Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), el movimiento comunitario de personas afectadas por el derrame de metales pesados que provocó la mina de Grupo México, Buenavista del Cobre, en 2014, poco a poco van comprobando la verdad tras el peor desastre ambiental minero en la historia de México: presencia de metales tóxicos en la sangre y orina de los habitantes, probables daños a la salud a largo plazo, daños económicos mucho mayores a los inicialmente calculados, desaparición de especies de insectos, entre otras graves consecuencias que salen gradualmente a la luz. Para los CCRS, que llevan años señalando esto, las revelaciones no son ninguna novedad, lo que sí es nuevo es que esta vez se cuenta ya con datos duros que sustentan sus dichos.
En los últimos meses, como lo han informado puntualmente las y los miembros de los CCRS a través de sus canales de comunicación oficiales y comunitarios, han mantenido reuniones de trabajo con distintas autoridades federales y estatales, encuentros que son el resultado de su lucha y resistencia pese al tamaño del desafío y de la corporación a la que se enfrentan desde hace casi 8 años. Las administraciones pasadas trataron de minimizar las afectaciones al río y a los derechos humanos y el mismo Germán Larrea aseguró en la única declaración pública que ha hecho al respecto que el Río Sonora “se ensució, no se contaminó”. Luego de años de trabajo de la comunidad, de litigios, de estudios de campo, de muestreos, de protestas, de trabajo con organizaciones locales e internacionales, de respaldo científico, es un hecho, no una opinión, que el Río Sonora, el ecosistema, y una buena parte parte de sus habitantes fueron contaminados y expuestos a sustancias altamente tóxicas. El Río Sonora sí se contaminó.
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