales.
La impugnación presentada por el árbitro electoral ante el máximo tribunal acusa que las reformas del “plan B” se aprobaron en el Congreso violando el proceso legislativo; que los legisladores las votaron sin conocerlas y sin discutirlas, y que ambas Cámaras actuaron “en evidente subordinación” a “meros impulsos momentáneos orquestados” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El INE se ha centrado en la modificación legal que indica, ahora, que no se podrán considerar propaganda gubernamental las “manifestaciones” de los funcionarios “en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”. Los partidos de la oposición han advertido de que con esta reforma se pretende que tanto López Obrador como los cuatro aspirantes presidenciales de Morena —todos ellos servidores públicos en funciones— puedan usar recursos del erario para incidir en las elecciones o hacer campaña anticipada, en detrimento del resto de sus competidores. “Las normas referentes al uso de recursos públicos y propaganda electoral, señaladas en el artículo 134 constitucional, establecen restricciones a la actividad de las personas servidoras públicas para impedir que, desde el Estado, con sus recursos, que son públicos, se ocasionen beneficios o perjuicios indebidos a algún partido o candidato para influir en la contienda, generando inequidad”, ha señalado el INE.
El árbitro electoral ha agregado en su impugnación que, encima de todo, el “plan B” merma las facultades que actualmente tiene el instituto para sancionar a los funcionarios que hagan propaganda ilegal, con el argumento de que los representantes del Estado tienen tanto derecho a la libre expresión como un ciudadano común y corriente. El INE ha sostenido que, al contrario, la libertad de expresión es un contrapeso al poder y una herramienta de escrutinio y control de la ciudadanía. “El decreto que se combate tergiversa un aspecto pilar del régimen democrático y atenta contra la función estatal del instituto, al violar el modelo de comunicación social y generar inequidad en la contienda, so pretexto del ejercicio de libertad de expresión de funcionarios públicos, cuando ese derecho fundamental es una limitante al ejercicio del poder frente a la ciudadanía, y no una libertad propia del ejercicio de un cargo público”, dice el recurso legal.
Es previsible que los ministros de la Suprema Corte esperen a que las reformas restantes del “plan B” terminen su tránsito en el Senado para recibir y acumular todas las impugnaciones y votarlas en conjunto. El máximo tribunal está a contrarreloj, pues las modificaciones a las leyes impactan directamente en los calendarios electorales de este año y de 2024, e implican una profunda reforma institucional al propio INE que pasa por la eliminación de áreas y recortes masivos de personal capacitado.
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