En un comunicado exigieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que “dé la cara y asuma su papel” en el Plan de Justicia Cananea-Río Sonora, pues no ha enviado representantes a las mesas de diálogo.
Los comités conformados por habitantes de las comunidades sonorenses de Aconchi, Arizpe, Ures y Bacanuchi, entre otras, puntualizaron que continúa la rehabilitación de seis plantas potabilizadoras. Indicaron que la Comisión Estatal del Agua reportó una inversión de 27 millones 144 mil pesos en los proyectos.
Agregaron que hay un avance de 45 por ciento en el diagnóstico de las necesidades de potabilización de 28 localidades de siete municipios sonorenses, y se analizarán 31 fuentes de abastecimiento de agua del río Sonora para garantizar el cumplimiento de las medidas de calidad del líquido.
Por lo anterior, solicitaron a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua presentar un plan conjunto a largo plazo para el mantenimiento y la operación de las plantas, el pago a operadores y la supervisión de la calidad del líquido.
En materia de salud, el movimiento de comunidades demandó que se “trascienda la burocracia y se refleje en infraestructura” la atención digna para las comunidades. Pidió al programa Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar “acelerar procesos y extender la protección” a más habitantes, pues “el tiempo corre y nuestros pueblos enferman”.
Resaltó que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático está por finalizar cálculos sobre el daño real que ocasionó el derrame de lixiviados a los ríos Sonora y Bacanuchi, y sus implicaciones económicas y sociales.
A la fecha, indicó, los costos reales por la catástrofe ascienden a 12 mil 284 millones de pesos, seis veces más que lo asignado al Fideicomiso Río Sonora.
Los CCRS exigieron que se traduzcan en “acciones concretas” los posicionamientos de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente respecto a la advertencia de retirar concesiones a mineras que violen la ley ambiental, y que Grupo México “se haga responsable de la reparación del daño” que ocasionó en agosto de 2014 con el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos en los ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a 22 mil habitantes de la región.
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