enero 24, 2026
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Inhabilitan por 50 años a exfuncionario del CECOP por desvío millonario en Sonora

Juan Alan
Juan Alan

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora impuso una inhabilitación por 50 años para ocupar cargos públicos y una sanción económica de 134 millones 895 mil pesos a Juan Alan “N”, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), por su responsabilidad en faltas administrativas graves relacionadas con el desvío de recursos públicos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia. En el mismo caso, su esposa, Andrea Fernanda, permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito, además de un procedimiento previo por peculado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que en septiembre obtuvo prisión preventiva justificada contra Andrea Fernanda, al acreditar su presunta participación en el manejo y ocultamiento de recursos desviados durante la gestión de su cónyuge en el CECOP.

Según la investigación, entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 se realizaron transferencias bancarias por más de 106 millones de pesos desde cuentas de Juan Alan hacia cuentas de su esposa, recursos que habrían sido utilizados para la compra de inmuebles y gastos personales. Las autoridades aseguraron cuentas bancarias y bienes relacionados con el caso.

De manera paralela, la Secretaría Anticorrupción mantiene abierta una investigación contra ocho funcionarios del CECOP por su presunta participación en un desvío adicional de 67 millones de pesos, detectado mediante transferencias irregulares a cuentas personales, informó la titular de la dependencia, María Dolores del Río Sánchez.

El expediente administrativo fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras la FGJES continúa con la investigación penal. Como medidas cautelares, cuatro funcionarios fueron suspendidos temporalmente, se les redujo el salario y se ordenó el embargo precautorio de un inmueble vinculado a uno de los investigados.

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