La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició un proceso de renovación de su parque vehicular con la asignación de camionetas Jeep Cherokee nuevas para cada uno de sus ministros, cuyo costo en el mercado oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos, sin considerar posibles adecuaciones adicionales como blindaje.
De acuerdo con información oficial, el alto tribunal justificó la adquisición por razones de seguridad, al señalar que las unidades actualmente en uso, correspondientes a modelos 2019 y 2020, ya no cumplen con los estándares adecuados para garantizar la operación y protección de los ministros.
Mediante una tarjeta informativa difundida este jueves, la SCJN explicó que la decisión contempló opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que los vehículos asignados ya no reunían las condiciones mínimas de seguridad, por lo que su permanencia comprometía la función institucional.
“La SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades. Esta determinación respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, no a consideraciones discrecionales”, precisó el máximo tribunal.
La Corte también fundamentó la medida en el Acuerdo General de Administración 2019, el cual establece en su artículo 32 que los vehículos utilizados para apoyo de la Dirección General de Seguridad pueden ser reemplazados una vez que hayan cumplido cuatro años de servicio, o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras, siempre previo dictamen técnico.
Asimismo, la SCJN indicó que la compra de las nuevas unidades se realizó de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el propósito de no generar un gasto adicional para la institución.
“Con ello, la Suprema Corte reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional”, concluyó la institución.
La adquisición de estos vehículos ha generado debate público debido al alto costo de las unidades, en un contexto de austeridad y vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
